Amnistía Internacional critica el plan de restitución de tierras en Colombia

"¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y mataron a sus familiares podrían estar esperándolo?", preguntó ayer Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional en Colombia, en la presentación en Bogotá del informe Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia. En este documento se evalúa la efectividad de una ley que se centra en resarcir a las víctimas del conflicto armado y devolverle la tierra a los que han tenido que abandonarla. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras lleva dos años aplicándose y es una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos, pero presenta graves lagunas según la organización internacional.

Las amenazas y homicidios a los que se enfrentan los que reclaman sus tierras, sumados "a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente", impiden que Santos cumpla con la promesa de restituir las tierras robadas, explica el estudio. El informe concluye que la forma en la que se aplica dicha ley es demasiado lenta y "defrauda a la mayoría de las personas a quienes se robó la tierra".

Para Amnistía Internacional, no basta con que el Gobierno devuelva a los aproximadamente seis millones de desplazados sus tierras, sino que además tiene que garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Y no solo de ellos, también de los jueces y funcionarios que participan en el proceso de restitución y pueden sufrir amenazas. Según datos de la fiscalía colombiana, citados por la organización, hasta agosto de 2014 se investigaban 35 homicidios relacionados con tierras. Pollack afirmó que si el Gobierno no se ocupa de esta violencia "sus políticas no serán más que meros gestos vacíos".

Otra de las críticas es que hasta ahora la restitución se ha centrado en devoluciones de tierras "a pequeña escala y relativamente sencillas", dejando a un lado las que han sido ocupadas por empresas nacionales y multinacionales que, según el informe, "han utilizado reiteradamente el conflicto armado para promover, consolidar y proteger sus intereses económicos".

El estudio asegura que hasta el 1 de agosto de 2014 solo se han restituido 29.000 hectáreas a 2.000 campesinos. "Es una fracción de los ocho millones de hectáreas que se cree que fueron adquiridas ilegalmente en el conflicto", dice el informe.

El Gobierno ha respondido. Según la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia es el único país que asumió la devolución, y todas las familias que han vuelto se mantienen en ellas. "Existen garantías para un retorno seguro y sostenible", explica este organismo. Según el Gobierno, hay 300.000 hectáreas en manos de los jueces para ser restituidas.