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TRIBUNA

Pretlelandia

El presidente de la Corte Constitucional está separado de su cargo por pedir supuestamente un soborno de 210 mil dólares

Jorge Pretelt es un magistrado colombiano. No parece angustiado en sus declaraciones. Mira de frente, viste de oscuro y se peina hacia atrás con gomina como los personajes de aquella película, El Padrino. Hoy está separado de su cargo como presidente de la Corte Constitucional porque un abogado de nombre Victor Pacheco le dijo a sus colegas que Pretelt le había pedido un soborno de 500 millones de pesos (algo más de 210 mil dólares) para comprar la conciencia de otro magistrado, de Mauricio González, para que fallara una tutela que le permitiera a la fiduciaria Fidupetrol recuperar 22 mil millones de pesos que tenía embargados por orden de la Corte Suprema.

Pretelt lo negó todo. Mintió como parece que ha sido su conducta. Y ahora deberá ser la Comisión de Acusaciones, la que decida si va o no a juicio. Precisamente esa comisión que nunca ha condenado a nadie y por el contrario, siempre absuelve como cuando libró de culpas a Ernesto Samper en el proceso 8 mil.

Como la historia de esa comisión ha sido de absoluciones y no de acusaciones, bien valdría la pena que la sociedad colombiana toda, como lo han hecho los medios de comunicación, fuera capaz de condenar con el rechazo público al magistrado en cuestión y a su socio, el otro exmagistrado, Rodrigo Escobar Gil, que tenía contrato con la entidad de marras. Tiene razón un senador colombiano, John Sudarsky, cuando plantea que solo sociedades con un desarrollo moral alto como algunas en países asiáticos, son capaces de producir ejemplos en la vergüenza, al punto de que quien comete una falta es capaz de sentir la culpa y optar por el suicidio.

María Victoria Calle dijo que la duda sobre el magistrado Pretelt no era suficiente para condenarlo

Y cuidado, no se trata de que la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido una gran Corte, se haga un harakiri institucional porque no todos los magistrados pueden ser sometidos al mismo escarnio público. Pero si el ciudadano a quien le han faltado, si los grupos de poder en los que se ha soportado el magistrado, si los clubes sociales en los que ha entrenado su músculo para el soborno, no asumen una posición contundente como cerrarle las puertas, conductas como estas se seguirán repitiendo. En buena hora, la magistrada Gloria Ortiz logró que Pretelt se apartara de su cargo para que no le siguiera haciendo daño a la Corte y al país.

Por muchos años los rumores sobre este magistrado y otros han recorrido el país. Por eso, no es admisible que con la respiración agitada pero la voz firme, la magistrada María Victoria Calle, hoy presidente encargada de la Corte, defendiera a capa y espada haber votado por elegir al magistrado Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional de Colombia. La señora Calle justificó en la institucionalidad su omisión y su voto. Dijo que la duda sobre el magistrado Pretelt no era suficiente para condenarlo. Claro que no lo es. Para eso es el estado de derecho y la presunción de inocencia. Otra cosa es votar por el señalado y si lo hace un togado hiere de muerte la confianza de la gente en sus instituciones.

Por más de un mes todos los colegas de Pretelt guardaron silencio hasta que los medios de comunicación empezaron a preguntar, en especial los columnistas Daniel Coronel, Maria Isabel Rueda y Jose Manuel Acevedo, y fue entonces cuando Mauricio Gonzalez denunció el caso ante la Comisión de Acusaciones. El entonces presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas, tuvo la visión y valentía de grabar al abogado Pacheco en su oficina y alertó a González, a quien en la grabación identifican como un hombre que no es comprable pero que la puerta de entrada podía ser a través de regalos a su exesposa y a su hijo, eso según la versión de Pretrelt al abogado Pacheco.

Ahora se sabe mucho más sobre Pretrelt, como por ejemplo que a través de su esposa, una procuradora, compra tierras a precios económicos, que han sido despojadas a sus propietarios por paramilitares. Esas tierras que precisamente hoy deben ser restituidas a las víctimas y que el magistrado pensó que podía convertir en su hacienda personal, su Pretelandia, su parque de diversiones personal. Un caso de abuso de poder soportado en las complicidades históricas de sociedades que siguen dándose licencias por tanta impunidad.

Y todo esto pasa además porque las cortes intervienen hoy en las elecciones de magistrados, del fiscal general, del procurador, el registrador y para eso igual que en las campañas políticas hay demasiadas tentaciones en cocteles, aviones, giras, asesores y mucha plata, que solo la idoneidad del hombre, su honestidad, puede soportar.

La confianza de la gente en la Corte se perdió y la única forma de recuperarla es castigando al traidor, al ladrón, publicando el listado de las tutelas escogidas, estableciendo periodos de enfriamiento para ejercer la profesión una vez se ha ostentado la calidad de magistrado y eliminando de esos tribunales su capacidad electoral.

Pero también es misión y obligación de los gobiernos no alimentar el modus operandi de tantos exmagistrados que contrata para defender sus intereses, convirtiéndolos en lobistas ante los tribunales con el pago de tarifas exorbitantes. Porque ese mismo gobierno es el que tiene que trabajar por la construcción de una institucionalidad a prueba de “pretreles” para que en La Habana, donde están negociando con las FARC el fin del conflicto en Colombia no nos vean como una caricatura.

Diana Calderón es directora de informativos de Caracol Radio y de Hora 20. Twitter: @dianacalderonf