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COLUMNA

Belo Monte: la anatomía de un etnocidio

La fiscal de la República cuenta cómo la tercera hidroeléctrica del mundo se construye en régimen de suspensión de la ley

Cuando alguien aprueba un concurso del Ministerio Público Federal (Ministerio Fiscal), suele estrenarse en los considerados peores destinos, aquellos adonde los fiscales en general no llevan a la familia y de donde se marchan a la primera oportunidad. Uno de esos que son descritos como “un infierno en la Tierra” en los pasillos de la institución es Altamira, en el Estado de Pará, una colección de conflictos amazónicos a la orilla del monumental Río Xingu. En 2012, Thais Santi —nacida en São Bernardo do Campo y criada en Curitiba, con un breve paso por Brasilia en sus primeros años de vida— fue facturada para Altamira. Al ver el nombre de la ciudad, sonrió. Estaba tan encantada con la posibilidad de actuar en la región que, en medio del curso de formación, tomó un avión y fue a asegurarse apartamento, ya que las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte habían encarecido el mercado y hecho desaparecer las pocas opciones existentes. Thais iniciaba allí su leyenda en la tradición de los grandes fiscales de la República que actuaron en la Amazonia e hicieron historia.

El Gobierno no puede despreciar la ley en el proceso de instalación de la hidroeléctrica

Ya ha tenido la oportunidad de dejar Altamira tres veces, la primera antes incluso de llegar. Rechazó todas. Junto a otros fiscales del Ministerio Público Federal, Thais Santi está escribiendo la narrativa de Belo Monte. O mejor: la narrativa de cómo la más controvertida obra del PAC, o Programa de Aceleración del Crecimiento de los gobiernos Lula-Dilma, un proyecto con coste en torno a los 30 mil millones de reales, podrá ser juzgada por la Historia como una operación en que la ley fue suspendida. Y también como el símbolo de la mezcla explosiva entre lo público y lo privado, dada por la confusión sobre lo que es el Estado y lo que es Norte Energia S.A., la empresa que ganó la polémica subasta de la hidroeléctrica. Fascinante desde el punto de vista teórico, una catástrofe en relación a la vida humana y a uno de los patrimonios estratégicos para el futuro del planeta, la selva amazónica.

La joven fiscal, hoy con 36 años, cuenta que le llevó casi un año ver y comprender lo que vio, y otro año más saber qué hacer ante la enormidad de lo que vio y comprendió. Se prepara ahora para iniciar una acción penal denunciando que Belo Monte, antes incluso de su conclusión, ya ha causado lo peor: un etnocidio indígena.

En esta entrevista, Thais Santi revela la anatomía de Belo Monte. Desvelamos el huevo de la serpiente junto a ella. Al observar su mirada y sus descubrimientos, rozamos los flecos de una obra que aún precisa ser desnudada en todo su significado, una operación que tal vez sea el símbolo del momento histórico vivido por Brasil. Comprendemos también por qué la mayoría de los brasileños prefiere abstenerse en el debate sobre la intervención en los ríos de la Amazonia, asumiendo como natural la destrucción de la selva y la muerte cultural de pueblos enteros, solo porque son diferentes. El testimonio de la fiscal adquiere todavía otra dimensión en el momento en el que el actual gobierno, reelegido para un mandato más, viola los derechos indígenas previstos en la Constitución para implantar centrales en una cuenca hidrográfica más de la Amazonia, esta vez en la del Tapajós.

Thais Santi, que antes de convertirse en fiscal de la República era profesora universitaria de Filosofía del Derecho, descubrió en Belo Monte la expresión concreta, práctica, de lo que estudió en la obra de la filósofa alemana Hannah Arendt sobre los totalitarismos. Lo que ella llama “un mundo en el que todo es posible”. Un mundo aterrador en el que, al margen de la legalidad, Belo Monte se va convirtiendo en un hecho consumado. Y la muerte cultural de los indígenas se toma como natural por parte de los brasileños como lo fue el genocidio judío por parte de la sociedad alemana.

La entrevista a continuación se hizo en dos etapas. Las primeras tres horas en el despacho de la fiscal en el edificio del Ministerio Público Federal de Altamira. Su sala está decorada con piezas de artesanía traídas de sus andanzas por las aldeas indígenas y las reservas extractivistas, como se denominan los poblados que viven de la extracción de recursos en la ribera de los ríos, en particular de los amazónicos. En la mesa, varios libros sobre la temática de su actuación: indios y poblaciones tradicionales. Entre ellos, autores como los antropólogos Eduardo Viveiros de Castro y Manuela Carneiro da Cunha. La sala está perfumada, porque las funcionarias del Ministerio Público Federal acostumbran a tratar a Thais con mimo. Carismática, suele producir ese efecto en las personas de su entorno. Días antes de la entrevista, participó en la conmemoración de los 10 años de la Reserva Extractivista Riozinho do Anfrísio, en Terra do Meio. Thais durmió en una hamaca en la puerta del centro de salud, que su intervención ayudó a instalar,a algunos metros de donde tenía lugar un baile popular que duró toda la noche. El sueño era interrumpido ora por parejas más animadas en su énfasis amoroso, ora por una atención de urgencia en el centro de salud. Impasible, Thais se despertó al día siguiente pareciendo tan encantada con todos, como todos con ella. “Noche interesante”, se limitó a comentar.

La fiscal Thais Santi. ampliar foto
La fiscal Thais Santi. DIVULGAÇÃO

El Plan de Emergencia fue utilizado para silenciar a los indígenas

La entrevista fue interrumpida por la llegada afectuosa de una funcionaria trayendo primero café y agua, después peras. Es bastante notable, en las respuestas de Thais, el conocimiento teórico y la consistencia de sus argumentos jurídicos. Aunque visiblemente apasionada por lo que hace, en su actuación destaca por ser conceptualmente rigurosa y cerebral. Pero, a medida que Thais va explicando Belo Monte, su voz va adquiriendo un tono indignado. “¿Cómo se atreven”?, insinúa a veces, refiriéndose a Norte Energia o al Gobierno. Como al contar que, al votar en las últimas elecciones, se encontró con una escuela con paredes de contenedor, suelo de tierra batida, las ventanas de hierro oxidado, con las puntas para fuera, la puerta sin pintura, ningún espacio de recreo y ni siquiera un árbol en plena Amazonia. Una escuela construida para no durar, cuando lo que debería haberse hecho era ampliar el acceso a la educación en la región de impacto de la hidroeléctrica.

La segunda parte de la entrevista, otras tres horas, se hizo a través de Skype. Reservada en su vida personal, cuando Thais deja escapar alguna información sobre su día a día, sus relaciones y sus gustos, de inmediato pide que sea off the record. “No tengo ni Facebook”, se justifica. De ella me limito a decir que se despierta alrededor de las 5 y media de la mañana, que hace yoga y que todos los días se va a admirar el Xingu. En su celular hay una secuencia de fotos del río. Una de cada día.

Pregunta. Usted llegó a Altamira durante el proceso de implantación de Belo Monte. ¿Qué encontró?

Respuesta. Encontré aquí la continuación de lo que estudié en mi posgrado a partir de (la filósofa alemana) Hannah Arendt. Belo Monte es el caso perfecto para estudiarse el mundo en el que todo es posible. Hannah Arendt leía los estados totalitarios. Ella leía el mundo del genocidio judío. Y creo que es posible leer Belo Monte de la misma manera.

P. ¿Qué significa un mundo en el que todo es posible?

R. Hay dos comprensiones de Belo Monte. Por un lado tienes una opción gubernamental, una opción política del Gobierno para construir grandes proyectos, enormes, brutales, en la Amazonia. Una opción del Gobierno para usar los ríos amazónicos , el recurso más precioso, ese que será escaso en el futuro, para producir energía. Esa opción puede ser cuestionada por la academia, por la población, por los movimientos sociales. Pero es una opción que se sustenta en la legitimidad del Gobierno. Podemos discutir largamente sobre si esa legitimidad se construye a partir del miedo, a partir de un falso debate. Sobre esa elección hay un espacio político de discusión. Pero, de cualquier manera, se sustenta en la legitimidad. Por el apoyo popular, por el supuesto apoyo democrático que tiene ese Gobierno, aunque haya sido reelegido con una diferencia muy pequeña de votos. Ahora, una vez adoptada esa política, hecha esa elección gubernamental, el respeto a la ley no es una opción más del Gobierno. Lo que sucedió y sigue sucediendo en Belo Monte es que, hecha la elección gubernamental, que ya es cuestionable, el camino para aplicar esa opción lo sigue el Gobierno como si también fuese una elección, como si el Gobierno pudiese optar entre respetar o no las reglas de licencia. Eso es brutal.

P. El Ministerio Público Federal ya presentó 22 acciones en ese sentido. ¿Por qué la Justicia Federal no impide esa sucesión de ilegalidades?

R. Recuerdo que cuando trabajaba con mis alumnos, discutíamos sobre que hay un conflicto entre dos discursos. Por un lado, hay un discurso fundado en la ley, prendido a la ley, y por otro, el discurso de un Derecho más flexible, más volátil, en el que el operador tiene la posibilidad de a veces no aplicar la ley. Yo les decía que esos discursos tienen que ser equilibrados: ni hacia el extremo de un legalismo completo, ni hacia el otro, al punto en el que el Derecho pierde su función, la ley pierde su función. Hoy, si yo diese clase, Belo Monte sería el ejemplo perfecto. Perfecto. Nunca imaginé que vendría a Pará, a Altamira, y encontraría aquí el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Cuando pido a un juez aplicar la regla, le digo que esa regla sustenta el consentimiento y la autorización para la obra y que, si la regla no se cumplió el proyecto no tiene sustentación jurídica. Y el juez me dice: “Yo no puedo interferir en las opciones gubernamentales” o “yo no puedo interferir en las alternativas políticas”. Es lo que los jueces han dicho. Por lo tanto, se está hablando del Belo Monte de la legitimidad y no del Belo Monte que se sostiene en la legalidad. Así, Belo Monte es el extremo de un Derecho flexible. Es el mundo en el que la obra se sustenta en ella misma. Porque la defensa del empresario es: el cuanto ya fue gastado, el tanto de trabajadores que no pueden perder el empleo. Pero todo eso no es Derecho, todo eso es Hecho. Nos encontramos con la realidad de una obra que camina, cada día con más fuerza, autoalimentándose. La sustentación de Belo Monte no es jurídica. Es en el Hecho, que cada día se consuma más. El mundo del todo es posible es un mundo aterrador en el que el Derecho no pone límites . El mundo del todo es posible es Belo Monte.

P. ¿Y cómo llegó usted a esa conclusión?

La escena en la aldea de los Arara de Cachoeira Seca era de posguerra

R. Me llevó casi un año entender lo que estaba sucediendo los con indígenas en el proceso de Belo Monte. Solo lo entendí cuando comprendí lo que era el Plan de Emergencia de Belo Monte. Llegué a Altamira en julio de 2012 y fui a una aldea de los Arara en marzo, casi abril, de 2013. Sabía que líderes indígenas cogían la gasolina que obtenían aquí y la vendían allí, la cambiaban por bebida, eso ya lo sabía. Pero solo sentí el impacto de Belo Monte en una aldea que se encuentra a casi 300 kilómetros de aquí. Brutal. Solo comprendí cuando fui hasta las aldeas, porque eso no se comprende recibiendo a los líderes indígenas en el despacho. Yo vi.

P. ¿Y qué fue lo que vio?

R. El Plan de Emergencia tenía por objeto crear programas específicos para cada etnia, para que los indígenas se viesen fortalecidos en relación con Belo Monte. La idea era que los indios se potenciasen, para no quedar vulnerables ante el proyecto. Y puedo decir con toda tranquilidad que hubo una desviación de recursos en ese Plan de Emergencia. Vi a los indios haciendo cola en un mostrador de Norte Energia, un mostrador imaginario, cuando en el plan se decía que deberían permanecer en las aldeas. Comencé a percibir lo que estaba sucediendo cuando hice esa visita a la tierra indígena de Cachoeira Seca y conocí a los Arara, un grupo de reciente contacto. Y fue un choque. Vi la cantidad de basura que había en aquella aldea, vi las casas destruidas, con los tejados agujereados, lloviendo dentro. Y dormían allí. Las indias, en la orilla del río, los niños, las niñas totalmente vulnerables delante del pescador que pasaba. Cuando Belo Monte comenzó, ese pueblo de reciente contacto estaba sin jefe de puesto. Entonces, los indios no solo se encontraron con Belo Monte, sino que estaban sin oficina de la Funai (la Fundación Nacional del Indio) dentro de la aldea. De un día para otro se quedaron solos. Los Arara se habían sublevado porque habían pedido 60 balones de fútbol y solo habían recibido uno. Habían pedido colchonetas para colocar en aquellas casas que tenían el tejado agujereado y no las consiguieron. Ese grupo de reciente contacto estaba comiendo galletas y bebiendo refrescos, tenía problemas de diabetes e hipertensión. Pero mi impacto más brutal fue cuando estaba intentando hacer una reunión con los Arara, y una señora, tal vez de las más viejas, me trajo una patata dulce para comer . En realidad era una mini patata dulce. Parecía una judía. La tomé, miré a la chica de la Funai y me dijo: “Eso es todo lo que tienen plantado. No tienen nada aparte de eso”. Ese era el grado de atropello y desestructuración que aquel plan había generado. Era aterrador.

P. ¿Cuál era la escena?

R. Era como si fuese posguerra, un holocausto. Los indios no se movían. Permanecían quietos, esperando, queriendo galletas, pidiendo comida, pidiendo para construir las casas. No existía más medicina tradicional. Estaban pidiendo. Y no conversaban más entre sí, no se reunían. El único momento en el que se reunían era por la noche para ver la novela en una televisión de plasma. Entonces fue brutal. Y la basura en la aldea, la cantidad de basura era impresionante. Había cabezas de muñecas, carritos de juguete tirados, paquetes de galletas, botellas de refresco.

P. ¿Fue eso lo que obtuvieron de Norte Energia?

R. Todo lo que habían recibido del Plan de Emergencia.

P. ¿Era ese el Plan de Emergencia, lo que debería fortalecer a los indígenas para que pudiesen resistir el impacto de Belo Monte?

R. Todo lo que habían recibido del Plan de Emergencia. El Plan de Emergencia generó una dependencia absoluta del empresario. Absoluta. Y el empresario se posicionó en ese proceso como proveedor universal de bienes infinitos, lo que solo se habría contenido si la Funai hubiese dicho no. Norte Energia creó esa dependencia y lo hizo deliberadamente. Y se sumó a la incapacidad de la Funai de estar presente, porque la fundación debería haber sido fortalecida en ese proceso y, en lugar de eso, se debilitó cada vez más. Los indios desconfiaban de la Funai mientras establecían una dependencia del empresario. Se transformó en asistencialismo.

P. ¿Cómo regresó usted de esa experiencia?

R. Yo decía: “Oiga, ¿qué es eso? Y ¿qué hacer?”. Estaba con la idea de irme lejos de Altamira, pero me di cuenta de que, si me fuese, el siguiente fiscal iba a demorar un año más para entender lo que pasaba. Entonces me quedé.

P. ¿Y qué hizo usted?

El mundo del todo es posible es un mundo aterrador donde el Derecho no pone límites

R. Yo no sabía entender lo que estaba ocurriendo. Pedí ayuda en la 6ª Cámara (del Ministerio Público Federal que actúa con pueblos indígenas y poblaciones tradicionales), y mantuvimos una reunión en Brasilia. Llamamos a los antropólogos que habían participado en el proceso de Belo Monte en la época de elaboración del EIA (Estudio de Impacto Ambiental), para que pudiesen contar cómo vivían antes esos indios, porque yo solo sé cómo viven hoy. Un antropólogo que trabaja con los Araweté contó cómo ese grupo veía Belo Monte y no quedó nadie sin un nudo en la garganta. Los Araweté recibieron muchos barcos, pero muchos. El Plan de Emergencia fue eso. Obtuvieron un monte de voadeiras (el barco con motor más rápido de la Amazonia) y ellos continuaban haciendo canoas. Para los Araweté ellos tendrían que sobrevivir en esos barcos: esta era su visión del fin del mundo. Y hasta ahora no saben qué es Belo Monte, aunque creen que va a inundar sus aldeas. Norte Energia es un proveedor de bienes que no saben para qué sirven. Otra antropóloga contaba que estaba con los Araweté cuando llegó el Plan de Emergencia. Todas las aldeas mandaban sus listas, pidiendo lo que querían, y los Araweté no lo habían hecho porque no había cosas que quisieran. Se encontraban confusos, porque podían querer todo pero no sabían qué querer. Y entonces las cosas comenzaron a llegar. Hubo hasta un cacique Xikrin que me contó cómo fue. Le llamaron de Altamira diciendo: “Puede pedir todo lo que quiera”. Él respondió: “¿Cómo es eso?, ¿todo lo que se me pase por la cabeza?". Y la respuesta fue: “Todo”. El cacique contó que pidieron todo, pero no creían que lo fueran a recibir. De repente, llegó. Hacía grandes gestos al contar: “Llegó aquel ‘mooonte’ de quincalla”. Toneles de refrescos, azúcar en cantidad. Así fue lo que sucedió. Este era el plan de emergencia.

P. ¿Y qué pasó con los indios después de esa intervención?

R. Las aldeas se fragmentaron. Primero, colocas en la mano de un líder, que no fue preparado para eso, el poder de repartir recursos con la comunidad. La casa del cacique con una televisión de plasma, los líderes deslegitimándose ante la comunidad. Obtenía una voadeira que valía 30, la vendía por ocho. Aparte del mercado negro que se creó en Altamira con las propias empresas. El indio se encontró con dinero en la mano y lo cambió por bebida. El alcoholismo, que ya era un problema en muchas aldeas, que era algo de lo que precaverse, aumentó mucho. Acabó iniciando un conflicto de indios con indios y aumentando el prejuicio en la ciudad entre los no indios. El pescador, para conseguir unavoadeira, necesita trabajar mucho. Y la comunidad pasó de ver al indio con coche nuevo, con todoterrenos carísimos, bebiendo, hubo casos de accidentes de trafico y atropellos. Entonces ¿cómo es posible? Creo que ni si nos sentásemos para hacer exactamente eso se conseguiría obtener un efecto más contrario. Los indios se debilitaron, se fragmentaron socialmente, su capacidad productiva llegó a cero, los conflictos y prejuicios aumentaron.

P. ¿Cree usted que esa administración del proceso, por parte de Norte Energia con omisión del Gobierno, fue deliberada?

R. Uno de los antropólogos de la 6ª Cámara tiene una conclusión muy interesante. En el contexto de Belo Monte, el Plan de Emergencia fue estratégico para silenciar a los únicos que tenían voz y visibilidad: los indígenas. Porque hubo un proceso de silenciamiento de la sociedad civil. Tengo mucho respeto por los movimientos sociales de Altamira. Ellos son una marca que hace a Altamira única y Belo Monte un caso paradigmático. Pero hoy los movimientos sociales no pueden ni aproximarse a las instalaciones de Belo Monte. Existe una orden judicial para no llegar cerca. En aquel momento, los indígenas surgieron como quizá la única voz que aún estaba en condiciones de ser oída y que tenía alguna posibilidad de interferencia, ya que cualquier no indio recibiría una orden de prisión. Y el Plan de Emergencia fue una manera de silenciar esa voz. Cada vez que los indígenas venían a manifestarse contra Belo Monte, con ocupación de instalaciones, esa organización era, de forma muy rápida, disuelta por la práctica de ofrecer a los líderes una serie de beneficios y de bienes de consumo. Porque los indígenas tienen una visibilidad que la sociedad civil no consigue tener. Voy a dar un ejemplo. Hubo una ocupación en la que los pescadores estuvieron 40 días en el río, frente a las instalaciones, bajo la lluvia, y no obtuvieron una respuesta. Aquel sufrimiento pasaba inadvertido. Y de repente los indígenas resuelven apoyar la reivindicación de los pescadores incorporando sus propias demandas además. Y, de un día para otro, la prensa apareció. Los indígenas eran la voz que todavía podría ser oída y fueron silenciados.

P. ¿Con las listas de voadeiras, TV de plasma, galletas, Coca-Cola?

R. En el caso de las ocupaciones de instalaciones no fueron ni las listas. En el caso de la ocupación que tuvo lugar en 2012, hasta hoy no entiendo cuál fue la base legal que justificó el acuerdo alcanzado. Los líderes abandonaron la ocupación y vinieron a Altamira, donde negociaron a puerta cerrada con Norte Energia. Cada uno regresó con un coche, con un todoterreno. Lo mismo también para aldeas que ni siquiera tienen acceso por vía terrestre. Por lo tanto creo que no se puede entender el Plan de Emergencia sin decir que fue un proyecto estratégico en el sentido de alejar el agente que tenía capacidad de organización y condiciones de ser oído. Es preciso dejar clara esa marca del Plan de Emergencia de silenciar a los indígenas.

P. ¿Qué es Belo Monte para los pueblos indígenas del Río Xingu?

Belo Monte es un etnocidio indígena

R. Un etnocidio. Esa es la conclusión a la que llegué con el Contencioso Civil que investigó el Plan de Emergencia. Belo Monte es un etnocidio en un mundo en el que todo es posible.

P. ¿Y el Ministerio Público Federal va a llevar a la Justicia el etnocidio indígena perpetrado por Belo Monte?

R. Ciertamente. Es necesario volver a evaluar la viabilidad de la central en el contexto generado por el Plan de Emergencia y por los condicionantes no cumplidos.

P. La dictadura militar masacró varios pueblos indígenas, en la década de los 70 del siglo XX, para quitarlos de en medio de las obras megalómanas, como la carretera Transamazónica. Aquello que la Historia llama “los elefantes blancos de la dictadura”. Ahora ¿cómo es posible que suceda un etnocidio en pleno siglo XXI y en democracia? ¿Por qué no se consigue hacer que la ley se aplique en Belo Monte?

R. Me convertí en una lectora de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Y los estudios mostraron una región históricamente descuidada por el Estado, con pueblos indígenas extremadamente vulnerables por la apertura de carreteras y poblaciones. Por lo tanto, Belo Monte no iría a instalarse en un mundo perfecto, sino en un mundo de conflictos agrarios, en la región en la que fue asesinada la hermana Dorothy Stang, con pueblos indígenas violentados por la política estatal y con diagnóstico de vulnerabilidad creciente. Eso es lo que los estudios dicen. El diagnóstico, entonces, muestra que Belo Monte sería un acelerador; Belo Monte aceleraría ese proceso a un ritmo insoportable y los indígenas no podrían adaptarse más. O sea, Belo Monte fue diagnosticado para los indígenas como una obra de altísimo riesgo. Eso en el IEA. No de alto impacto, sino de altísimo riesgo para su supervivencia étnica. Con base en ese diagnóstico, los estudios indican una serie de paliativas indispensables para la viabilidad de Belo Monte. La Funai, valoró esos estudios, dio su opinión y dijo lo mismo: Belo Monte es viable siempre que esas condiciones sean llevadas a cabo.

P. ¿Y qué sucedió?

R. Para explicarlo, necesitaríamos hablar de aquella que tal vez sea la cuestión mas grave de Belo Monte. Para que Belo Monte se instalase en una región de esas, el Estado tuvo que asumir un compromiso. Tú no puedes transferir a un empresario toda la responsabilidad de un proyecto que va a instalarse en una región en la que se ha constatado la ausencia histórica del Estado. Hay una opinión del Tribunal de Cuentas que dice que la obra solo sería viable si, como mínimo, la Fundación Nacional del Indio (Funai), los órganos de control ambiental, el Estado, se hiciesen presentes en la región. Belo Monte es una obra prioritaria del gobierno federal. Si el Ministerio Público Federal abre diligencias para reclamar la aplicación de algún condicionante o para cuestionar el proceso, incluso que sea contra Norte Energia, la Unión participa del lado del empresario. La Abogacía General de la Unión defiende Belo Monte como una obra gubernamental. Solo que Belo Monte se presentó como una empresa con constitución de S.A., como empresa privada. ¿Y a la hora de reclamar la aplicación de políticas públicas que surgen como condicionantes de la licencia? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, a la hora de expropiar, Norte Energia se presenta como una empresa concesionaria, que tiene esa autorización, y pleitea en la Justicia Federal. A la hora de tener que aplicar un condicionante se presenta como una empresa privada y transfiere la responsabilidad al Estado. Esa mezcla entre el empresario y el Estado es uno de los signos más interesantes de Belo Monte. Y no solo eso. Están las instancias de decisión. El Ministerio de Medio Ambiente decide la presidencia del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables). La Presidencia de la República decide el Ministerio de Medio Ambiente. De la Funai, lo mismo. Por lo tanto es muy difícil entender Belo Monte, porque tenemos un proyecto que es prioritario y al mismo tiempo la empresa es privada. Ser privada significa contratar el Consorcio Constructor Belo Monte (Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, OAS y otras constructoras con participación menor) sin licitar. Dice que no lo va a hacer, que no le corresponde hacerlo. Y nadie lo manda hacer. Por lo tanto, tenemos una situación en la que el empresario se coloca como soberano, reescribiendo su obligación. Por ejemplo: entre las condicionantes, estaba la compra de tierra, por Norte Energía, para la ampliación del área de los nativos Juruna del kilómetro 17 , porque quedarían muy expuestos con la obra. Norte Energía eligió el área. Pero cuando la Funai dijo a Norte Energía que la comprase, la empresa respondió: “No, ya cumplí el condicionante. Ya hice la selección del área, es responsabilidad del Gobierno comprarla”. Y la Funai se calló. Y el Ibama, ni siquiera tuvo conocimiento. Hubo una reunión, y yo pregunté a la Funai: “¿No reclamaron a Norte Energía que cumpliese el condicionante? Quién tiene que decir lo que está escrito es la Funai, no Norte Energía”. Y si Norte Energía dice “no”, la Funai tiene que decir “haga”, porque hay reglas. Conseguimos que Norte Energía comprase el área por la acción judicial. Pero este es un ejemplo del proceso de Belo Monte, marcado por una inversión de papeles. Norte Energía reescribe las obligaciones eximiéndose de lo que está previsto en la licencia. ¿Quién impone las reglas en Belo Monte? ¿El empresario tiene poder para decir “no lo hago”? Mira, hasta lo tiene. Todo el mundo puede negarse a cumplir una obligación, mientras use los mecanismos legales para hacerlo. Si no quieres pagar el alquiler, porque lo consideras indebido, y yo quiero que me pagues, ¿qué haces? Vas a juicio, recurres la decisión. Pero aquí no. Aquí, Norte Energía dice: “No lo hago”.

P. ¿Y por qué el Gobierno se excluye?

R. No me corresponde a mí decirlo. Hay en Belo Monte cuestiones difíciles de entender. ¿Qué justifica una prioridad tan grande del Gobierno para una obra de impacto gigantesco y con un potencial de generar energía nada extraordinario, ya que el río no tiene caudal durante una parte del año? ¿Qué es lo que justifica Belo Monte? Es innegable que hay una zona nebulosa. Vea el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Belo Monte, vea quién firma. (Apunta los nombres de las empresas: Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Odebrecht…) Y, a la hora de la subasta, no participan en ella. Surge una empresa creada con prisas para disputar la subasta. Esa empresa, Norte Energía, constituida como S.A., por lo tanto una empresa privada, es la que gana la subasta, la que obtiene la concesión. ¿Y las empresas contratistas que participaron de los estudios de viabilidad? Formaron el Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM), que es un contratado de Norte Energía. Y Norte Energía, a su vez, cambió totalmente la composición que tenía en la época de la subasta. Hoy, con mucha más aportación de capital público. Por lo tanto, las contratistas que hicieron los estudios de viabilidad y de impacto ambiental hoy son meras contratadas, sin ninguna responsabilidad socio ambiental en la licencia. Los oficios que enviamos al CCBM nunca son para exigir nada, porque no hay ningún condicionante para esas empresas, ninguna responsabilidad socio ambiental. Con esa estructura, los recursos de Belo Monte no pasan por licitación. ¿Qué es Belo Monte? Realmente, no lo sé. No es sencillo entender Belo Monte. Es la Historia la que nos lo mostrará. Y, quién sabe, las operaciones ya en curso (la de “Lava Jato” por la Policía Federal, que investiga la actuación de las contratistas en el escándalo de corrupción de Petrobras) traigan algo para esclarecer esa nebulosidad.

P. En el caso de los indígenas, estaba previsto el fortalecimiento de la Funai, para que el órgano pudiese observar el proceso. En vez de eso, la Funai pasó por un proceso de debilitamiento, articulado también en el Congreso, por los escaños ruralistas, que continúa hasta hoy…

La mezcla entre el empresario y el Estado es una de las marcas de Belo Monte

R. Visité la aldea Parakanã, en la tierra indígena Apyterewa. Cuando llegué allí no me podía creer las casas que se estaban construyendo. Tejado de media agua de “Brasilit”. Una al lado de la otra, con aquel calor. Le pregunté al funcionario de la Funai cómo lo permitieron, porque los Parakanã también son indios de contacto reciente. Y no se encontraban en las casas, se encontraban en una esquina de la aldea. De ahí fuimos a los Araweté, también construyendo. La aldea estaba llena de trabajadores. Aquellas niñas andando desnudas. Los obreros escuchando música en aquellas pequeñas radios del celular. Pregunté a la Funai: “¿Cómo lo permiten?”. La Funai no estaba revisando las obras, no sabía quién estaba en la aldea ni de dónde había salido aquel proyecto de casa. La Funai tenía que revisar los programas y no está revisando. Estaba previsto el fortalecimiento de la Funai y ocurrió lo contrario. En el Plan de Protección Territorial estaba prevista una especie de orquesta para proteger las tierras indígenas. Habría 32 bases, si no me engaño, en lugares estratégicos, ya que proteger el territorio es imprescindible para proteger a los indígenas. Ese plan es uno de los condicionantes más importantes de Belo Monte. En verdad, Belo Monte sería impensable sin la protección de los territorios indígenas. Y protegerían también las unidades de conservación, frenando la deforestación , porque habría allí Policía Federal, Ibama, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad), Funai, todos juntos. Y todo eso con la previsión de contratar a 120 funcionarios para actuar en esa zona de protección. Y eso tenía que preceder a la obra. A partir de ahí, en 2011, vino la solicitud de Licencia de Instalación, ya, y el plan no había comenzado. La Funai asintió con la Licencia de Instalación siempre que el plan fuese puesto en marcha en 40 días. Y dijo: “Recalcamos que el incumplimiento de las condiciones expresadas en ese oficio implicarán la suspensión forzosa de la anuencia de la Funai para la licencia ambiental del proyecto”. Es con eso con lo que me encuentro. A finales de 2012 los indígenas reclamaron la puesta en marcha de ese plan en una ocupación de las instalaciones de la obra y quedó claro que ni siquiera había comenzado la construcción de las bases. A partir de ahí, Norte Energia paso a simplificar y a reescribir el plan. La Funai no tenía fuerza para reclamar la imposición de condiciones, pero no asintió con lo que Norte Energia empieza a hacer. Propusimos una acción el día 19 de abril de 2013, que era el Día del Indio, para que cumpliesen la condición. Y que se aplicase lo que estaba escrito: que el no cumplimiento implicaría la suspensión forzosa del consentimiento de la Funai para la licencia. El juez concedió la medida cautelar casi un año después, ya en 2014. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Poder Judicial?: que suspender la anuencia de la Funai a la licencia sería interferir en las opciones políticas del gobierno. Resultado: hoy estamos pasando de 2014 a 2015 y la Protección Territorial no está en ejecución. Fue la última información que recibí de la Funai. El plan todavía no se inició.

P. ¿Esa es la situación hoy?

R. El Plan de Emergencia era un conjunto de medidas anticipatorias indispensables para la viabilidad de Belo Monte. Comprendía el fortalecimiento de la Funai, un vigoroso plan de protección territorial y el programa de etno desarrollo. El fortalecimiento de la Funai no se hizo. El plan de protección no se inició. ¿Y el plan de etno desarrollo?: fue sustituido por acciones del empresario al margen de la licencia, por medio de las cuales los indígenas fueron atraídos a Altamira para disputarse en los mostradores de Norte Energia toda suerte de mercancías, con los recursos destinados a los programas de fortalecimiento.

P. ¿Cómo es posible?

R. Realmente creo que está teniendo lugar una tragedia aquí, que es la invasión de las tierras indígenas, y la desprotección. Vemos madera saliendo. Las denuncias que recibimos aquí de extracción de madera en la tierra indígena de Cachoeira Seca, en la tierra indígena de Trincheira Bacajá, son espeluznantes. Y yo realmente me pregunto: ¿cómo? La pregunta que le había hecho al juez en ese proceso era esa: “¿Belo Monte en qué se sustenta si esa condicionante, que era la primera, no fue puesta en marcha?”. Belo Monte se sustenta en el hecho consumado. Y en una visión equivocada de que, en política, no se interfiere. Como si aquella opción política fuese también una opción de no respetar la ley. El hecho es que Belo Monte, hoy, en vísperas de la Licencia de Operación, marcha sin la primera condición indígena. Te lo digo: es aterrador.

P. ¿Belo Monte marcha, por tanto, al margen de la ley?

R. Esa acción de Norte Energia se dio al margen de la licencia. Si los estudios previeron que Belo Monte sería de altísimo riesgo, y que aparejaron una serie de medidas necesarias, y lo que el empresario hizo fue eso… ¿A qué conclusión podemos llegar? Si había medidas para mitigar el altísimo riesgo que Belo Monte suponía para los indígenas y esas políticas no se hicieron, y en sustitución lo que se hizo fue una política marginal de instigación al consumo, de ruptura del vínculo social, de desprecio de la tradición, de manera que los indígenas fuesen atraídos hacia el núcleo urbano por el empresario y abandonados en lo peor de nuestra cultura, que es el consumismo. Y, en el consumismo de los peores bienes, que es la Coca-Cola, que es el aceite… O sea: ¿para qué se hicieron todos los estudios? ¿Tanto antropólogo participando para, a la hora de poner en marcha las políticas, el empresario creara un mostrador directo con el indígena suministrándole lo que le viniera a la cabeza? Lo que sucedió en Belo Monte: el impacto del Plan de Emergencia, que aún no había sido evaluado, hasta ese momento, fue mayor que el propio impacto del proyecto. La acción del empresario fue avasalladora. Por lo tanto, de nuevo, ¿cuál es el impacto de Belo Monte? El etnocidio indígena.

P. ¿Y qué se hace ahora?

R. Hoy Belo Monte es una catástrofe. Tardé un año para ver, un año para conseguir comprender y ahora te voy a decir lo que creo. Si la ley se aplicase en Belo Monte, tendría que suspenderse todo consentimiento de viabilidad de ese proyecto hasta que se realizase un nuevo estudio y se llevase a cabo un nuevo informe de viabilidad, con nuevas acciones paliativas, para un nuevo contexto, en el que pasó todo lo que no podía pasar.

P. ¿Es posible afirmar que Norte Energia actuó y actúa como si estuviese por encima del Estado?

Resulta aterrador cómo la sociedad brasileña asume como natural el etnocidio indígena

R. La empresa se comporta como si fuese soberana. Y por eso creo aquí es como si la ley estuviese suspendida. Es una prioridad tan grande del Gobierno, una obra que tiene que ser hecha a cualquier coste, que la orden jurídica fue suspendida. Y no consigues frenarlo en el Poder Judicial, porque el Judicial ya contempla esa interpretación de que no le cabe interferir en las políticas gubernamentales. Solo que el Poder Judicial está confundiendo legitimidad con legalidad. La política se sustenta en la legitimidad y, tomado un camino, el respeto a la ley no es una elección más, no es opcional. Y aquí sí se ha vuelto opcional. ¿Y quién va a decirle al empresario lo que tiene que hacer?

P. Además de la cuestión indígena, está también la cuestión de los reasentamientos. En noviembre, el Ministerio Público Federal de Altamira realizó una audiencia pública para discutir el reasentamiento de habitantes de la ciudad, que fue muy impactante. ¿Cuál es la situación de esa población urbana en relación a Belo Monte?

R. De nuevo, como en el caso de los indígenas, tenemos una obra de impacto enorme en una región históricamente descuidada, y el Estado tenía que instrumentalizar para que Belo Monte sucediese. Y cuando nos hemos dado cuenta, la obra está en su cénit, y sin la presencia de la Defensoría Pública (Defensor del Pueblo) en Altamira. Hasta 2013, había una persona en la Defensoría Pública del Estado que revisaba la cuestión agraria, una abogada activa en relación a Belo Monte, pero que necesitaba construir una teoría jurídica para actuar, porque era una defensora pública del Estado y las acciones de Belo Monte eran competencia de la Justicia Federal. Después todos fueron trasladados y nadie vino en sustitución.

P. Eso en la Defensoría Pública Estatal. Pero, ¿y en la federal?

R. La Defensoría Pública de la Unión nunca estuvo presente en Altamira.

P. ¿Nunca?, ¿en ningún momento?

R. No. Y la Defensoría Pública del Estado tampoco ha vuelto a estar.

P. ¿La población estaba siendo desplazada por Belo Monte sin asistencia jurídica alguna? ¿Las personas estaban solas?

R. Sí. Es incomprensible que, en una obra que cause un impacto socio ambiental como Belo Monte, la población esté desasistida. En un mundo responsable, eso es impensable. Y creo que para cualquier persona con un raciocinio medio también es impensable. Por lo tanto, hicimos una audiencia pública para que realmente todos pudiesen ser escuchados. Porque un día llegó a mi sala una señora muy humilde. Pocas veces yo me había encontrado con una persona así, porque vino sola y ya era una señora de edad. Y yo no conseguía entender lo que decía. No lo conseguía. Ella estaba abandonada, desesperada y yo le dije: “Usted espere ahí fuera, que voy a resolver algunas cosas aquí y voy con usted personalmente a la empresa”. Porque el reasentamiento, ¿cómo se ha hecho. Norte Energia contrató una empresa que hace el papel de intermediaria entre Norte Energia y las personas. Se llama Diagonal. Así que llegué a la empresa con ella. Es una casa, las personas se encuentran del lado de fuera, con aquel calor de 40 grados, esperando para entrar. Y una a una van siendo llamadas para negociar. Esa señora fue allí a negociar su situación y le ofrecieron una indemnización. Y ella no quería una indemnización, ella quería una casa. Y dijo: “¡No quiero la indemnización, quiero una casa!”. En ese momento estaba hablando con un asistente social de la empresa. Y ahí, si ella no concuerda con lo que se le está ofreciendo, el abogado de la empresa le explicará por qué no tiene derecho a una casa. Y si ella sigue sin estar de acuerdo, ese proceso irá a Norte Energia. Para mí esto ya fue una cosa completamente extraña. La palabra no es extraña…Yo diría que fue una cosa interesante. Porque Norte Energia funciona como una instancia de apelación, de la indignación de la persona contra una empresa contratada por ella. Por lo tanto, la rebelión de la gente es contra la empresa Diagonal. Ahí el caso de la persona irá para Norte Energia y Norte Energia irá con su cuerpo de abogados —26 abogados contratados solo para ese programa— a hacer una evaluación y explicar a la persona las reglas que se aplican. Y que si esa persona no aceptara, tiene un plazo para manifestarlo. Y si no se manifiesta en ese plazo, o si está en desacuerdo, el proceso será llevado a la Justicia y Norte Energia pedirá la emisión de la propiedad. La señora tendrá que salir de cualquier modo y discutir en el juicio esos valores. Mira la situación con la que me encontré. Primero: la mujer no tenía manera de explicar su propia historia, tenía dificultades al hablar. Porque el tiempo de ellos es otro, la comprensión de todo es otra. Estamos hablando de personas de ese mundo aquí, que no es el mundo de allí, es el mundo de aquí. Y que yo misma no tenía la capacidad de entender. Entonces, esa persona, que tiene dificultad para expresarse, ¿cómo va a dialogar sola, en la mesa del empresario, con abogados y personas que no están de su lado? En aquel momento comprendí que, primero, había una confusión de papeles allí, porque Norte Energia se presentaba como instancia de apelación, pero hacía su papel. La otra empresa también hacía su papel. Quien estaba ausente era el Estado. Quien estaba ausente era quien tenía que acompañar a esa persona. Entonces quien estaba ausentándose allí era el Estado. Me resultaba inadmisible que aquella señora estuviese sola negociando en la mesa del empresario. En la audiencia pública apareció otra señora que firmó, pero contó llorando que no sabía leer. Firmó con el dedo. Firmó una indemnización, pero quería una casa. Esto resume la violencia de este proceso. Hay muchos casos. Muchos. Y todo eso estaba ocurriendo porque la Defensoría Pública de la Unión no estaba aquí. Una de las funciones de la audiencia pública fue llamar al Estado. La Defensoría Pública es una institución que está creciendo, que se fortalece, y creo que no puede dejar de lado una realidad con riesgo de gran violación de derechos humanos, como es Belo Monte.

P. ¿Cómo se explica un proyecto de ese tamaño, con miles de remociones, sin la presencia de la Defensoría Pública de la Unión (Defensor del Pueblo)?

La minera Belo Sun presagia una explotación de los recursos de la Amazonia a escala industrial

R. ¿Cómo imaginas una obra con el impacto Belo Monte sobre 11 tierras indígenas, con un efecto que ya es evidente, con alto riesgo de destrucción cultural, sin la Fundación Nacional del Indio (Funai) estructurada? ¿Cómo la Funai está en Altamira con el mismo número de empleados que tenía en 2009? ¿Cómo no se hizo una nueva sede de la Funai? ¿Cómo no se contrató un empleado para la Funai? ¿Y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio)? Tenemos aquí seis unidades de conservación en el área de impacto del proyecto. Entre esas unidades, solo la Estación Ecológica de Terra do Meio tiene tres millones de hectáreas. Si me preguntaras hoy cuántos gestores tiene el ICMBio en esas unidades te lo diré: la unidad de la (Reserva Extractivista) Verde Para Siempre está sin gestor. La unidad del Iriri está sin gestor, fue contratado un cargo en comisión. O sea, no hay personal del ICMBio para cuidar de esa unidad del Iriri. Para la reserva de Riozinho do Anfrísio también fue contratado un empleado ajeno al Instituto. Para el Parque Nacional de la Sierra del Padre, lo mismo. Tenemos Belo Monte con un impacto en su ápice, en el momento de mayor presión antrópica prevista, con unidades de conservación sin gestor. Y el impacto, o deforestación, es una prueba de eso. En la reserva de Riozinho do Anfrísio la extracción ilegal de madera ya cruzó la unidad y llegó a los ribeirinhos (las poblaciones que viven de la extracción de recursos en las riberas de los ríos, sobre todo de los amazónicos). Es una región que está en efervescencia de impacto. Y el concurso público realizado para el ICMBio solo previó la contratación de analistas para el Río Tapajós, donde el Instituto necesita hoy hacer una evaluación positiva para que se autoricen los proyectos de las hidroeléctricas ahí. No consigo entender cómo el Estado se lanza a otro proyecto sin responder por lo que está sucediendo aquí. Te lo digo porque me preguntas cómo es posible que no haya aquí Defensoría Pública. A mí no me sorprende, porque estoy revisando otras instituciones absolutamente indispensables para la licencia de Belo Monte que están totalmente desfasadas. El ICMBio es la prueba. Y los gestores que tienen aquí del ICMBio son extremadamente activos. Pero, solos, no pueden con todo. ¿Cómo es posible que una persona responda por tres millones de hectáreas de la estación ecológica sin apoyo alguno? Lo que puedo decir es que en las investigaciones que hicimos aquí en relación a Belo Monte, lo sustantivo es la ausencia del Estado. En un mundo en el que todo es posible, conseguimos vivir con una realidad en la que ocho mil familias van a ser realojadas sin que la Defensoría Pública de la Unión haya sido activada para venir a Altamira. Belo Monte es el mundo en el que lo increíble es posible.

P. Volviendo al inicio de esta entrevista, ¿cuál es la analogía que usted hace entre los estudios de Hannah Arendt sobre los totalitarismos y la descripción que ha hecho hasta aquí sobre el proceso de Belo Monte?

R. Va quedando más claro, ¿no es así? Cuando te dije que la ley está suspendida, o sea, las reglas, los compromisos asumidos, las obligaciones de la licencia, la verdad pensaba en el estado de excepción. Entiendo que la realidad que describo es la realidad de un estado de excepción.

P. ¿Pero cómo es posible que todo sea posible?

R. Cuando ves al Gobierno lanzarse a un nuevo proyecto, esta vez en el Río Tapajós, con otro impacto brutal, sin responder por el pasivo de Belo Monte, ¿qué te viene a la mente?. Y nosotros, en este día a día de Belo Monte, viendo este impacto, contemplando la deforestación, asistiendo a la cuestión de los indígenas, al sufrimiento de la población local, viendo a las personas morir porque el hospital está a tope, viendo a los indígenas completamente perdidos… Y entonces vemos al Gobierno lanzarse a un nuevo proyecto. La pregunta que toca es: ¿cómo es posible? Belo Monte no acabó. Cuando, un año atrás, la entonces presidenta de la Funai, María Augusta Assirati, concedió una entrevista (a la BBC Brasil) hablando de Belo Monte, dijo la siguiente frase: “Ninguno de los actores implicados estaba preparado para la complejidad social, étnica y de relaciones públicas que fue Monte Belo”. Cuando leo una frase como esta y vemos al gobierno brasileño usar Belo Monte como campaña política en época de elecciones, y lanzarse a un nuevo proyecto, me pregunto: “¿qué decir a un gobierno que reconoce que no estaba preparado para Belo Monte?”. Belo Monte no terminó. Si tienes responsabilidad, tu responsabilidad no acaba porque la tragedia sucedió. O sea, ¿el pasivo de Belo Monte, en el Río Xingu, permanece y el Gobierno va a poner en marcha una nueva contrata en el Tapajós? Y ¿cuál es la prueba de que esa nueva contrata no va a causar un pasivo como este? La prueba tiene que hacerse aquí en Belo Monte. La Funai tiene que estar estructurada aquí. Las tierras tienen que estar protegidas aquí. La población tiene que haber sido desplazada con dignidad aquí. Por lo tanto, cuando me preguntas por Hannah Arendt, me acuerdo de esa frase de la presidenta de la Funai. Cuando Arendt concluyó el juicio del nazi (en su libro “Eichmann en Jerusalén”), dijo lo siguente: “La política no es un jardín de infancia”. Ella estaba analizando el genocidio. Yo no tengo dudas al decir que aquí estamos analizando un etnocidio, y la política no es un jardín de infancia. Por lo tanto, la acción del Ministerio Público aquí es la de responsabilizar hasta donde sea posible. Un día estas acciones van a ser juzgadas. Belo Monte un día será juzgada.

P. La mayoría de las acciones que el Ministerio Público Federal está proponiendo, desde hace años, tropiezan con los presidentes de los tribunales. ¿Por qué? ¿Cuál es su hipótesis?

R. Belo Monte es una obra sub judice. Será juzgada por el Supremo Tribunal Federal (Tribunal Supremo). Son 22 acciones, con contenidos extremadamente diversificados. La postura del Poder Judicial de que el fundamento jurídico, el mérito de la acción, permanezca suspendido de análisis con base en la decisión política, que es la suspensión de seguridad, es una decisión que no precisa el respaldo de la ley, busca el respaldo en los hechos. La suspensión de la seguridad es un mecanismo extremadamente complicado, porque abre el Derecho.

P. Creo que es importante aquí hacer un paréntesis para explicar a los lectores que el mecanismo jurídico de “suspensión de seguridad” (medida por la que se revocan las decisiones de otros tribunales) es un resquicio de la dictadura. Impide cualquier juicio anticipado de una acción, que podría ser solicitado por la urgencia, la relevancia y la calidad de las pruebas presentadas. Se concede por la presidencia de un tribunal, que no analiza el mérito o valor de la cuestión, solo se limita a mencionar razones como “seguridad nacional”. Así, cuando el mérito de la acción se juzga finalmente, lo que en general lleva años, una obra como Belo Monte ya se ha convertido en hecho consumado. ¿Cuáles son las justificaciones del uso de la suspensión de seguridad en Belo Monte?

R. En Belo Monte las justificaciones son la necesidad de la obra, el plazo, el calendario de trabajo, los valores, el cuánto cuesta un día de parada o la cantidad de trabajadores que dependen del proyecto. Con esos fundamentos mucho más fácticos, empíricos y políticos, el mecanismo de suspensión de seguridad permite la suspensión de la decisión jurídica preliminar que se obtiene en las acciones judiciales. Y, con eso, las decisiones acaban perdiendo la capacidad de transformación. Con una excepción en relación a Belo Monte: las personas de derecho privado no pueden requerir la suspensión de seguridad. Norte Energia no podría pedirla. Quien lo hace, entonces, es la Abogacía General de la Unión (Abogacía General del Estado), que actúa al lado de Norte Energia en las acciones judiciales. Todavía la interpretación de ese mecanismo viene permitiendo que se superponga a todas las decisiones —y no solo las medidas cautelares— hasta el juicio en la instancia final. Es un mecanismo que tiene previsión legal, pero es un mecanismo extremadamente complejo porque puede sustentarse en hechos. Y el derecho que se sustenta en hechos es el Derecho que se abre al mundo en el que todo es posible. El Ministerio Público Federal no cuestiona la opción política del Gobierno por Belo Monte, sino cuestiona el debido proceso de licencia. Cuestionamos la legalidad, no la legitimidad de esa iniciativa. Pero el hecho es que esa legitimidad se obtiene sin espacio para el diálogo. Y hoy realmente pienso que la sociedad debería reflexionar y discutir esa opción de interferencia en los ríos de la Amazonia. Ya sabemos el impacto que la deforestación viene causando, sabemos el valor del agua, sabemos el valor de la Amazonia. Por eso, entiendo que estas decisiones que pueden sustentarse en hechos son peligrosas para el Estado democrático de Derecho, ya que lo hechos no siempre tienen respaldo democrático.

P. En su opinión, con todo lo que usted ha manifestado ¿cuál será el juicio de Belo Monte en el futuro?

En una sociedad de consumo, la muerte cultural de un pueblo no duele

R. Ah, creo que esa pregunta es un poco complicada. Sinceramente creo que esa cuestión de la legitimidad de Belo Monte tiene que ser abordada en un debate público. Me coloco como fiscal de la República. Estoy hablando de mi lectura jurídica de este proceso. Ahora bien, si preguntaras a Thais, persona, lo que ella piensa que va a suceder con Belo Monte, yo te diría que hay preguntas que deben ser hechas. ¿Es que el modo de vida de esa región podría ser soportado por otras fuentes de energía? No tengo duda de que sí. En la región, quien necesita de Belo Monte son las industrias siderúrgicas y una minera canadiense (Belo Sun) que se va a instalar y extraer oro a escala industrial, en la región de mayor impacto de Belo Monte. Entonces quienes dependen de esta energía son esa empresa y otras que vendrán. Y esto es algo que me está asustando mucho en relación a Belo Monte. Una de las consecuencias de Belo Monte es esta posibilidad de extracción de recursos minerales a escala industrial en la Amazonia. Y la disputa por esos recursos ya ha comenzado. Me siento preocupadísima con la posibilidad de instalación de un proyecto minero de esa envergadura en la región del epicentro del impacto de Belo Monte, sin que se haya elaborado el estudio del componente indígena y sin la evaluación del Ibama, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Va a haber allí una superposición de impactos.

P. Es muy seria y controvertida, por decir lo mínimo, la instalación de esa gran empresa minera canadiense, Belo Sun. ¿Cuál es la situación hoy?

R. Ese proyecto minero presagia un ciclo de explotación de los recursos naturales de la Amazonia a escala industrial, que se hará viable con Belo Monte. Es también el augurio de un de un grave riesgo. De que grandes proyectos vengan a superponer sus impactos a los de la hidroeléctrica, sin la debida y competente evaluación. Con eso, los impactos de Belo Monte acaban potenciándose en una dimensión extraordinaria. Y lo peor, las acciones paliativas indispensables en el certificado de viabilidad de la hidroeléctrica correrían peligro de perder su eficacia en caso de que no haya un control cuidadoso de la superposición de impactos. Si la generación de energía por Belo Monte depende del desvío del curso del Río Xingu, y la viabilidad de la hidroeléctrica para los pueblos indígenas de la región depende de una fuerte monitorización para que se garantice la reproducción de la vida en el lugar, ¿cómo un proyecto de alto impacto localizado en el corazón del trecho de caudal reducido del Río Xingu puede obtener el certificado de viabilidad sin estudios de impacto sobre los pueblos indígenas? Y, si quien licencia Belo Monte es el Ibama, que es el órgano federal, y quien tiene la atribución constitucional de proteger a los pueblos indígenas es la Unión, ¿cómo esa licencia podría tramitarse ante el órgano provincial? Son estas las preguntas que la Fiscalía llevó al Poder Judicial, siendo que hoy tenemos una sentencia anulando la licencia emitida, hasta que se concluyan los estudios sobre los indígenas. Una decisión que esta suspendida hasta que se vea el recurso de Belo Sun por el Tribunal Regional Federal en Brasilia. Hay también una decisión reciente imponiendo al Ibama que participe en todas los actuaciones de esta licencia ante el órgano provincial. Pero cuando me preguntas qué va a ser Belo Monte en el futuro, creo que la gran cuestión de Belo Monte va a ser: ¿para quién Belo Monte?, ¿por qué Belo Monte?

P. ¿Hay una caja negra en Belo Monte?

R. Los asuntos oscuros de Belo Monte, el hecho de que la obra sea una prioridad absoluta, son cuestiones que la Historia contará y espero que las cuente rápido.

P. ¿Cómo es vivir en Altamira en medio de todos estos superlativos?

R. La verdad es que, en realidad me encanta. Incluso trágica, ¿entiendes? Por más que tengamos ganas de llorar, es impresionante. Me sorprendo cada día con las cosas que suceden aquí, ya sea por el tamaño de las áreas, porque estamos hablando de millones de hectáreas, de comercio ilegal de 200 mil hectáreas de tierra, de deforestación de mil hectáreas. Todo es del orden inimaginable. Por lo tanto, acabo adoptando mucho esa postura de intérprete de la realidad. Cuando decidí quedarme en Altamira, algunas personas dijeron: “¡Vaya, enhorabuena por ese acto de desprendimiento!”. Pero, para mí, estar en Altamira es un privilegio. Conocer las poblaciones tradicionales es un privilegio. Poder recibir a un cacique, aquí, es un privilegio. Por lo tanto, mi relación con Altamira es que cada día me inclino más. Cuando digo que me inclino más es en el sentido de sentirme más humilde ante las gentes de aquí. Hay un momento del día en el que el sol provoca una especie de aura dorada en Volta Grande del Xingu. Voy al río porque quiero verlo. Y cada día es diferente. Nunca está igual. Cuando veo el río, solo puedo agradecer la posibilidad de que exista. Es como esos indios, como esos ribeirinhos. Gracias por ser diferentes, por mostrarme un mundo diferente del que estaba acostumbrada en Curitiba. Creo que es tan bonito el niño que se baña en el barril, y ahí la madre peinándolo, lo coloca en la grupa de la bicicleta y se lo lleva montado. Me encanta ver… Adoro observar. En mi día a día vivo esa fascinación por la región, sabiendo que de aquí para allá tenemos una selva que atraviesa la frontera de Brasil y que es maravillosa. Que es lo que, en el futuro, va tener más valor. Como trabajo en el asunto de Belo Monte, me sale de dentro ese sentimiento de tristeza por conocer la osadía del hombre de alterar aquello, de desviar ese río.

P. Cuando la encontré en una reserva extractivista, días atrás, usted bromeó con que que sentía un poco de envidia de los ribeirinhos. ¿Cómo es eso?

R. Es que creo que su trabajo es más importante que el mío. Lo pienso realmente. Si tienes una mirada hacia ellos como si fuesen pobres, como si no tuviesen nada, nuestra actuación es muy limitada. Hoy los miro pensando que tengo el derecho de que ellos continúen viviendo así. Porque ellos conocen una alternativa. Por lo tanto, hoy siento que es nuestro derecho, del mundo de acá, y no solo de ellos. Esa es la dimensión de la que te hablo. Y ahora reescribo y entiendo mejor mi trabajo, porque obtiene otra dimensión bajo esa perspectiva. O sea, que la Fiscalía protege las poblaciones indígenas y tradicionales no solo porque tienen derechos, sino también porque es importante para el conjunto de la sociedad que su modo de vida perdure. Tienen el derecho de desarrollarse a partir de ellas mismas, y no según lo que creamos que es bonito. Y nosotros, nuestro hijos, necesitamos de ese otro modo de vida, necesitamos que vivan así. Por eso, también, el proceso de Belo Monte en relación a los indígenas es tan doloroso.

P. Usted ha mencionado que sería importante que la sociedad debatiese públicamente sobre la interferencia del Estado en los ríos de la Amazonia. ¿Por qué cree que la sociedad no lo está haciendo? O dicho de otro modo: ¿por qué a las personas no les importa?

R. Esa es la pregunta más difícil. Creo que la Amazonia no interesa solo a Brasil, interesa al mundo entero. Ese impacto tiene que ser discutido hasta la última posibilidad de las fuentes alternativas. Lo que quiero decir es que si la política del Gobierno se sustenta en una legitimidad que depende de la aceptación popular en relación a la utilización de los ríos de la Amazonia como fuente generadora de energía, ese debate tiene que hacerse. Y hoy creo que es un momento importante porque Brasil está viviendo la falta de agua. Y esa falta de agua se relaciona con la deforestación de la Amazonia. Y la deforestación de la Amazonia se ha incrementado, lo sabemos. La gente viene aquí a relatar lo que está saliendo de camiones con madera. Es un relato que ya es público, y Brasil tiene hoy, quizá, el bien más precioso del mundo, que es la Amazonia. Es por eso por lo que este debate es importante, porque tiene que darse a la población el espacio más libre posible de discusión, de diálogo, sobre lo que se pretende hacer con su bien más precioso. Con el riesgo, incluso, de que se le quite. Por eso es realmente importante que se discuta. Creo que cuando no vivía aquí no entendía la dimensión. Lo sabemos de lejos, pero yo no conocía la dimensión de lo que estaba sucediendo. Es muy grande. Primero quita la madera más noble, deforesta y ahí llega el ganado. Incluso la carne… No como carne hace muchos años. Ya tenía una opción vegetariana. Pero ahora, después de ver lo que se necesita para criar un buey y cuánto interfiere en la región amazónica, no tengo valor de comer carne. La carne para mí es como la imagen de aquel tronco que está saliendo de aquí. Sufro al ver el tamaño de los trozos de madera que salen de aquí. Sufro. Duele verlo. Sufro por dejar mi basura aquí. Porque sé que Altamira no recicla. Me llevo mi basura fuera, no la dejo aquí.

P. ¿Se la lleva en avión?

Hannah Arendt conocía los estados totalitarios. Conocía el mundo del genocidio judío. Es posible ver Belo Monte del mismo modo

R. Me la llevo para ser reciclada en Curitiba. Porque vivimos en la frontera de la Amazonia, en una región en que el tema de la basura es extremadamente complicado, y realmente hay que tener valor para tirarla; yo no lo consigo. Una vez leí un libro que se llama “Los ciudadanos siervos” de Juan Ramón Capella. Y me acuerdo que ese libro hablaba de lo siguiente: que las personas aprietan la descarga de la cisterna del baño y tienen la sensación de que están limpiando su casa. Y cuando tiras de la cadena la verdad es que estas ensuciando el mundo. Por lo tanto, tengo esa sensación fuerte de que cuando pongo mi bolsa de basura en la calle, en vez de hacer un compostaje, estoy ensuciando el mundo, estoy ensuciando mi casa, porque mi casa es el mundo. Creo que el debate en torno a la Amazonia pasa por eso. Es un debate en torno al individualismo, a la forma como las personas viven centradas en el consumismo, en lo que buscan, que está desconectado del otro y está desconectado del mundo. Para mí está muy claro que mi casa no acaba en la puerta de mi casa ni mi responsabilidad por el mundo acaba en la puerta de mi universo individual. No es razón, es un sentimiento de que la casa de los demás está aquí también. En ese contexto en el que vivimos, las personas tienen una preocupación con el yo, con la belleza, con la estética, con el consumo. Por lo tanto, es muy difícil tener un debate público sobre cuestiones ambientales. Es la marca misma de una época. Y hay otro asunto que creo que es más fuerte todavía y que me asusta más en Belo Monte. Te lo voy a explicar con un poco de calma… ¡No va a acabar nunca la entrevista!

P. Esté tranquila…

R. Creo lo siguiente. Ya conté que veo Belo Monte como un etnocidio. Cuando Hannah Arendt estudia los regímenes totalitarios hace una descripción del nazismo, una descripción de la política de Hitler que es muy interesante. Hitler afirmaba que había descubierto una ley natural y que esa ley natural era una ley de superposición de una raza, de un pueblo sobre otro. Los judíos serían un obstáculo que naturalmente sería superado por esa ley natural. Cuando digo que los estudios de Belo Monte identificaron un proceso de desestructuración de los pueblos indígenas de la región que ya había comenzado con la construcción de la carretera Transamazónica, y que Belo Monte solo acelera ese proceso, me viene esa imagen de Hannah Arendt diciendo que Hitler solo descubrió una forma de acelerar el proceso de una ley natural que afirmaba haber descubierto. Y aquí, lo que Belo Monte hace a ese proceso de desestructuración iniciado con la Transamazónica, es acelerarlo a un ritmo insostenible para los indígenas. Y tal vez sea esa la justificación de las suspensiones de las decisiones judiciales y de que la ley no se aplique aquí. Lo que me asusta es la manera como la sociedad asume como natural ese proceso con una visión de que es inevitable que los indígenas vayan a ser asimilados por la sociedad circundante, por la sociedad hegemónica. Y aceptar que Belo Monte va a generar la pérdida de referencias y conocimientos tradicionales en relación a la Amazonia, la pérdida de otras formas de ver el mundo que podrían ser formas de salvación, incluso, en el futuro. Entonces, este proceso de etnocidio es asimilado, y al serlo no le duele a la gente. No duele el hecho de que los indios estén muriendo. En una sociedad de consumo, mientras no se pierda el yo hegemónico de cada uno, la muerte cultural de un pueblo no duele. Por lo tanto, lo que siento es que es tremendamente aterrador el modo en que la sociedad acepta este proceso.

P. ¿Es por eso, al final, porque la mayoría de la población brasileña no se conmueve con la muerte cultural de los pueblos indígenas, ni incluso con su muerte física, ni se conmueve con la muerte de la selva, por lo que Belo Monte es posible a pesar de atropellar la ley?

R. En última instancia, las decisiones judiciales también tienen el respaldo de la sociedad. Si esas suspensiones de seguridad causaran una reacción muy fuerte, no tendrían legitimidad. ¿Por qué el silencio? ¿Cómo es posible que la sociedad acepte la no garantía de los derechos de los pueblos indígenas?. Lo acepta porque asume ese proceso, que es un proceso totalitario. Es un proceso en el que el yo único, el todo, prevalece sobre lo diferente. Y que no seas capaz de mirar al diferente con respeto, como algo que es diferente a ti, de tu yo. Es una realidad, incluso, que estamos viviendo de dificultad para los pueblos indígenas, para las poblaciones tradicionales, para mantener esas culturas diferentes. Aunque hoy exista una serie de garantías fundamentales, de orden internacional, en la Constitución Federal, es muy difícil. Y por eso aquí, en Brasil, quien da la palabra sobre eso es el Supremo Tribunal Federal. Y el Supremo tiene que hacer eso, por lo que dice la Constitución. Entonces un día todo esto va a ser juzgado. Un día el Plan de Emergencia va a ser juzgado por el Supremo. Un día el modo en que los indios no fueron escuchados en este proceso va a ser juzgado por el Supremo.

P. Pero ahí el hecho ya está consumado

R. Sí, ese es el problema. Es el hecho que cada día se consuma.

P. ¿Usted se siente impotente delante de Belo Monte, de ese hecho que se consuma a pesar de todo el esfuerzo, de todas las acciones, y sin apoyo de una sociedad que se excluye?

R. Creo que el Ministerio Público Federal no está impotente. Pero creo que hoy, solo, únicamente por la vía del poder judicial, el Ministerio Público Federal no consigue hacer que la ley se aplique aquí. Belo Monte es un desafío al estado de Derecho. Por encima de todo, creo que la historia tiene que ser contada. Y lo que el Ministerio Público Federal viene haciendo aquí en Altamira es la historia viva de Belo Monte. Y ahí yo diría: la Fiscalía no calla. No sé lo que la Historia va a decir de Belo Monte. Pero lo que yo puedo decir es que el Ministerio Público Federal no se calló.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. @brumelianebrum

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