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La Fiscalía brasileña investiga un préstamo fraudulento para beneficiar al partido de Lula

El Ministerio Público cree que un amigo del expresidente pidió un crédito inexistente para "descargar deudas" partidarias

Manifestación a favor del Gobierno este jueves en São Paulo.
Manifestación a favor del Gobierno este jueves en São Paulo. FOTOS PÚBLICAS

La policía Federal brasileña, en una nueva etapa de caso Petrobras, ha detenido al exsecretario del Partido de los Trabajadores (PT), Silvio Pereira y a Ronan Maria Pinto, un empresario dueño, entre otras cosas, de un periódico local de una ciudad cercana a São Paulo. La policía investiga el destino de 6 millones de reales (1,5 millones de euros), supuestamente pagados desde Petrobras, y que, a través del PT, fueron a parar a este empresario. Hace un año, otro implicado en la trama aseguró que ese dinero había servido para acallar los intentos de chantaje por parte de Pinto a autoridades del PT, entre los que se contaba el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La operación policial desencadenada es la número 27 de esta ingente trama corrupta, investigada por la operación Lava Jato, que parece no tener fin. En este caso se centra, sobre todo, en las operaciones del Partido de los Trabajadores en las ciudades industriales pegadas a São Paulo, donde Lula se formó como sindicalista y líder político.

Roman Maria Pinto, un empresario relacionado con los transportes, actual propietario del O Diario Grande do ABC y envuelto en varios casos turbios a lo largo de su carrera, recibió en 2004, según la Fiscalía General, 6 millones de reales de manos de un ganadero amigo de Lula y también inculpado en el caso Petrobras, José Carlos Bumlai. Este obtuvo el dinero del Banco Schahin, al que había solicitado un préstamo de 12 millones de dólares. La Fiscalía está convencida de que el dinero, en el fondo, provenía de la caja B de Petrobras, proveniente de sobornos de empresas constructoras que obtenían contratos y destinada a financiar partidos políticos. La mitad del dinero, según la policía, fue a parar a las cuentas del PT de la localidad de Campinas. La otra mitad, al bolsillo de Pinto, que con esos fondos adquirió el periódico del que es dueño.

La razón por la que el PT pagó a Pinto tal suma aún es misterio. “Esa es la gran pregunta”, asegura uno los fiscales investigadores, Diogo Castor de Mattos. “Hasta el momento, nada justifica este pago.” Según añade, ninguna línea de investigación queda, por el momento descartada. Una de las posibilidades manejadas por los investigadores es que esos 6 millones compraran el silencio del empresario, quien, según otra persona implicada con la trama, amenazaba por entonces con revelar informaciones relacionadas con el asesinato, en 2002, del que por entonces era uno de los asesores de campaña de Lula, el alcalde de Santo André, Celso Daniel. Hace dos años, el publicista Marcos Valério, encarcelado con una pena de tres décadas por haber participado en otra trama corrupta relacionada con diputados denominada mensalão, aseguró que ese pago tenía esa función. Marcos Valério trataba, con esa revelación, de rebajar la cuantía de su pena. A cambio de delatar a personas, el juez debería quitarle años de cárcel. Pero el magistrado no aceptó.

Pinto es un personaje controvertido en São Paulo. Su nombre siempre ha estado ligado a casos de corrupción en el sector del transporte terrestre (los negocios de autobuses han estado vinculados frecuentemente a las mafias en São Paulo). Ha llegado a estar condenado por extorsión a otras compañías. Ahora, su nombre sale a relucir dentro del caso Petrobras, al lado de una cantidad de dinero sucio, en el dossier de un asesinato nunca resuelto del todo que salpica también al PT y a Lula.

Las revelaciones llegan en un momento delicado para el PT, para su expresidente Lula y para la presidenta, Dilma Rousseff, también de esta formación. Lula, investigado en el caso Petrobras, sigue con su cargo de ministro en suspensión. Rousseff enfrenta un proceso de destitución (impeachment) que deberá celebrarse en las próximas semanas y que puede acabar con mucha probabilidad en su salida del poder.

Decenas de miles de brasileños protestan contra el “golpe de Estado”

MARINA ROSSI / AFONSO BENITES

“No voté a Dilma, pero debe quedarse. Si su Gobierno no está bien, que lo resuelvan en [las elecciones de] 2018", decía este jueves Luiza Borges, manifestante en São Paulo. “Preferiría no tener que volver aquí para defender la democracia de nuevo”, comentaba otro hombre en su cincuentena, en referencia a la marcha que tuvo lugar en el mismo punto de la ciudad pero en 1984 (penúltimo año de la dictadura en Brasil) para pedir elecciones directas en Brasil.

Aproximadamente 150.000 personas, según el portal brasileño G1, se manifestaron este jueves en todos los Estados del país en defensa de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT). La protesta se celebró coincidiendo con el aniversario de la toma del poder por los militares en 1964. Los manifestantes alegan que el proceso de destitución que está en curso contra Dilma Rousseff en el Congreso es legalmente frágil y, por lo tanto, constituye un “golpe contra la democracia”.