Detenido y liberado en horas un exgobernador mexicano por fraude

Aguascalientes es uno de los estados más pequeños de México. Su capital, que lleva el mismo nombre, a más de 500 kilómetros al noroeste del país, asentada en su centro, es famosa por su Feria de San Marcos (en la última cita el propio José Tomás engalanó su cartel taurino) y es inusual que aparezca en las primeras planas de la agitada actualidad mexicana. Pero hoy ha sido una de esas raras ocasiones. Uno de sus exgobernadores, Luis Armando Reynoso Femat (del conservador Partido Acción Nacional, PAN), ha sido detenido bajo el cargo de fraude fiscal.

La falta, considerada menor, le permite salir libre bajo fianza. No es la primera vez que pagaría para dejar la cárcel y tampoco la primera vez que atrae los focos de la prensa mexicana. En mayo de 2014, fue capturado por un presunto caso de desvío de fondos públicos por más de 26 millones de pesos (1,6 millones de dólares al tipo de cambio actual). La acusación sostenía que se había enriquecido del dinero que pagan los contribuyentes gracias a la compra de unas propiedades. El exgobernador, que ocupó el Gobierno de Aguascalientes entre 2004 y 2010, abrió la billetera para dejar la cárcel y pagó una cifra aún mayor: 30 millones de pesos (1,9 millones de dólares).

Las acusaciones de corrupción contra el gobernador fueron, y continúan siendo, frecuentes en la prensa local. El súbito enriquecimiento de su familia no pasó desapercibido para la sociedad de Aguascalientes, donde viven poco más de un millón de personas en un país con cerca de 122 millones de habitantes. Hasta su entrada en Wikipedia incluye una leyenda al final puesta por un indignado editor: “Hoy en día, los aguascalentenses siguen esperando que se haga justicia en una de las peores muestras de impunidad y corrupción en la historia de México.”

Ni el gobernador ni su familia se han molestado en ocultar su opulento estilo de vida. Su hija Graciela Reynoso López, a quien su familia llama Regalito, presumió en las redes sociales en 2013 sus paseos por Dubái, con bolso de Burberry o Louis Vuitton al frente, y sus compras en Rodeo Drive, en Beverly Hills. En México viven 53,3 millones de pobres: casi cincuenta veces la población entera de Aguascalientes.

Su hijo Luis Armando, el júnior de la familia y al que apodan El Princeso, subió a YouTube un vídeo para conmemorar su cumpleaños 26. Ahí aparecía brindando con champaña, tequila y vodka de la botella al ritmo de un DJ que cobró 100.000 pesos (unos 6.300 dólares), según el periodista Manuel Ajenjo. La grabación desapareció de la red después de la primera detención de su padre. Una investigación de Reporte Índigo descubrió que el hijo del gobernador también es dueño de siete propiedades en San Antonio (Texas) valuadas en 4,2 millones de dólares. El 28% de los mexicanos subsiste con menos de cinco dólares al día, según datos del Banco Mundial.

El delito por el que ahora se acusa al padre de los críos es mucho menor al de 2014: la evasión del pago de siete millones de pesos por su ingreso anual reportado en 2009. Veintinueve millones de pesos. El sueldo que, según el gobernador, ganó entonces en un año, apenas un millón menos de lo que desembolsó de un golpe para dejar la cárcel en su primera detención. En este caso, la libertad le ha costado poco más de un estornudo: unos 50.000 pesos por "garantía de obligaciones procesales" (3.180 dólares, poco más de un billete de avión en clase turista a Dubái haciendo un par de escalas) y salde sus pendientes con Hacienda, de 7,7 millones de pesos (menos de medio millón de dólares). Ha quedado en "libertad bajo caución": es decir, a espera de que pague su deuda.

El índice de Percepción de la Corrupción detalló que México se sitúa en el sitio 103 entre 175 países en el desvío de fondos públicos y abuso de poder (82 posiciones detrás de Chile y 34 de Brasil) y en el último escaño entre los 34 países de la OCDE. El organismo, además, subrayó que el avance para erradicar la corrupción, pese a los reiterados y numerosos discursos de funcionarios que prometen combatirla, es ínfimo. El índice de impunidad tampoco deja muchas esperanzas: el 98% de los delitos cometidos en México quedan sin castigo.