Reducir la prostitución

Francia acaba de sumarse al campo de los países que luchan por estrechar el mercado de la prostitución. Tras dos años y medio de debates parlamentarios, ya es definitiva la ley que introduce cambios fundamentales: suprime la penalización de las prostitutas por ofrecer sus servicios y castiga hasta con 1.500 euros al que compra “un acto sexual”, multas que se elevan sensiblemente en caso de reincidencia. Además, prevé permisos de estancia para las personas —mayoritariamente extranjeras— dedicadas a esa actividad y que acepten dejarla, junto con una ayuda económica.

La norma se funda en una cuestión de género, considerando que la prostitución es ejercida esencialmente por mujeres y que casi todos los clientes son hombres. Durante años se ha mantenido el debate sobre si lo conveniente es abolir la prostitución o regularla. Cada vez resulta más difícil a sus defensores sostener que se trata de un oficio ejercido libremente, y que como tal debe contribuir al beneficio colectivo con impuestos y cotizaciones sociales. La prostitución es un infame negocio, basado en gran parte en la trata de seres humanos. Desde ese punto de vista, la decisión francesa no es un paso decidido hacia la abolición del comercio sexual, pero sí hacia su reducción.

Es cierto que la penalización del cliente, una medida de inspiración sueca, ataca solo la parte visible de la prostitución y no los contactos que se efectúan más discretamente a través de Internet. Tampoco será fácil aplicarla, porque el cliente habrá de ser sorprendido “en flagrante delito”. Aun con estos matices, la solución adoptada va en la dirección correcta. Conviene que tomen nota los países vecinos de Francia que mantienen todavía una amplia tolerancia hacia el ejercicio de la prostitución; y que, como en el caso de España, obscenamente pueden beneficiarse del incremento del turismo sexual que provoque el prohibicionismo francés.