Entre ilusiones y dudas

Millones de colombianos soñamos con que el Estado construya la paz, integrando el imperio de la ley para perseguir y desarticular la criminalidad y al mismo tiempo explorar el diálogo que facilite la desmovilización y sometimiento a la legalidad. Por ello, hemos dicho que un acuerdo creíble con las FARC debe sustentarse en la entrega verificada de las armas a las instituciones democráticas que representan a los ciudadanos contra quienes ellos brutalmente las utilizaron. Igualmente debe existir cárcel para los cabecillas de la organización, que como máximos responsables son autores incuestionables de delitos de lesa humanidad. Por supuesto estamos abiertos a que en aras de un acuerdo existan reducciones sustanciales de la pena, pero no la ausencia de una sanción carcelaria por crímenes deleznables.

Un acuerdo también debe exigir que proceda la extinción de dominio de los dineros y propiedades de las FARC para reparar a las víctimas, prohibir el acceso a cargos de elección popular a los condenados por delitos de lesa humanidad y evitar a toda costa que crímenes como el narcotráfico sean declarados conexos al delito político.

En los últimos días con bombos y platillos, fanfarria mediática y frases cargadas de ilusión, el gobierno de Colombia anunció y celebró un acuerdo con las FARC sobre justicia transicional. Las palabras de la declaración fría y hábilmente redactadas venden una fachada de justicia. Crean una Comisión de la Verdad para aclarar todo lo que según las FARC es la historia del conflicto, en el cual ellos son actores que han ejercido el legítimo derecho a la rebelión.

Paso seguido anuncian la creación de una Jurisdicción Especial de Paz que tendrá a su cargo la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones a los culpables de graves delitos. Dentro del espectro de la jurisdicción estarán por igual civiles, militares y terroristas de las FARC, a quienes si colaboran y aceptan culpas se les impondrán penas entre 5 y 8 años, que a su vez podrán tener sanciones alternativas de estudio y trabajo comunitario. Quienes no acepten la responsabilidad podrán tener penas de prisión hasta de 20 años en condiciones ordinarias. Toda esta arquitectura diseñada milimétricamente para dar la apariencia de justicia, asume como principal objetivo la verdad como esencial anhelo de las víctimas, burlándose de la justicia punitiva.

Dentro del texto anunciado también se señala que no habrá amnistía para crímenes atroces. Esto es obvio porque violaría ostensiblemente el derecho internacional. Pero sobre la base de tribunales, investigaciones y sanciones quieren el gobierno y las FARC hacer creer que no habrá impunidad, cuando en realidad es la proporcionalidad y efectividad de la pena la que permite eliminar la impunidad ante los ojos de un país que no acepta ver a sus verdugos recibiendo como castigo un simbólico servicio social.

Las dudas y preocupaciones sobre el acuerdo son evidentes, pues se trata de un acuerdo de impunidad mimetizado en términos técnicos y apariencia de justicia formal. No hay en el acuerdo claridad sobre la entrega verificada de armas, ya que las FARC siguen aplicando el indefinible término de “dejación”; tampoco la hay sobre la existencia de cárcel para los cabecillas de las FARC, debido a que se define con claridad la pena alternativa como mecanismo resocializador. Se iguala ante la nueva jurisdicción a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, como si se tratara de organizaciones homólogas en el uso de las armas, y se iguala a la sociedad civil con el terrorismo al poder abrir investigaciones a ciudadanos so pretexto de haber participado indirectamente en las “hostilidades”. En adición, se abre la puerta a la participación política de los jefes de las FARC y se deja abierta la peligrosa puerta a que el narcotráfico sea declarado como delito conexo al delito político.

Es lamentable que este acuerdo que deja más dudas que certezas, corra el riesgo de no ser debatido dentro de las instituciones democráticas colombianas vigentes. El gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de Reforma a la Constitución que crea una Comisión Legislativa Especial de Paz y solicita facultades extraordinarias para implementar los acuerdos con las FARC. En el esquema planteado, menos del 25 por ciento de los miembros del Congreso podrían aprobar reformas constitucionales y legales en un solo debate y sólo introducir modificaciones con el aval del gobierno. Por su parte las plenarias del Congreso sólo podrán votar si o no, reduciendo al parlamento a un mero notario que autentica un contrato por adhesión. Para mayor preocupación, el Presidente quedaría revestido de facultades extraordinarias ilimitadas temáticamente, cual ley habilitante venezolana, para dictar Decretos con fuerza de Ley. Por su parte, la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional será previa y sólo de forma en un período de 60 días.

Con todo este panorama, ¿Quién va a elegir a la Comisión de la Verdad y a los magistrados de la Jurisdicción Especial? ¿Quién determinará el alcance y funcionamiento de la nueva jurisdicción? ¿Quién aprobará la ley de delitos conexos? ¿Cuáles serán las garantías procesales de la nueva jurisdicción? ¿Cuáles son las condiciones especiales de condena? Si todas estas preguntas serán resueltas por un remedo de Congreso configurado a la medida de los intereses del gobierno y por el camino de leyes habilitantes, Colombia marcha hacia un quebrantamiento institucional sin precedentes.

El gobierno colombiano ha dicho que los acuerdos con las FARC serán sometidos a un referendo donde los ciudadanos tengamos la última palabra. Las normas exigen que una cuarta parte del Censo Electoral debe participar para que las reformas sean válidas, sencillamente para revestir de legitimidad la Democracia Participativa. La bancada del partido de gobierno ha presentado una reforma para eliminar este umbral y obligar el voto ciudadano.

Colombia necesita una paz creíble, sostenible y donde haya justicia con penas ejemplarizantes para los cabecillas de las FARC que tanto daño han sembrado, donde se les exija la verdad de sus crímenes y la reparación efectiva de sus víctimas. Sin esto primarán las dudas y el dolor ciudadano a la ilusión vendida por el gobierno.

* Iván Duque es senador colombiano y portavoz del Centro Democrático en el Congreso