Santos retoma el diálogo con las FARC tras la liberación del general

El verbo desescalar se ha colado desde hace días en Colombia en comunicados y análisis, en boca de expertos y políticos. Lo emplea el Gobierno de Juan Manuel Santos y lo emplean las FARC, que reanudaron este miércoles en La Habana el diálogo de paz que empezaron hace dos años y que se ha suspendido durante tres semanas por el secuestro y posterior liberación de un general del Ejército. Las partes se han comprometido ahora a buscarle un significado a esa criatura léxica arrancada del inglés de-escalate: reducir la intensidad, en este caso de la guerra. O como traduce Jorge Restrepo, experto del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos de Colombia (CERAC), "se busca definir qué es aceptable y qué no".

El diálogo se fundó sobre la regla de que se negocia en medio de la confrontación. Fue una exigencia del Gobierno para evitar que la guerrilla usara el alto el fuego bilateral para fortalecerse y ganar tiempo, como ha ocurrido otras veces. El secuestro del general Alzate el 16 de noviembre dinamitó esa norma, por eso el regreso de las delegaciones a la mesa "no empezará con un: ¿Por dónde íbamos?", comenta el analista León Valencia, exguerrillero del ELN y creador de la fundación Paz y Reconciliación. La prioridad es determinar qué medidas contribuirán a aminorar la intensidad del conflicto antes de continuar con la agenda de paz.

Aunque no ha trascendido en qué pueden consistir estos gestos, Valencia cree que tendrán que ver con "apartar a los civiles del conflicto, en particular a las poblaciones indígenas, muy azotadas" por una violencia cada vez más localizada en lugares remotos e inexpugnables. Restrepo coincide, y menciona la opción de que "las FARC no atenten contra comisarías o puestos del Ejército que estén en medio de un pueblo", que renuncien a "seguir poniendo minas o a usar artillería artesanal" y que entreguen "a los combatientes menores de edad". Como hipotéticas concesiones que podría hacer el Gobierno, Restrepo plantea la posibilidad de "que los presos de las FARC cumplan las penas cerca de sus lugares de residencia, que los enfermos graves sean excarcelados o que los miembros del secretariado [máximo órgano de las FARC] dejen de ser objetivos militares prioritarios".

Desde que se empezó a negociar, en noviembre de 2012, la guerra ha causado 248.276 desplazados, en un país donde ya hay casi seis millones tras cinco décadas de conflicto. Entre enero y octubre de 2013 y el mismo periodo de 2014 han muerto 411 militares en enfrentamientos con las FARC, según datos del Ministerio de Defensa colombiano. En el otro bando, 641 guerrilleros han fallecido en operaciones de las Fuerzas Armadas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha contado, desde que empezó el diálogo, 1.233 "acciones bélicas" entre combates, hostigamiento y emboscadas.

Desde que se empezó a negociar, en noviembre de 2012, la guerra ha causado 248.276 desplazados

En la agenda de negociación quedan aún los asuntos más complejos: qué justicia recibirán las víctimas —y qué penas tendrán que cumplir los guerrilleros implicados en delitos graves— y cómo se van a conducir el desarme y la desmovilización. La crisis abierta por el secuestro del general ha sido la más grave en un diálogo de paz que suscita una fuerte división entre los colombianos y que está sometido a la crítica frontal de la oposición y al martilleo diario de su líder, el popular expresidente Álvaro Uribe.

El hoy senador tiene una enorme influencia en la opinión pública. Prueba de ello es que el negociador jefe del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, se dedicó este miércoles a desmentir a Uribe, que afirmó en su poderosa cuenta de Twitter (3,4 millones de seguidores) que la guerrilla había exigido condiciones para volver a la mesa. Entre ellas que, una vez firmada la paz, se eliminarían los antecedentes penales de los jefes, se les retiraría la etiqueta de terroristas, se liberaría a los presos y se les entregarían regalías petroleras para financiar un partido político. "Nada de esto se ha basado en concesiones oscuras e inaceptables", dijo De la Calle. "Ni siquiera fue planteado por las FARC y, en todo caso, si lo hubiera sido, no lo hubiéramos aceptado". La guerrilla quiso aclarar el miércoles que nunca han utilizado como estrategia militar el ataque a los civiles.

La reducción de la violencia es ahora la prioridad, pero como comenta Restrepo, existe otro riesgo, el del tiempo. El presidente Santos ha hecho de la consecución de la paz la base de su programa de Gobierno, y si el proceso se prolonga demasiado, perderá credibilidad. "Me preocupa que todo se demore", afirma el analista.