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Caos económico en la tierra sin agua

El derrame de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en el río Sonora, al norte de México, atenaza los mercados locales

Luis Pablo Beauregard
Un habitante de Aconchi muestra una roca con residuos tóxicos
Un habitante de Aconchi muestra una roca con residuos tóxicosL.B.

“Traiga usted al diablo a Sonora, va a ver qué a gusto se queda”, dice Lucy detrás de unas gigantescas gafas de sol. Desde hace 26 días se sienta durante diez horas al día bajo una carpa en el centro del municipio de Ures para administrar un oasis compuesto por decenas de garrafas de agua color azul eléctrico. Aquí el sol castiga a quien sale de casa con 38 grados centígrados antes del medio día. En este infierno terrenal no hay agua desde que el pasado 6 de agosto la mina Buenavista del Cobre derramara 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, obligando al cierre de pozos de agua potable en lo que es hasta la fecha el peor accidente de la industria en el país. El agua envenenada no solo ha causado daños ecológicos, sino que ha emponzoñado la economía local afectando a 23.000 personas de 43 comunidades de esta zona semidesértica al norte de México.

El operador de la mina, Grupo México, una de las empresas más importantes del país (reportó 1.716 millones de dólares de ganancias netas en 2013), ha contratado camiones cisterna e instalado puntos como el que atiende Lucy en siete municipios. En cada uno de ellos se regala diariamente agua purificada a un millar de personas que se acercan a pedir botellas o a llenar recipientes. “Sabemos desde cuando estamos, pero no hasta cuándo vamos a estar”, dice la encargada.

La incertidumbre comienza a carcomer a los habitantes de la zona. En los poblados de la ribera del río Sonora no hay miseria a la vista, pero tampoco bonanza. Son familias que se emplean como ganaderos, agricultores o pequeños productores. Uno de ellos, Marco Moreno, teme lo desconocido. El empresario autodidacta no sabía, hasta ahora, lo que era una crisis. Hace 17 años comenzó a fabricar jamoncillos, dulces de leche típicos de la región, con la receta de su suegra. Empezó vendiéndolos en la calle. Ahora da trabajo a 12 personas y exporta a ciudades de Estados Unidos con población latina.

El agua envenenada ha emponzoñado la economía local afectando a 23.000 personas de 43 comunidades

Hace unos días uno de sus vendedores en el Estado le regresó el producto casi intacto. “No lo quieren porque mi etiqueta dice que viene de la zona del río Sonora”, admite. Decenas de notas en periódicos y en informativos han equiparado con veneno a cualquier cosa que provenga de esta región. Desde hace un mes sus ventas han caído un 30% y ha despedido, de forma temporal, a ocho de sus empleados. Su fábrica, repleta de un olor dulzón que desprenden gigantescos cazos de caramelo cocinados a fuego lento, también ha dejado de producir dos días por semana. “Nunca había parado por falta de venta”, dice con resignación.

Toda la cadena productiva se ha afectado. A unos kilómetros de Ures, en Banámichi, los lecheros han tenido que arrojar al desagüe 24.000 litros de leche porque nadie la compra a pesar de que han gastado 500 dólares en analíticas para comprobar que su producto no está contaminado. Los queseros comienzan a apilar sus productos. La familia Fimbres tiene unos 4.000 en los ocho refrigeradores de su casa. “Nuestro nombre está por los suelos ¿Dónde quedó la reputación de todos los viejos que se partieron la madre por esta tierra?”, dice el lechero Cosme Jacinto mientras cierra los puños con fuerza.

Los poblados que forman la ruta del río Sonora fueron fundados por misioneros franciscanos y jesuitas en el siglo XVII. Los cronistas aseguran que desde 1650 la minería ya era importante en la zona. En la década de los ochenta del siglo pasado, cuando la mina era operada por el Estado mexicano, hubo al menos tres derrames tóxicos en el río. La situación del pasado agosto es más grave. El vertido de sulfato de cobre acidulado dio un tono ferroso a las escasas aguas de un río que solo tiene crecida una vez al año. El temor de los pobladores es que el débil caudal permita que los residuos tóxicos queden en los sedimentos, y que posteriormente estos contaminen los mantos. Los alcaldes de la zona han acusado a Grupo México de realizar una limpieza “cosmética” que no se ha realizado con apremio.

Un camión cisterna del Grupo México reparte agua casa por casa
Un camión cisterna del Grupo México reparte agua casa por casaL.B.

Todos los pozos que se encuentran a menos de 500 metros de distancia del lecho del río han sido cerrados. Esto ha dejado a los agricultores sin agua para regar sus tierras. Los principales cultivos de la zona como el cacahuete, la calabaza, el chile y la nuez, que deben cosecharse en otoño están en un momento crítico. “Si no se riegan esta semana se pierden”, señala Jesús Acuña, del municipio de Aconchi.

Jesús y otros de sus vecinos tomaron la carretera el miércoles 3 de septiembre en protesta por el incumplimiento del Gobierno. Hace un mes las autoridades les prometieron un pozo para la comunidad. A un mes de la crisis no se ha comenzado a perforar. “Nos estamos desesperando”, dice Celia Nares, que bloqueó la vía a 41 grados de temperatura.

Nuestro nombre está por los suelos ¿Dónde quedó la reputación de todos los viejos que se partieron la madre por esta tierra?
Cosme Jacinto, lechero

El Gobierno de Guillermo Padrés, del conservador PAN, ha hecho del agua un tema político gracias a su proyecto estrella: un polémico acueducto que transvasa líquido a Hermosillo, la capital del Estado (700.000 habitantes) para combatir la escasez. Ha sido un capricho del destino que la más grave crisis que tenga que enfrentar esté relacionada con el agua.

Padrés ha puesto en marcha para combatir el grave impacto económico del derrame tres centros de acopio donde el Gobierno comprará a los agricultores sus productos para comercializarlos. Este miércoles, Alberto Vázquez fue uno de los primeros en llegar al centro de Arizpe, improvisado en la modesta biblioteca del pueblo. El campesino llevó 7.8 kilos de chiltepín, un chile local muy codiciado por el que recibirá 6.240 pesos (470 dólares). Aunque no tiene muchas opciones, considera que “perdió” en el negocio. “Aquí me pagaron a 800 pesos el kilo, cuando lo normal son 1.000 pesos”, dice.

Ismael Hurón, el anciano bibliotecario, ha quedado arrinconado en una esquina del edifico ante el despliegue del Gobierno, que ha llevado básculas, cajones y refrigeradores a la biblioteca. En su escritorio descansa un libro sobre tormentas y huracanes. “A ver si nos llega uno”, dice entre risas. Solo un diluvio de grandes proporciones puede salvar al infierno que no tiene agua.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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