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TRIBUNA

Colombia viene

Cuando los ciudadanos tratan de disputarle la cancha al narco, la reacción es particularmente brutal

A principios de siglo México tenía un índice de menos de 10 homicidios por 100.000 habitantes y año y Colombia aún contabilizaba alrededor de 50. Hoy México pasa largamente de 20 y Colombia pugna por bajar de los 30. Si la historia no cambia de signo la gráfica podría un día cruzarse, los unos empeorando, los otros arañando cada punto de alivio. Es lo que podría haberse llamado la colombianización de México y que hoy desmiente el proceso de paz con las FARC. Y la reciente desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en Iguala (Guerrero), que ha provocado la violenta protesta de sus compañeros contra una Policía Municipal responsable de lo que muchos ya temen que sea la muerte de todos ellos, recuerda al presidente Enrique Peña Nieto que su ambicioso plan de modernización política y económica debería comenzar con la recuperación por parte del Estado del monopolio de la violencia.

México ha estado históricamente mal servido de fuerza pública, si no en su número, sí al menos en su eficacia. Y una policía inoperante y mal pagada constituía un vacío extraordinariamente apetecible para el narco, que ya en los años noventa desbordaba el marco exclusivamente colombiano, para instalarse con especial virulencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. El jefe de Guerreros Unidos, la banda más activa de narcotraficantes en la zona, que hoy está detenido, era quien pagaba la nómina de la fuerza pública municipal. El narco era ya, mucho más que una fuerza dedicada a la explotación del negocio de la droga, un aspirante a ordeñar la riqueza local que cobraba directamente los tributos de la ciudadanía. La prensa mexicana ha publicado que en Michoacán se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública, y del 20%, como coima regularizada, de la nómina de la burocracia estatal.

No se trata tan solo de contaminación de las estructuras del poder, sino de la ocupación por el crimen organizado de ese territorio, con la necesaria complicidad de todos sus paniaguados. Y eso explica el porqué de la matanza o desaparición de los 43 estudiantes: lo que libra el narco es una guerra preventiva, un aviso a la sociedad de que cuando cuerpos ciudadanos con alguna articulación societaria como los alumnos de la Escuela Normal tratan de disputarles la cancha, la reacción es particularmente brutal para que tome nota el país; lo que en la extorsión sistemática de comerciantes, que también practican, se llama el derecho de piso.

Así, mientras Peña Nieto lucha por aplicar su múltiple reforma —energética, política, fiscal, de telecomunicaciones y educativa— ve cómo le estalla Guerrero, como hace 20 años, en 1994, estallaba la revuelta zapatista de Chiapas, momento a partir del cual cabría datar la cuesta abajo del Estado mexicano.

El escritor Héctor Aguilar Camín ha escrito que urge una redefinición del papel del Estado frente a esa tentacular amenaza, o, posiblemente mejor, una refundación, como la que el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha presentado como objetivo del proceso de paz, y está frecuentemente en boca de los bolivarianos: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y Nicolás Maduro en Venezuela. México es por ello cada día más un país latinoamericano.