España rechaza que la misión europea asuma tareas de rescate

España incrementará su aportación económica y material a Frontex (la agencia europea de fronteras), pero el presidente Mariano Rajoy eludió este jueves comprometer una oferta concreta, al contrario que otros 15 mandatarios, a los que se sumó Noruega, alegando que esperará a la petición de la Comisión Europea.

Auque Rajoy aseguró que la prioridad es “preservar la vida de las personas” y que Europa “no se puede permitir” asistir al drama de los inmigrantes que perecen frente a sus costas, España se opone a cambiar la naturaleza de Tritón (la misión de Frontex en el Mediterráneo central) para que, además de tareas de vigilancia, se dedique al rescate en alta mar. “Frontex sirve para lo que sirve y no hay que desnaturalizarla”, advirtieron fuentes de la delegación española.

España ya participa en Tritón con un buque de la Guardia Civil y un avión de vigilancia, que se turnan con los de otros países. Aunque socorren a los navegantes en peligro (están obligados a hacerlo por la ley del mar) no se dedican al salvamento (como la Operación Mare Nostrum de la marina italiana, a la que sustituyó en noviembre pasado) y están lejos de la zona donde se producen la mayoría de los naufragios. La consecuencia ha sido un aumento exponencial del número de ahogados, unos 1.700 en lo que va de año.

Este viernes se reunirá en La Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Rajoy y dedicado monográficamente a la inmigración, y el lunes lo hará el Consejo de Seguridad Marítima, presidido por el jefe de la cúpula militar. En ambos foros deberían concretarse las aportaciones suplementarias a Frontex y a una eventual misión militar de cuya preparación se encargará la Alta Representante, Federica Mogherini, con el mandato de destruir en puerto los buques de los modernos negreros. Su puesta en marcha requiere que el Gobierno libio, hasta ahora inexistente, la solicite; o que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución basada en el capítulo VII de la Carta de la ONU, que autoriza el uso de la fuerza. Los expertos dudan, no obstante, de su eficacia: la operación Atalanta de la UE solo ha bombardeado una vez los esquifes de los piratas en las costas de Somalia, aunque tiene luz verde para ello.

“El problema no es rescatar a los inmigrantes sino qué hacer luego con ellos”, admiten fuentes diplomáticas. La legislación actual obliga a que el país donde desembarcan asuma sus peticiones de asilo, lo que descarga el peso en Italia. España, que tampoco reveló cuántos refugiados acogerá, quiere que se revise la política de asilo y que se tenga en cuenta el esfuerzo que para los países periféricos supone controlar la frontera común.

La solución a medio plazo debe venir de la colaboración de los países de origen y tránsito de los inmigrantes. El Gobierno español aboga por que la UE condicione la entrega de sus (por otra parte menguantes) fondos de ayuda al desarrollo a la firma de acuerdos de readmisión de inmigrantes y a la colaboración policial por parte de los países beneficiarios de la cooperación.