“La protesta es un derecho básico”

“La protesta es un derecho básico y lo que se esperaría es que, en un entorno democrático, la preocupación de la policía sea cómo garantizarlo, no como contenerlo o reprimirlo”, sostiene el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

Pero las imágenes de represión de manifestaciones que se repiten desde las calles de Caracas, São Paulo o Ferguson no reflejan este principio. Como tampoco lo hacen las numerosas iniciativas legislativas que en los últimos años se han multiplicado en países como Ecuador, México, Brasil, Chile o Colombia para reglamentar, reprimir por la fuerza las protestas públicas o criminalizar a los ciudadanos que salen a la calle a reclamar a sus gobiernos. Así lo denunciaron este lunes más de una veintena de organizaciones civiles de todo el continente durante una audiencia de la CIDH centrada en analizar la “protesta social y derechos humanos en América”.

“Existe la tendencia al aumento del poder punitivo del Estado en materia de seguridad y orden público mediante la promoción de normas que apuntan a prohibir o aumentar las sanciones contra conductas relacionadas al ejercicio del derecho a la manifestación”, denunció Rafael Uzcategui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Se ha llegado al extremo, recordó, de tipificar como delitos “acciones que forman parte de la cultura histórica del movimiento popular de protestas en América Latina, como el corte de vías o cierre de calles”.

Uzcategui evocó en la CIDH el reciente suicidio del preso político venezolano Rodolfo González, que se quitó la vida en la celda en la que llevaba casi un año recluido acusado de coordinar la logística de las protestas iniciadas en febrero de 2014. Un caso, sostuvo, que constituye un ejemplo del “uso irregular de la justicia para inhibir las protestas”.

Se trata de un fenómeno extendido, subrayaron los activistas. El presidente Juan Manuel Santos ordenó la militarización de Bogotá en agosto de 2013, tras unas protestas en apoyo a una huelga campesina que dejaron dos muertos y más de un centenar de heridos. Un año después de las protestas venezolanas que dejaron 43 muertos, fallecía el adolescente Kluiver Roa de un balazo en otra manifestación en el Estado de Táchira. El presidente estadounidense, Barack Obama, se ha visto obligado a ordenar una reforma de las prácticas policiales tras las denuncias de discriminación racial y excesiva militarización de los agentes de la ley que revelaron las protestas de Ferguson, Misuri.

“Hay una práctica extendida en todo el continente de uso desproporcionado de la fuerza en la protesta social”, resumió Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina. Su organización unió su voz a la petición formulada este lunes para que la CIDH elabore unos “estándares” sobre la participación de la fuerza pública en las protestas sociales y haga un seguimiento de su cumplimiento.

Álvarez Icaza reconoció en declaraciones a EL PAÍS que este tema es de “enorme preocupación” en el organismo que dirige. La audiencia temática celebrada sobre este asunto constituye, indicó, un “acuse de recibo” de esta preocupación “no solo desde el punto de vista del uso de la fuerza, sino como parte de las garantías democráticas en materia de libertad de expresión y derecho de asociación”.

“Se están detectando patrones de abuso de la fuerza, de abuso de armamentos letales y no letales, de agresiones”, lamentó. Y en el trasfondo de este asunto hay, advirtió, una discusión sobre la manera de “entender las instituciones de seguridad como parte de las instituciones de la democracia”. Es ahí, añadió, donde se detectan aun hoy en día “herencias e inercias de regímenes autoritarios”. El “desafío” de la respuesta del Estado a las protestas sociales no es con todo exclusivo de América. También se ha dado en Europa -ahí está la “ley mordaza” del Gobierno español- o durante la Primavera Árabe, recordó.

“Las democracias tienen que dialogar de mejor manera con la forma en que los ciudadanos expresan su malestar”, subrayó el jefe de la CIDH. Las protestas sociales “no pueden entenderse como una amenaza a los gobiernos o a la gobernabilidad, tienen que entenderse como una condición sine qua non de un régimen democrático”.