Un uruguayo velará por la libertad de expresión en Latinoamérica

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, una de las oficinas más prominentes -y por algunos Gobiernos, cuestionadas- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya tiene nuevo jefe. Se trata del abogado y periodista uruguayo Edison Lanza, a quien los comisionados seleccionaron este miércoles como sucesor de Catalina Botero, cuyo mandato concluye a comienzos de octubre.

La carrera profesional de Lanza, de 44 años, ha estado estrechamente vinculada a la libertad de expresión y al periodismo, que ha ejercido y sigue ejerciendo como actividad paralela al derecho. Es además un viejo conocido de la CIDH, ante la que ha acudido en varias ocasiones como representante de víctimas de violaciones del derecho a la libertad de expresión en su país en casos emblemáticos que, entre otros, derivaron en una reforma legal que despenalizó en Uruguay los delitos de comunicación.

Lanza fue seleccionado entre otros por "su capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del sistema interamericano de derechos humanos", ha dicho la CIDH al anunciar su decisión. En su elección pesó también "el amplio respaldo que recibió su candidatura (...) expresado por organizaciones de la sociedad civil de numerosos países de la región", agrega.

En un cuestionario que elaboraron de cara a la elección del nuevo relator las organizaciones civiles Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Open Society Justice Initiative, el propio Lanza se pronunció a favor de la búsqueda de consensos.

“Hay que buscar un equilibrio entre la capacidad de actuar ante situaciones de urgencia (medidas cautelares y comunicaciones, entre otros), y promover el trabajo en conjunto con todos los actores, incluidos y en especial los propios Estados”, respondió en este sentido.

El uruguayo se ha impuesto a otros cinco finalistas: la guatemalteca Ileana Alamilla Bustamante, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, el chileno Francisco Cox, el argentino Damián Miguel Loreti y el peruano David Lovatón.

Entre los “requisitos mínimos” para aspirar al puesto de la CIDH había destacado una “alta calidad moral e independencia”, así como al menos 15 años de experiencia en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional, además de ser ciudadano de uno de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que está adscrita la Comisión y, por ende, la Relatoría.

El cargo es por tres años renovables una sola vez, motivo por el cual la colombiana Botero, al frente de la Relatoría desde 2008, abandona ahora el puesto.

Desde su creación, en 1997, la Relatoría ha estado rodeada de polémica, en buena parte por su papel inherente de llamar la atención a los Estados sobre eventuales fallos a la hora de proteger la libertad de expresión. Durante la era de Catalina Botero, los ataques arreciaron sobre todo de países como Ecuador o Venezuela, que han criticado sus cuestionamientos a sus leyes de comunicación o acciones judiciales contra informadores.