La corrupción salpica a los indígenas bolivianos

Un escándalo en el Fondo Indígena de Bolivia desestabiliza el discurso oficial sobre la probidad de los indígenas, considerados un día por el presidente Evo Morales “reserva moral de la humanidad”. El Gobierno ha tenido que intervenir esta institución, que recibe una importante cantidad de dinero proveniente de las exportaciones de gas del país para realizar proyectos productivos en las comunidades “originarias”. Sus dos exejecutivos fueron arrestados. La Contraloría del Estado se querelló contra ellos y contra varios dirigentes campesinos e indígenas involucrados en la malversación de una suma que puede llegar a 277 millones de bolivianos (algo más de 40 millones de dólares).

El presidente Morales requirió la investigación del Fondo Indígena después de recibir múltiples denuncias sobre la existencia de una trama para financiar proyectos que al final no se realizaban (“proyectos fantasma”). Hasta ahora se han detectado 153 de estos proyectos, y se sospecha de otros 100.

Un caso ilustrativo lo constituye un financiamiento para plantar una hectárea de ajo para cada una de las familias de un grupo de 500 que viven en Puerto Acosta, pueblo situado a 194 kilómetros de La Paz. Según la denuncia que procesan las autoridades, tres dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, organización fundadora del partido de Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), engañaron a estas familias y lograron que las mismas firmaran testimonios de que recibieron el beneficio completo, a cambio de medio kilo de ajo para cada una. Estas dirigentes, en cambio, obtuvieron del Fondo Indígena 1,2 millones de bolivianos (231.000 dólares).

La corrupción se vio facilitada por los procedimientos del Fondo, que depositaba dinero en cuentas personales de los representantes de las comunidades beneficiarias, ya que estas no poseen cuentas mancomunadas. Puesto que el Fondo constituía una “conquista” de la lucha librada por los indígenas hace una década por una nueva repartición de las ganancias petroleras del país, la institución buscaba eludir la mediación de organizaciones no gubernamentales y de los municipios, y entregar el dinero directamente a sus beneficiarios. Por la misma razón, ocho de los nueve espacios del directorio están ocupados por los dirigentes nacionales de los campesinos y los indígenas, todos ellos militantes del MAS.

Para Carlos Romero, exministro y actual senador de este partido, las dificultades se debieron a este exceso de representación de las organizaciones sociales, sin un contrapeso adecuado del Estado. De la misma manera, el informe de la Contraloría señala que la forma de organización y de trabajo del Fondo dejan “mucho que desear”.

Para el vicepresidente Álvaro García Linera, en cambio, “unas son las responsabilidades personales, de los que tienen que responder ante la justicia pronto, y otra cosa es el movimiento social, la organización, con su historia, sus estructuras, su discurso y su capacidad de acción; esto no está involucrado; las fallas en el Fondo Indígena no involucran en lo absoluto al movimiento indígena”. Según García Linera, realizar esta vinculación es “racista y derechista”, por lo que exigió: “No me toquen a la organización; la organización es sagrada, es histórica, es lo que sostiene la vitalidad de nuestra patria… y nos sentimos orgullosos de ella”.

El vicepresidente expresa la posición que tienen las propias organizaciones, tanto indígenas como de otros sectores, respecto a las críticas de la oposición boliviana contra su desempeño corporativo en el Gobierno, el cual se considera a sí mismo un “Gobierno de los movimientos sociales”. Por eso, en el contexto de otra investigación sobre salarios excesivos en las empresas estatales, Juan Carlos Trujillo, dirigente de la Central Obrera Boliviana, hizo saber al presidente Morales que “no permitirá que la Contraloría meta sus narices” en las conquistas de obreros y empleados públicos.