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La paz no silencia las minas

Desminar los campos colombianos es una de las primeras acciones que podrían acordar el Gobierno y las FARC para bajar la intensidad al conflicto armado

Una mujer busca minas con un detector de metales.

Una de las últimas víctimas que tuvo el infortunio de pisar una mina en Arauca (Colombia) fue un niño de 13 años que perdió una pierna, un brazo y un ojo. La mina estaba en el patio de su casa, a la que se llega por una carretera destapada no muy lejos de Caño Limón, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país. Detrás está el monte. Ahí, dicen, acampó el Ejército días antes de la tragedia. Y por donde pasa y acampan los militares, la guerrilla coloca minas. También pudo ocurrir que a los soldados se les quedara munición sin explotar. Nadie lo sabe a ciencia cierta. La explosión ocurrió en noviembre, mientras el niño jugaba.

Arauca es una de las regiones de Colombia que está a la espera del inicio de lo que los miembros del Gobierno y la guerrilla de las FARC, que negocian en La Habana el fin del conflicto, llaman “desescalar el conflicto”, en especial, que empiecen a desminar su territorio. Guillermo Murcia, de 32 años, fue una de las 60 víctimas de todo el país elegidas para verse cara a cara con sus victimarios en la capital de Cuba. Su mensaje tenía una lógica sencilla: “Puede ser que se callen los fusiles, pero las minas no saben de pactos, nadie las silencia, están instaladas esperando a sus víctimas”. Y no cesan de causar daño.

El último herido en Arauca fue un campesino de 40 años, quien se topó con una mina el pasado 27 de diciembre. La cuenta la lleva Murcia. Es el primero en enterarse cada vez que alguien pisa uno de estos dispositivos escondidos en esta zona petrolera fronteriza con Venezuela y en donde abunda el contrabando. Él prefiere que lo llamen sobreviviente en lugar de víctima y es el coordinador local de la Campaña Colombiana contra Minas (CCCM), una organización civil que apoya a los afectados. Por eso les sigue el rastro con la ayuda de voluntarios que viven en los territorios más remotos.

Arauca es el cuarto departamento colombiano con mayor número de víctimas por minas. El año pasado los afectados llegaron a 28, según el Gobierno, y a 40 según Murcia. Desde que se tienen cifras, el recuento suma 596. Y en todo el país, son 11.000 los afectados, aunque se cree que la realidad es aún peor. En el caso de Arauca, muchos de los supervivientes se van a Venezuela, porque los servicios de salud son más baratos. Otros temen declararse víctimas, ya que las autoridades suelen estigmatizarlas con la pertenencia a las FARC o al ELN (Ejército de Liberación Nacional), las dos guerrillas con presencia en la región y protagonistas, hasta hace un par de años, de una guerra por el control territorial que disparó los afectados y la cifra de desplazados. Hoy reina un pacto de no agresión.

Un niño de 13 años perdió una pierna, un brazo y un ojo al pisar una mina

Lo que le ocurrió a Murcia 10 años atrás se repite con frecuencia en la Colombia rural que ha sufrido la guerra. Un día antes de que su perro pisara una mina y él recibiera el impacto de la explosión, tres soldados llegaron a su finca para que les vendiera plátanos. Para su desgracia, guerrilleros de las FARC estaban del otro lado de la casa. Él, su esposa y su hijo quedaron atrapados en la balacera.

Murcia relata despacio la explosión de la mina. “Estaba a 30 metros de la casa. El perro voló en mil pedazos”, dice. Y aunque el hombre no quedó mutilado, como le ocurre a la mayoría, perdió gran parte de los músculos de las piernas. Una esquirla le perforó un pulmón y también resultaron afectados sus brazos y espalda. Recuperarse le llevó cinco meses de hospitalización, siete en silla de ruedas y año y medio con muletas. Después, su comunidad pidió a la guerrilla que desminara. “Sacaron más de 100 minas pero dejaron una que mató a un anciano”, se lamenta. En general, la población no denuncia la existencia de campos minados por temor a represalias. “Nadie quiere convertirse en sapo [soplón]”, explica un habitante de la zona.

La fórmula ha sido educar a los campesinos. En las paredes del único colegio de la zona se lee: “Yo me cuido y cuido a los demás”, el lema de una campaña de la CCCM y Unicef. Hay otra iniciativa que lidera el Programa Mundial de Alimentos donde a cambio de mercados la comunidad aprende a actuar ante las minas.

En Colombia se retiran minas desde hace 10 años, cuando el Gobierno creó un batallón de 394 hombres dedicado a labores de limpieza donde no hay presencia de grupos armados. También colabora la organización británica Halo Trust. “El problema es que esas zonas no son las que requieren desminado. Necesitamos poner parches donde está el dolor”, dice Álvaro Jiménez, director de la CCCM, organización que ha propuesto que se haga “un acuerdo especial” entre el Gobierno y las FARC para poder desminar las zonas donde operan las guerrillas. La propuesta incluye 57 lugares en 10 departamentos. "Que escojan algunas de estas zonas para que las limpien las organizaciones que las dos partes decidan”, explica.

Los retos son enormes porque 688 municipios del país están afectados por minas, según el Gobierno. Por eso, pensando en el posconflicto, el primer paso será establecer qué partes de esas localidades están minadas, dice el general Rafael Alfredo Colón, al frente de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, dependiente del Gobierno. La ayuda de las FARC sería muy valiosa. Se trataría, según Colón, de “construir con ellos los mapas y reflexionar sobre la vigencia y exactitud de la información”.

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