Críticas de falta de transparencia en el tratado de la UE con EE UU

Falta de transparencia es la principal crítica que organizaciones sociales aducen a la hora de referirse a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocida como TTIP (sus siglas en inglés), que la Unión Europea y Estados Unidos negocian desde junio del año pasado. Esta mañana lo han dejado patente los asistentes a un debate organizado en Madrid por la oficina del Parlamento Europeo en España en el que han participado representantes de la Eurocámara y la Comisión. Antonio Fernández-Martos, director general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, ha señalado que se trata de la "prioridad número uno de la política comercial española". Frente a los argumentos de las instituciones comunitarias, que lo ven como una oportunidad y aseguran que podría suponer un aumento del 0,5% del PIB europeo y la creación de 400.000 puestos de trabajo —140.000 de ellos, en España—, las organizaciones han puesto el foco en la opacidad de las negociaciones y han alertado acerca de la pérdida de derechos de los europeos que podría acarrear.

"El acuerdo pretende eliminar aranceles sobre bienes y restricciones sobre servicios, abrir mercados públicos y facilitar las inversiones en ambos sentidos. Debe fomentar el comercio transatlántico, reducir costes y precios y crear crecimiento y empleo en ambos lados del Atlántico". Esta es la explicación oficial de los objetivos que persigue el TTIP. "Se trata de un pacto que podría aportar beneficios por valor de 119.000 millones de euros a la UE y de 95.000 millones de dólares a EE UU", ha resaltado Santiago Fisas, eurodiputado del Partido Popular. "La UE y EE UU ya suman el 60% del PIB mundial. Este tratado es fundamental desde el punto de vista geopolítico, para que Europa recupere un papel de liderazgo", ha indicado Inmaculada Rodríguez-Piñero (del PSOE).

Ambos han sido los dos únicos parlamentarios invitados como ponentes a la mesa redonda, pues son los dos únicos españoles miembros titulares de la comisión de comercio internacional, la encargada de tratar el asunto en la Eurocámara, según ha explicado el director de la oficina del Parlamento Europeo en España, Ignacio Samper. La ausencia de pluralidad política ha sido afeada por varios de los presentes como público en el debate, entre ellos, por una representante de Lola Galán, eurodiputada de Podemos que es suplente en dicha comisión.

"Estamos haciendo esfuerzos para informar del TTIP", ha afirmado en varias ocasiones Jochen Müller, analista político de la Comisión Europea en España, que ha remitido a la página web disponible en la que leer el mandato negociador que el Consejo entregó a la Comisión, que se publicó casi un año después de haber empezado las negociaciones. Florent Marcellesi, portavoz de Equo en la Eurocámara, ha criticado que únicamente siete eurodiputados, uno por cada grupo parlamentario, puedan acceder a los documentos de la negociación en una sala a la que solo pueden entrar con papel y bolígrafo. "Son las normas. Hemos de preservar nuestras cartas frente a EE UU", ha justificado Müller.

El mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados ha sido otro de los puntos objeto de críticas. "Este mecanismo no es necesario. En EE UU y en la UE ya existe un sistema jurídico sólido y eficiente", ha defendido Rodríguez-Piñero. Fisas ha indicado que el Partido Popular Europeo aún no ha definido su postura al respecto, aunque ha manifestado que su formación es más bien proclive a la creación de este mecanismo al cual las empresas puedan recurrir para reclamar a los Estados, "sobre todo en casos de expropiaciones y en algún que otro supuesto". Luis Rico, de Ecologistas en Acción, se ha opuesto frontalmente: "En el mejor de los casos, los Estados pueden no perder frente a las compañías. Pero habrán gastado dinero e invertido muchos esfuerzos en estos procesos. Si pierden, pueden estar obligados a afrontar multas millonarias".

Representantes de sindicatos, de asociaciones sanitarias, ecologistas y profesores universitarios han alertado sobre las posibles pérdidas en cuanto a derechos laborales y de protección social y medioambiental. Han criticado, entre otros asuntos, las presiones de EE UU para introducir en Europa alimentos transgénicos, han asegurado que se ha roto el diálogo social —sostienen que la mayoría de los interlocutores en las conversaciones que los negociadores están manteniendo con organizaciones de la sociedad civil son lobbies y grandes corporaciones— y que puede aumentar el precio de los medicamentos. Los representantes de las instituciones comunitarias han insistido en que el TTIP en ningún caso supondrá una reducción de los estándares que han sido alcanzados en Europa.