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TRIBUNA

La guerra y la paz en Colombia

En la justicia transicional toda solución es de segundo orden

Asistí el martes último a un almuerzo con los Ministros de Defensa y de Justicia de Colombia, Juan Carlos Pinzón y Yesid Reyes, respectivamente. La presentación de los ministros fue inspiradora. Fue una clase de historia sobre la violencia, los varios intentos anteriores—fallidos—por alcanzar la paz, los conflictos profundos, la oportunidad de hoy, la visión del Presidente Santos y los desafíos por venir. Ya entrada la tarde de Washington, partí convencido que la oportunidad está al alcance de la mano, que Colombia tendrá paz.

Hasta leer el periódico la siguiente mañana. En singular ironía, al mismo tiempo que el ministro Pinzón hablaba de paz, las FARC planeaban la emboscada de la madrugada del miércoles. En ella mataron a un suboficial y diez soldados, hiriendo a otros 20. Fue en el Cauca, el ojo histórico del huracán de la violencia. Según las pericias, el personal militar se resguardaba de la lluvia cuando fue atacado por una columna móvil. La fiscalía concluyó que el ataque califica como crimen de guerra, por el uso de armamentos no convencionales contra personal que se hallaba descansando.

Es un ataque doblemente trágico, por las víctimas indefensas y por magnificar los múltiples obstáculos en el camino del posconflicto, proceso siempre caracterizado por objetivos contradictorios entre sí. Paz, justicia, reconciliación, verdad, perdón, reparación, entre otros, son términos que describen esta experiencia, pero al mismo tiempo revelan sus dilemas. Para lograr la paz a veces hay que renunciar a juzgar y condenar; ha sucedido. Para que haya reconciliación es necesaria una cierta cuota de perdón. Ese perdón puede adoptar la forma legal de una amnistía más o menos amplia, la cual algunos llamarán impunidad. En definitiva, son decisiones políticas y, como tales, discutibles. El meollo de la justicia transicional es que, inevitablemente, toda solución es de segundo orden.

En el caso de las FARC, está en duda que la cúpula tenga el poder de obligar a la mayoría de los frentes y células a cumplir con lo pactado

Esa es la teoría que Colombia ilustra bien, pero con agregados. Tradicionalmente, en la justicia transicional la responsabilidad por los abusos y crímenes de lesa humanidad ha sido de actores estatales y para estatales. Es más reciente que las acciones de actores no estatales también formen parte del campo de los delitos no prescriptibles, como los crímenes del terrorismo. De este modo, las FARC son susceptibles de ser juzgadas por tales crímenes. La pregunta que sigue, en función de la no prescripción, es si sería racional para las FARC disolverse, entregar las armas y someterse a la justicia. Las organizaciones pueden transformarse y desaparecer, pero rara vez se suicidan. Algo querrán a cambio. El ataque del miércoles bien podría ser un mensaje.

Un escenario típico del posconflicto es por ello una amplia amnistía, puntuada por un puñado de casos ejemplares de justicia y castigo, en ambos bandos, y envuelta en el muy necesario lenguaje de la reconciliación, incluyendo la participación democrática de los ex grupos insurgentes. Más allá de los detalles específicos, así ha sido la experiencia de El Salvador y de Irlanda, por citar dos ejemplos relevantes. Pero son las peculiaridades del caso colombiano que hacen esta negociación mucho más compleja. Es que las FARC eran comparables al FMLN y al IRA—grupos insurrectos armados detrás de un objetivo político, la toma el poder en el primero, la independencia en el segundo—pero cada vez lo son menos.

En otras palabras, las FARC se han convertido en un híbrido: parte guerrilla foquista, parte grupo terrorista, parte organización criminal. No es solo que combaten en la selva, también vuelan líneas de alta tensión, secuestran civiles inocentes, masacran campesinos no adeptos, reclutan niños y trafican drogas. Si alguna vez fueron un exponente de la guerra popular prolongada, campesina y revolucionaria, el paso del tiempo los alejó de Mao Zedong y de Võ Nguyên Giáp y los acercó a los negocios criminales. Así han adoptado rasgos que también los hace parecidos, simultáneamente, a los Guerreros Unidos mexicanos y al Lord’s Resistence Army ugandés, por citar dos ejemplos.

Un economista diría que la estrategia de supervivencia de las FARC ha sido, precisamente, la diversificación del riesgo, adoptando un diseño multi sectorial. Algunas partes del negocio pueden ser lucrativas con la paz, pero otras no. Es razonable asumir que diferentes grupos y columnas no tengan los mismos intereses, en tanto sus rentas se originen en actividades diferentes, más o menos violentas, más o menos legales.

Esto refuerza un problema adicional del posconflicto: la dificultad de forzar el cumplimiento de lo acordado a la totalidad de una organización. Ello se aplica a los insurrectos armados tanto como a los paramilitares, en buena medida por organizarse ambos en células relativamente autónomas unas de otras. Los casos de El Salvador e Irlanda vuelven a ilustrar el problema. No todas las unidades del FMLN y del IRA aceptaron la negociación y los acuerdos, pero en el tiempo la cúpula tuvo la capacidad de hacer cumplir sus órdenes. Los disidentes representaron una amenaza para el proceso de paz en curso, pero no llegaron a descarrilarlo.

En el caso de las FARC, está en duda que la cúpula tenga suficiente poder para obligar a la mayoría de los frentes y células a cumplir con lo pactado. Dado el modelo de negocios adoptado, también está en duda que tenga la voluntad de hacerlo.

Twitter @hectorschamis