La Fiscalía acusa a tres soldados de homicidio por la matanza de Tlatlaya

El procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ha anunciado que tres militares que participaron en la matanza de Tlatlaya, en la que murieron a balazos 22 supuestos narcos, han sido acusados formalmente de homicidio. Estos soldados, tras un primer enfrentamiento, entraron en la bodega que servía de guarida a los sitiados y, según el procurador, dispararon “sin justificación alguna”. Esta acusación llega en el mismo día en que el juez militar que investiga el caso ha dictado auto de prisión contra un teniente y siete soldados por desobediencia e infracción del deber.

Con esta vuelta de tuerca, las autoridades mexicanas tratan de cerrar la espita de desconfianza abierta en los organismos de derechos humanos después de que durante casi tres meses el Ejército mantuviera una versión inverosímil sobre las muertes. Este relato sostenía que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se había topado de madrugada y por casualidad con una bodega custodiada por “personal armado” y que este, al ver a los soldados, empezó a disparar. El resultado fueron 22 “supuestos agresores” muertos y un militar herido sin gravedad.

Los militares no facilitaron las identidades de los fallecidos, ni tampoco aclararon cómo fue posible que muriesen todos los supuestos narcos, sin que quedase ninguno herido, ni cómo se logró que no hubiese ninguna baja entre los soldados.

La puntilla a esta versión la dio una superviviente de la matanza, que el Ejército creyó que había sido secuestrada. La mujer, madre de una fallecida en Tlatlaya, contó a la revista Esquire que los soldados habían matado a sangre fría y uno a uno a los supuestos narcos después de que estos se hubiesen rendido. El testimonio disparó las críticas hacia el hermetismo castrense y llevó incluso a Estados Unidos a pedir públicamente una investigación fiable y en manos de autoridades civiles. Convertido en un problema político de primer orden, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ordenó a la Procuraduría General que investigase los hechos, abriendo así el camino a una purga sin precedentes en las filas castrenses y que, poco a poco, va despejando las brumas sobre el caso. Por el camino quedan, con todo, organismos como la Procuraduría del Estado de México que avaló una y otra vez la actuación de los militares e incluso certificó que ninguna muerte se había producido por disparos a corta distancia.