“La legislación en materia de derechos humanos es endeble en México”

La muerte de 22 militares a manos del Ejército en Tlatlaya, la desaparición de 43 estudiantes en Iguala tras un enfrentamiento con agentes municipales, el fallecimiento de un universitario en Guanajuato durante la celebración del festival cultural Cervantino después de ser detenido por policías… la lista de sucesos donde se pone en duda la actuación de las autoridades mexicanas en los últimos meses no pasa desapercibida para los organismos internacionales.

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la situación de los derechos humanos en México arroja luces y sombras. “Por un lado en los últimos años ha habido una reforma constitucional en esta materia, el anuncio de un plan nacional, y existe un entramado institucional consolidado que entre todas las comisiones de derechos humanos (nacionales y estatales) cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares”. Álvarez Icaza señala que para entender de qué dimensiones estamos hablando basta con comparar esta cifra con la que maneja la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: 87 millones.

Para el secretario de la CIDH, los sucesos de Tlatlaya e Iguala, que han trascendido a los medios internacionales, representan un escenario “de extrema gravedad”. “Lo de los militares en el primer caso revela una situación de venganza y vincula lo acontecido en el sexenio pasado, [la guerra contra el narco de Felipe Calderón dejó más de 60.000 muertos] con el actual. En Iguala, sin embargo, estamos ante una situación de desaparición forzada y se hace especialmente grave al darse en un contexto de reincidencia. Ya se había dado un hecho similar antes.

En opinión de Álvarez Icaza “el país carece de controles o no funcionan. La legislación en esta materia es endeble y es necesario que se desarrolle un marco de regulación sobre el uso de la fuerza”. “El factor común en todos ellos”, continúa, “es que estos hechos están ligados al dilema del desafío de impunidad. No solo es responsabilidad de los ejecutivos, también de los poderes judiciales”. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana rechaza valorar si esta es la peor crisis de Derechos Humanos que haya vivido el país, pero reconoce que la situación actual es de “extrema gravedad” y evoca a tragedias como la de “Aguas Blancas (masacre de campesinos en Guerrero a manos de la policía estatal en 1995) o Acteal (matanza de indígenas en Chiapas, 1997)".

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, va más allá y compara los dos últimos casos con la masacre de estudiantes en la plaza Tlatelolco, en la Ciudad de México, ocurrida durante una manifestación el 2 de octubre de 1968. En entrevista con la prensa mexicana, el responsable de HRW consideró que la desaparición de 43 estudiantes de magisterio el pasado 26 de septiembre en Iguala, así como el hallazgo de un buen número de fosas clandestinas en la zona los días siguientes “son muestras de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de derechos humanos, la corrupción y la impunidad”.

“La crisis que arrastra el país desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es la más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco”, valora.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional demandó en días a la Cámara de Diputados que conforme una comisión de la verdad para esclarecer tanto lo que pasó en Iguala con los 43 normalistas, como lo que ha sucedido con los derechos humanos en el país en los últimos años. Antes de los sucesos recientes, en febrero pasado, Salil Shetty, secretario general de AI, dijo a la cadena CNN que su organización está cada vez más preocupada “por la crisis de derechos humanos que enfrenta el país”. “Crisis en tema de desaparecidos, migrantes [menores no acompañados y adultos centroamericanos víctimas de la violencia del crimen organizado en territorio nacional, antes de alcanzar Estados Unidos], refugiados y los ataques a los defensores y a los periodistas”, aseguró.

En este último ámbito, Article 19, un colectivo internacional que defiende la libertad de expresión, ha reiterado sus denuncias sobre el acoso a los profesionales de la información en México. “La crisis se ha ido gestando desde hace 10 años”, asegura el director para México y Centroamérica, Darío Ramírez. “Desde finales del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) los homicidios comenzaron a subir y la situación de violencia se agudizó con la crisis de seguridad de Felipe Calderón. El deterioro es constante. Lo que hace más extrema la crisis es que a pesar de que hoy tenemos una ley de protección y protocolos para periodistas, la violencia contra la prensa sigue en aumento”, concluye.

Precisamente, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de Justicia mexicana, registró en su primer informe, dado a conocer en junio pasado, 102 homicidios contra la prensa en los últimos 14 años. En este mismo período, alrededor de 500 periodistas fallecieron en todo el mundo por ejercer su profesión, según la ONU, lo que significa que una quinta parte de estos trabajaba en México.