Las claves del ‘caso Petrobras’

El último episodio del gran escándalo que azota a Petrobras, una de las mayores empresas estatales de América Latina, se ha saldado con el relevo de toda la cúpula directiva de la empresa. Se estima que el esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa  entre 2004 y 2012 desvió aproximadamente 10.000 millones de reales (unos 3.200 millones de euros).

Éstas son las principales claves de un caso enorme en el que es fácil perderse:

¿Qué es Petrobras?

Es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Fundada en 1953, ha sido durante décadas el orgullo del país. Emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de barriles de crudo al día. Tanto el ex presidente ‘Lula’ da Silva como la presidenta Dilma Rousseff depositaron en la petrolera “el futuro de Brasil” tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006. En 2010 valía 380.000 millones de reales. Hoy vale 125.000 millones.

¿Quién y cuándo comenzó la investigación?

La Operación Lava Jato llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándoles de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en el engranaje descubierto. Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador’ con la Justicia, Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso. (Posteriormente las autoridades han cerrado otros 11 acuerdos de delación premiada).

¿Quiénes son los principales acusados?

Además de Youssef y Costa, en este momento siguen encarceladas 13 de las 21 personas detenidas el pasado 14 de noviembre, otra fecha clave del caso. Entre ellos hay algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de un ‘club’ selecto de 16 empresas contratistas que (según diversos testimonios de delatores premiados) se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos. Las empresas partícipes mantienen contratos con Petrobras por valor de 59.000 millones de reales (23.000 millones de dólares). Les acompaña en prisión el ex director internacional de Petrobras Néstor Cerveró, detenido el 13 de enero. La Justicia ha procesado hasta el momento formalmente a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal en la Operación Lava Jato. La Fiscalía ha iniciado en total 279 procedimientos, que implican investigaciones sobre 150 personas y 232 empresas. En el último año se han dictado 64 órdenes de prisión efectiva.

¿Cuánto dinero fue desviado?

La Fiscalía calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8.000 millones de dólares (20.000 millones de reales): el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña. La Justicia ha bloqueado hasta el momento 204 millones de reales (75 millones de dólares) en cuentas de investigados. El Ministerio Público persigue la devolución de 1.500 millones de dólares (4.500 millones de reales) a las arcas públicas. Todavía no se han calculado las pérdidas contables para la empresa derivadas de la corrupción, que podrían alcanzar los 33.000 millones de dólares, en función de los delitos observados. Se trata de un valor discutido, y la fuerte discrepancia de Dilma Rousseff en torno a ese cálculo fue la gota final que propició la salida, en enero, de la presidenta Graça Foster, reemplazada por Aldemir Bendine, ex presidente del Banco do Brasil.

¿Cómo funcionaba la red corrupta?

Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política ‘Compre Nacional’ implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo. De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas ‘fachada’ y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías, pura cosmética financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.

¿Qué partidos políticos fueron beneficiados?

La trama de financiación irregular de partidos políticos afecta en principio a todo el arco parlamentario, aunque señaladamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados el PDMB y el PP, principales amenazados por el expediente de más de un ´therabyte’ de tamaño que manejan los funcionarios judiciales, y cuya mayor parte sigue bajo secreto de sumario. La ‘lista Janot’ de diputados y senadores denunciados por los diversos delatores y filtrada a la prensa incluye a varias decenas: sus nombres pueblan desde hace meses los periódicos y telediarios brasileños. El caso ha destapado prácticas corruptas extendidas desde hace lustros entre la élite del país y tiene amenazado incluso a varios ex gobernadores y un presidente. En todo caso, las responsabilidades penales y políticas de cargos públicos están aún por depurar, al estar protegidos por el foro privilegiado (que obliga a que sean encausados en el Tribunal Supremo Federal de Brasilia).

¿Qué políticos han sido imputados?

Formalmente, todavía ninguno. El procurador general, Rodrigo Janot, solicitó ayer al Tribunal Supremo Federal la apertura de investigaciones públicas sobre 54 personas, incluidos decenas de políticos con fueros, cuyos nombres se conocerán en los próximos días (cuando el Supremo levante el secreto de parte del sumario).

¿Qué medidas ha tomado Petrobras, y en qué estado se encuentra?

La petrolera contrató en octubre dos bufetes de abogados (uno brasileño y uno estadounidense) para investigar las posibles desviaciones de recursos en la empresa. Además, aprobó en diciembre la creación de una Dirección de Gobernanza para mejorar su transparencia y “hacer cumplir la ley”. El último día de 2014 emitió una prohibición para firmar contratos nuevos con 23 empresas incluidas en la Lava Jato, contratistas habituales suyas: Alusa, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, Iesa, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia y UTC.

La presidenta de la compañía, Graça Foster, acusada por una ex empleada de estar al corriente de los delitos desde 2009 (afirmación que ella niega tajantemente), dimitió junto con cinco directivos en enero tras perder definitivamente la confianza de la presidenta Rousseff, amiga suya, que la respaldó durante meses en el cargo. Foster fue arrastrada por la repercusión del caso, la caída del precio del petróleo y discrepancias técnicas con el Gobierno. Las primeras medidas de Bendine han ido encaminadas a intentar aprobar y publicar el balance auditado del tercer trimestre, cuyo retraso ‘sine die’ ha rebajado la calificación de la empresa en las agencias internacionales de crédito hasta niveles récord.

¿Quiénes juzgarán a los imputados?

El juez de instrucción del caso es Sergio Moro, de 42 años, del Tribunal Criminal Federal nº 13 de Curitiba,convertido en una figura nacional por su tenacidad y criticado duramente por los abogados defensores, que lo acusan de “cruzada judicial” por su uso continuo de la delación premiada, arrestos “sin pruebas” y la prolongación de la prisión provisional de sus clientes.

Los acusados protegidos por el foro privilegiado en virtud de su cargo político serán procesados por el Ministerio Público Federal y juzgados en el Tribunal Supremo Federal, sito en Brasilia.

¿Tiene ramificaciones internacionales?

Las conexiones extranjeras del caso Petrobras son abundantes. En Estados Unidos, donde sus acciones cotizan en la Bolsa de Wall Street, es investigada por la Securities and Exchange Comission (SEC). Además, la policía encontró en casa de Alberto Yousseff un listado de 750 obras entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. Las ramificaciones de la Lava Jato llegan también al otro lado del Atlántico: concretamente a Suiza, adonde se desplazaron ocho investigadores del caso en febrero para colaborar en el rastreo de activos ilegales presuntamente enviados por Fernando Soares, ‘Baiano’, señalado por los delatores como operador del PMDB en la trama, y buscar cuentas vinculadas al ‘gigante’ de la construcción Odebrecht.

¿En qué medida afecta la Lava Jato al Gobierno brasileño?

La presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso (entre ellas la más grave: la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil). El acoso mediático contra ella y el ex presidente ‘Lula’ durante la campaña electoral de octubre fue implacable, y cerca estuvo el caso de inclinar la balanza a favor de su rival, Aécino Neves (PSDB). Se da por seguro que la larga estela del ‘Petrolao’ y el enjuiciamiento de los acusados lastrará indefectiblemente todo o parte del segundo mandato de Rousseff. Cuatro empresas (UTC, Mendes Junior, Engevix y Galvao Engenharia) han responsabilizado ya en sus escritos de defensa al Gobierno y a la propia presidenta decrear y utilizar ese presunto ‘club’ desde Petrobras para la compra de voluntades políticas.

También preocupa el impacto económico del caso, que afecta de lleno a algunas de las mayores empresas del país. La estatal ha perdido aproximadamente la mitad de su valor en Bolsa desde que se detonó el caso. El presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, Augusto Nardes, ha afirmado con preocupación que el caso tendría el potencial de parar Brasil si las nueve mayores empresas bajo sospecha fuesen finalmente declaradas ‘no idóneas’ para firmar contratos con el sector público. Presuntos acuerdos entre las grandes compañías y el Ministerio de Justicia o el Tribunal de Cuentas para reducir el impacto económico del caso han sido duramente criticadas por los responsables de la investigación.

Un aspecto positivo del caso es el fortalecimiento institucional del país, como destacan numerosos observadores, algo que podría dar credibilidad a medio plazo a la presidenta Rousseff, que en noviembre pasado, dos días después de la detención de los 21 empresarios, declaró desde Australia que la Operación Lava Jato “podría cambiar Brasil para siempre”.