Washington presiona a Guatemala para que juzgue a Ríos Montt
Estados Unidos condiciona su apoyo económico a que los culpables de las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil vayan a juicio
El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado lunes que su apoyo a Guatemala está condicionado a que se juzgue a los militares por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las casi cuatro décadas de guerra civil, y a que se ponga fin a la actividad del Ejército en actividades de seguridad ciudadana.
El mensaje de Washington, anunciado el mismo día en que Guatemala conmemoraba el 18 aniversario del final de la guerra, es una alusión clara al inminente reinicio del juicio al dictador Efraín Ríos Montt, de 88 años, programado para el próximo 5 de enero. Ríos fue condenado, en mayo de 2013, a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad. Esta sentencia fue anulada dos semanas después por el Tribunal Constitucional, en una resolución poco jurídica por no tener competencia en ese campo.
La ayuda de Washington —vital si se considera que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala— también está condicionada al retiro de los 4.500 militares asignados en apoyo a la policía en las tareas de seguridad ciudadana. El comunicado sentó mal al presidente, Otto Pérez Molina, quien, al final del acto, expresó que "la embajada estadounidense no es la que manda en Guatemala".
Incertidumbre
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo que estos condicionamientos no son nuevos. Reflejan, eso sí, el cansancio tanto de EE UU como de la comunidad internacional por el desprecio que las autoridades guatemaltecas han demostrado hacia sus compromisos adquiridos. "Es una muestra del hartazgo generalizado por tanta impunidad. Al Gobierno se le ha ido la mano con el papel que juegan los militares en la seguridad. Hasta los puestos administrativos del Ministerio de Gobernación (Interior) están copados por militares", señala.
La analista califica como advertencia severa el aviso norteamericano. "El Gobierno adquiere obligaciones a sabiendas de que no las va a cumplir. Esto es una burla total al Estado de derecho y a las principales corrientes del derecho internacional", concluye.
Pese a que el reinicio del juicio de Ríos Montt está programado para enero, no hay certeza de que inicie. Entre otras razones, porque los abogados del viejo militar intentan la suspensión del juicio al aducir que Ríos goza de la amnistía autoproclamada por el Ejército en 1985.
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