El caso de los 'emails' lastra la campaña de Hillary Clinton

A Hillary Clinton le gustaría hablar en la campaña de desigualdades, del cambio climático o de la protección sanitaria. No lo consigue. En cada entrevista y rueda de prensa debe explicarse sobre sus correos electrónicos. Cuando era secretaria de Estado usó una dirección privada, en vez de la oficial. El caso lastra a Clinton, favorita para la nominación del Partido Demócrata, según los sondeos. Decenas de miles de emails se han perdido. Informaciones confidencial pueden haber quedado comprometidas. El Congreso y el FBI investigan.

Para los detractores de Hillary Clinton, se trata de un escándalo de primer orden, que sitúa a la exprimera dama, exsenadora y exsecretaria de Estado al nivel de Richard Nixon, el presidente que en 1974 dimitió por el Watergate. Para sus seguidores, es otro ejemplo de cómo la derecha de EE UU y los medios de comunicación exageran errores menores para destruir a Clinton, en una campaña que empezó hace más de veinte años cuando su marido, Bill, era presidente.

Siempre ocurre con los Clinton, un matrimonio bajo sospecha permanente y proclive a complicarse la vida con explicaciones equívocas y ocultaciones, incluso cuando son inocentes.

“Siento que esto [el caso de los emails] haya confundido a la gente y haya suscitado muchas preguntas, pero hay respuesta para todas las preguntas”, dijo el viernes Clinton a la cadena NBC. “Asumo la responsabilidad. No fue la mejor decisión”.

El origen

El caso de los emailsparece sacado del manual de escándalos, verdaderos o imaginarios, de los Clinton. Comienza cuando, poco antes de asumir el cargo de secretaria de Estado a principios de 2009, Hillary Clinton renuncia a la dirección de email oficial, terminada en @state.gov, y abre la cuenta personal hdr22@clintonemail.com. Esta cuenta estaba conectada a un servidor instalado en la casa de los Clinton en Chappaqua, un pueblo de 1.400 habitantes a 60 kilómetros al norte del Nueva York. La secretaria Clinton usó este email para enviar correos personales y de trabajo.

Uno de los días más difíciles de Clinton como secretaria de Estado fue el 11 de septiembre de 2012. El embajador en Libia, Christopher Stevens, y otros tres estadounidenses murieron en un ataque en la ciudad de Bengasi. Los republicanos acusaron a la Administración Obama de falta de previsión, de reaccionar tarde y de ocultar que se trataba de un atentado terrorista.

En 2014, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, creó una comisión especial sobre el ataque de Bengasi. Esta comisión descubrió el servidor privado de Clinton. The New York Times reveló su existencia en marzo de 2015.

Clinton no es la primera secretaria de Estado en usar una cuenta de email privado para el trabajo. Sí es la primera en usar exclusivamente un email privado. Ella lo justifica porque era más cómodo.

El servidor contenía 62.320 emails, según su abogado, David Kendall. Cuando, a finales de 2014, el Departamento de Estado requirió a los exsecretarios de Estado que entregasen sus correos relacionados con el trabajo, Clinton entregó 30.490. El resto —los correos supuestamente personales— los borró.

Tres problemas

Primer problema: usar una cuenta privada para el trabajo público. En EE UU, los correos del secretario de Estado —o del presidente— no pertenecen a estos cargos. Son documentos históricos: un bien público.

Segundo problema: borrar unilateralmente más de la mitad de correos —los que ella consideró privados— es una decisión que alimenta las sospechas, justas o injustas, de que Clinton oculta algo.

Y tercer problema: la posibilidad de que el servidor privado de Clinton fuese poco seguro y que la secretaria de Estado recibiese o enviase información clasificada, susceptible de ser pirateada.

“Ha vulnerado la ley, pero no creo, de acuerdo con los hechos de los que disponemos ahora, que haya cometido un acto criminal”, dice Doug Cox, jurista en la City University de Nueva York y especialista en la preservación de documentos oficiales.

Cox señala que, al usar un servidor fuera del Departamento de Estado, Clinton vulneró las leyes que exigen que los registros federales se encuentren bajo custodia federal. No es inusual, según Cox, que un funcionario use de forma ocasionalmente un email privado para asuntos laborales. Pero la ley obliga a entregar el email en seguida al registro federal. Clinton lo hizo, pero casi dos años después de abandonar el cargo.

"Si hubiese admitido desde el principio que no habría tenido que hacer esto y hubiera dicho: ‘No seguí las reglas, fue una mala decisión, lo lamento y daré los pasos necesarios para resolver el problema”, las cosas no estarían tan mal como ahora”, dice Cox.

Cox duda de que la conducta de Clinton sea punible. Dice que no hay suficientes pruebas de que ha actuado con la intención de eliminar registros para que nunca se encuentren o manipular voluntariamente información clasificada.

El FBI investiga si, entre los mensajes que se enviaron y llegaron al correo de Clinton, hay información clasificada. El objetivo de la investigación no es la propia Clinton, sino saber si hay información clasificada fuera de la custodia federal, según fuentes oficiales citadas en la prensa estadounidense.

Opacidad y transparencia

Mes a mes, hasta enero de 2016, está prevista la publicación los 30.490 emails de Clinton en manos del Departamento de Estado. Esta semana se han publicado más de 4.000. De estos, 125 han sido censurados al considerar el Departamento de Estado que contenían información sensible.

La paradoja es que, pese a las acusaciones de opacidad, probablemente no exista hoy un político más transparente que Hillary Clinton. De pocas familias sabemos tanto como de los Clinton. Pocas figuras públicas asumirían con gusto la divulgación de decenas de miles de correos. Y por ahora no contienen revelaciones significativas.

No es el contenido de los mensajes, el problema, sino los equívocos de Clinton en sus declaraciones sobre el caso y la impresión de que cree jugar con otras reglas. Reglas que le permiten usar un servidor privado sin creer que haya nada anómalo en ello. O contratar a empleados del Departamento de Estado como empleados privados. The Washington Post reveló este fin de semana el caso de Bryan Pagliano, a quien los Clinton pagaron, de su bolsillo, para mantener el servidor privado al mismo tiempo que trabajaba en el Departamento de Estado.

En 1996 el columnista William Saffire la definió como una “mentirosa innata” durante la investigación del caso Whitewater, por una inversión inmobiliaria en Arkansas a finales de los años setenta. Aquel caso se prolongó seis años, derivó en el escándalo por la relación del presidente Clinton con una becaria en la Casa Blanca, y acabó con la exoneración del matrimonio Clinton por falta de pruebas.

En un sondeo reciente, los votantes debían mencionar la primera palabra que les venía a la cabeza cuando pensaban en Clinton. ¿La respuesta más frecuente? Mentirosa.