Pedagogos armados

Una vez más los colombianos hemos sido humillados por las FARC. En días pasados con plena autorización del gobierno colombiano, varios cabecillas de esa organización criminal se desplazaron a la población de Conejo, un lugar apartado de nuestro país, para que supuestamente realizaran un ejercicio de pedagogía con los integrantes de ese grupo en aras de prepararlos para “la paz y el post-conflicto”. Dentro de los protocolos para la visita se procedió con la ausencia de fuerza pública, así como la presencia y apoyo logístico de la Cruz Roja.

¿Cuál fue el resultado? De pedagogía muy poco. La visita, contrario a las prohibiciones de inmiscuirse con la población civil, terminó convertida en un espectáculo de populismo y proselitismo armado donde junto con los cabecillas del terrorismo aparecieron miembros de la organización portando rifles AK-47 y desplegando sus trajes de combate, haciéndole sentir a la población su capacidad de intimidación. Esto sin duda es una burla al país entero, mucho más cuando el Presidente de la República no hace sino decir que la paz está “a la vuelta de la esquina”. 

El evento de Conejo no es otra cosa que el reflejo de lo que se viene para Colombia. Mientras el gobierno habla de paz en tono apostólico, las FARC se preparan para una estrategia de guerra desde la política. En los discursos de sus cabecillas no hay arrepentimiento frente a la largas lista de crímenes de lesa humanidad, ni mucho menos una actitud de construir país. Su tono es tan desafiante como los rifles que portaban los estafetas de los jefes y su actitud tan agresiva como el descaro de hablar de paz y llegar armados a una población indefensa.

Ante el rechazo del país a este campanazo de alerta, de nada sirven las palabras de aparente indignación que pronunció el Presidente de la República, llamando a un ultimátum. La realidad es otra. Las FARC se sienten victoriosas con un proceso donde ellos llevan el ritmo, donde imponen su agenda y donde han logrado crear una Comisión de la Verdad para reivindicarlos ante la historia como luchadores contra la desigualdad, una Jurisdicción donde sean juzgados bajo su mismo rasero militares y empresarios y unas condiciones procesales donde nace, como lo señaló la ONG Human Rights Watch, una piñata de impunidad. A su lista de logros se le suma el hecho de hacer del narcotráfico, la extorsión y el homicidio de soldados una lista de delitos conexos al delito político de rebelión y conseguir la elegibilidad política de responsables de delitos de lesa humanidad que “digan la verdad”.

Lo ocurrido en Conejo es el preludio de lo que significa “Post-Conflicto” para las FARC. Mientras el Presidente lucha por firmar un acuerdo para dejar un legado relevante y el Jefe del Equipo negociador oficial busca convertir la firma en su catapulta presidencial, las FARC construye una agenda milimétricamente concebida que puede sorprender al país mal preparado.

¿Qué buscan las FARC? Consolidar una secuencia ordenada que empieza por lograr asentarse en sus zonas de influencia histórica bajo la figura de la concentración de efectivos. Una vez alcanzado ese propósito quieren edificar allí sus anheladas Zonas de Reserva Campesina y sus jurisdicciones electorales apoderándose del poder local. Desde esa plataforma pondrán en marcha una lucha de clases y una confrontación al sector privado, apelando al populismo agrarista y las falsas causas sociales objetivas de su existencia histórica, seguida por la conquista de curules por derecho propio en el Congreso. El riesgo es que esta agenda esté soportada por dineros del narcotráfico, el auspicio de regímenes como el de Venezuela donde las FARC son parte de su agenda de influencia regional o sencillamente combinado la política con las armas en cabeza de pequeñas estructuras bajo una nueva denominación.

Los Colombianos y la comunidad internacional no podemos ser ingenuos ante esta realidad. La firma de un acuerdo entre la administración Santos y las FARC requiere que las instituciones garanticen que las FARC no se convierta en una maquina de guerra política oxigenada por la ilegalidad. Para eso es necesario que los acuerdos sean refrendados por instrumentos legítimos y no por un “congresito” ad hoc sometido al gobierno, ni mucho menos implementado por leyes habilitantes. Hacia el futuro necesitamos un ejercito que garantice el control del territorio y que no existan santuarios para que las FARC mantenga sus operaciones ilegales. Necesitamos una seguridad ciudadana garantizada por una policía bien preparada que evite que las ciudades se conviertan en incubadoras de bandas criminales y por supuesto una clase política sin tacha que pueda con legitimidad hacer valer la constitución y la ley.

Al apreciar las imágenes de Conejo nos quedan claras muchas cosas. Que la idea de PAZ de las FARC es distinta a la que promociona el gobierno y anhelamos los colombianos. Para ellos el acuerdo es el preludio de una nueva etapa estratégica en su lucha por el poder y su más grande triunfo militar. Por lo tanto lo peor que podemos hacer es repetir los eventos grotescos de debilidad institucional que vimos hace pocos días, donde en nuestras narices y ante la burla a un gobierno débil, las FARC combinaron la política y las armas.

* Iván Duque es senador del Centro Democrático.