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TRIBUNA

La ruta para el adiós a las armas

El consenso logrado en La Habana muestra el disenso en Colombia

Amanece lloviendo, como casi todas las mañanas en esta época del año en Colombia, donde las estaciones no existen pero sí los cambios de clima como de ánimo de la opinión pública y de las clases políticas que nos gobiernan, mientras los opinadores cada vez nos alejamos más de la capacidad de explicarle a la ciudadanía la información que llega desde La Habana.

Es una competencia permanente con la velocidad de las redes sociales que nos facilitan establecer los bandos de cada quién, pero no el fondo de su comprensión sobre un proceso de negociación tan complejo como el que se lleva a cabo entre la guerrilla y el Gobierno.

El mecanismo acordado para blindar los acuerdos que se firmen y con los que se espera poner fin al conflicto, posiblemente en los próximos dos meses, es una especie de ruta que ante todo busca que cualquier gobierno que le siga al de Juan Manuel Santos en el poder cumpla en su totalidad con lo que en estos años de diálogo se logre pactar, llámese su vicepresidente Vargas Lleras, alguna sorpresa del uribismo, el fajardismo de Sergio y Claudia López, el prematuro lanzamiento de un Galán desde el liberalismo, o el que sea porque algunos no tan obvios están callados.

Natural que las FARC teman el incumplimiento del Estado aunque más deberíamos temer nosotros el de la guerrilla. Pero ese es otro tema. Buscar el blindaje es apenas lógico en el proceso, pero peligrosa la forma en que acordaron hacerlo, por expedita y poco explicada y porque es una factura muy alta que se puede pagar por atender la premura del tiempo. A veces la forma es el fondo.

La fórmula consiste en que lo que se firme en Cuba se convierta en un acuerdo especial para garantizar su inclusión en el ordenamiento jurídico colombiano. Las FARC aceptan al Congreso como instancia legítima para que el llamado Acuerdo de La Habana se convierta en Acuerdo Especial a la luz del DIH y posteriormente en artículo transitorio de nuestra Constitución. Luego la Corte debe revisar la exequibilidad de lo hecho y el mundo vigilar que se acate pues el Acuerdo Especial será entregado al Consejo Federal Suizo como depositario de las Convenciones de Ginebra y las Naciones Unidas para ser incluido en la resolución del Consejo de Seguridad que avaló el proceso con las FARC para hacer su veeduría.

El consenso logrado en La Habana sobre ese mecanismo nuevamente mostró el disenso en Colombia y por varias razones. No solo por la prematura contienda electoral que radicaliza posiciones y la ya conocida oposición del uribismo que se ha declarado en resistencia civil, sino por lo que voces, incluso amigas del proceso, vienen advirtiendo: el orden institucional debe ser respetado, los objetivos claros, las explicaciones aún más para que logre una legitimación democrática en las urnas, y parecerían no estarlo para muchos sectores ciudadanos.

El bloque de constitucionalidad que se pretende para los acuerdos debe estar soportado en una claridad sobre la forma de refrendación ciudadana de los mismos. Parecería más sensato pasar por el Congreso para su voto por el sí o por el no, una vez lo pactado en Cuba con la guerrilla tenga la bendición de los colombianos. Esa legitimidad les daría a los congresistas un mayor compromiso con la paz, un compromiso libre, no de mayorías borregas asustadas por la oposición y hambrientas de cargos y micrófonos.

No creo como advierte el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, que el presidente Santos se esté otorgando prerrogativas o que esté actuando al margen de la Constitución, al punto de amenazarlo con consecuencias penales y disciplinarias, a él, y a los congresistas que voten por el Acuerdo Especial en forma positiva, pero sí creo que lo negociado debe ser conocido por la opinión pública previamente y en su totalidad.

El Gobierno debería explicar a través de sus voceros autorizados, por ejemplo, el jefe de las negociaciones Humberto de la Calle, una y otra vez por todos los medios posibles que las decisiones acordadas no cambian la naturaleza jurídica de las partes. No siempre los voceros del gobierno en el Congreso son respetados por los ciudadanos. Me refiero a los de porosa credibilidad.

No es la primera vez en Colombia que nos acogemos a una fórmula como la planteada. Lo hicimos en 1863 según recuerda el profesor Francisco Barbosa con el Derecho de las Gentes que hizo parte de nuestra Constitución y sirvió para hacer tratados de paz y acuerdos especiales en la Guerra de Los Mil Días y después con facultades a los presidentes sin importar la popularidad del de turno. Pero eran otras épocas y a partir de las lecciones de entonces vale la pena revisar la validez de los instrumentos y la forma de usarlos.

La ruta para el adiós a las armas también debe romper con la corrupción y la convergencia con el conflicto y poner fin al lenguaje altisonante y los gritos de baranda como los que en twitter amenazan a quienes apoyan la paz con un balazo de la resistencia. A esas amenazas sí me resisto.

Diana Calderon es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf