El narco y la pobreza del sur, en la diana

México tiene una herida en el sur. En Guerrero, Chiapas y Oaxaca el país se ha quedado rezagado. La apertura comercial que empujó a México al siglo XXI ha pasado por esas tierras sin dejar rastro. Mientras que en la frontera con EE UU y el denominado Bajío (centro norte) los Estados han aumentado en las dos últimas décadas un 40% su PIB, en la zona meridional se mantienen los mismos niveles tercermundistas. A esta miseria se suma, en muchas ocasiones, la infiltración del narco en los poderes municipales. El resultado es una peligrosa mezcla de pobreza y narcotráfico, sobre todo en Guerrero, que ha derivado en casos como el de Iguala. Un estallido que ha sacudido al Gobierno de Enrique Peña Nieto y que ha llevado a que su nueva agenda combine iniciativas generales de persecución del delito con planes de desarrollo económico en las zonas más depauperadas. Al primer apartado corresponde la reforma constitucional destinada a combatir la penetración del crimen organizado en los Ayuntamientos.

El mecanismo ideado por el Ejecutivo mexicano permite la suspensión o disolución de los consistorios previa petición de la fiscalía y bajo autorización del Senado. El modelo sigue las pautas de la ley aprobada en Italia en los años noventa y en circunstancias similares: un sur con fuerte implantación de las organizaciones mafiosas y anclado en el pasado (como Sicilia) frente a un norte que vivía las mieles del desarrollo. Su aplicación, según fuentes oficiales, permitirá la liquidación de decenas de Ayuntamientos sobre los que ahora mismo pesan graves sospechas de connivencia con el narco.

Esta iniciativa, una de las estrellas del plan de acción de Peña Nieto, se combina con la disolución de las policías municipales (1.800 entidades, 170.000 agentes) y su integración en 32 cuerpos estatales, supuestamente más resistentes a la corrupción. Este proceso, que incluye una amplia homogeneización laboral y mejoras salariales, tardará unos ocho años en ser completado, aunque, con anterioridad, se implantará en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, las regiones más afectadas por la ultraviolencia.

“Cuidado con emplear el mazo, donde hace falta el bisturí. Son dos medidas con las que hay que ser precavido”, alerta el especialista en seguridad Alejandro Hope. “Antes de liquidar un Ayuntamiento deben agotarse todas las posibilidades de que se disponen para frenar la infiltración y, desde luego, hay que generar candados muy potentes para evitar abusos. Y con la disolución de las policías municipales, no hay que olvidar que los cuerpos estatales también necesitan de mejoras. La absorción no es sencilla; son entidades muy pequeñas y hay que estar atentos a que no se corrompan, porque entonces el efecto es mayor que con una policía local”, agrega.

La otra gran pata de la acción gubernamental se basa en el plan para el desarrollo del sur, la zona que, en palabras del presidente mexicano, sufre “un rezago ancestral”. En este paquete se incluye la designación de tres áreas económicas especiales: Puerto Chiapas, Puerto de Lázaro Cárdenas (con los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero) y el istmo de Tehuantepec (corredor industrial que conecta el Pacífico con el golfo de México). La creación de estos polos de desarrollo, con ayudas preferentes, viene acompañada de planes de empleo temporal para 300.000 familias, inyecciones directas de capital para obras públicas, así como créditos para las pymes (160 millones de dólares) y para el desarrollo agrario (320 millones de dólares). “Indudablemente, este plan puede ayudar a la región, pero es insuficiente. Una zona tan pobre requiere de una estrategia de desarrollo integral, de una inversión masiva de infraestructura que cambie la dinámica de esas tierras”, señala el economista Gerardo Esquivel, profesor-investigador del Colegio de México.

En un plano más general, otra de las guindas económicas de la nueva agenda de Peña Nieto radica en la promesa de una posible mejora del salario mínimo, situado en México en 65 pesos (unos cinco dólares) por una jornada de ocho horas. Su aumento arrancó como una bandera de la izquierda, especialmente en el Distrito Federal. Y ningún partido ha encontrado argumentos para frenar esta demanda. El sueldo mínimo mexicano no sólo es el más bajo de la OCDE, sino que desde 1976 ha perdido casi un 80% de su poder adquisitivo, según concluye un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para abrir la puerta a su incremento, el Gobierno ha propuesto su desvinculación de los índices económicos (la llamada desindexación). La retirada de esta atadura, según reconocen los especialistas, no asegura la subida automática, pero sí, al menos, da alas a la esperanza en un país con 52 millones de pobres. “Es una buena señal, refleja una sensibilidad del presidente y un reconocimiento a la situación de los trabajadores de menores ingresos”, afirma Esquivel.