Portugal va por rutas secundarias

En otoño de 2011, el Gobierno portugués buscaba múltiples maneras de enjugar la deuda, embridar el déficit público y convencer a la troika de que iba a cumplir con lo exigido tras pedir meses atrás los 78.000 millones de euros que libraron al país de una más que segura bancarrota. Así, en octubre, en una solemne alocución televisada, el primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, anunciaba la primera de las baterías de recortes y ajustes que iban a encadenarse sin tregua a lo largo de tres años. Los portugueses comenzaban a entender qué significaba eso de “vivir troikado”. En esa primera comparecencia, Passos Coelho (que siempre ha dado la cara a la hora de anunciar malas noticias) adelantó, entre otras cosas, que los funcionarios y pensionistas se quedaban sin paga extra de verano, que subían varios impuestos, que aumentaba el IVA desde el 13% hasta el 23% en casi todo, que determinadas consultas médicas serían de pago a partir de enero, incluidas las urgencias, y que un conjunto de autopistas serían de peaje en diciembre.

Nadie se fijó mucho en las autopistas ese día.

Pero llegó diciembre y, efectivamente, estas modernas vías de comunicación, de tres carriles por sentido, modernas y operativas, inauguradas la mayoría hacía una década gracias a los fondos europeos, dejaron de ser gratuitas. Tenían un nombre algo abstruso, SCUT, un acrónimo procedente de la frase Sem Cousto Para el Utilizador que a partir de entonces dejaba, evidentemente, de tener sentido. Entre estas autopistas se cuenta la A-22, conocida como Via do Infante, de más de 100 kilómetros, que discurre paralela al litoral sudatlántico portugués, en el Algarve, desde Bensafrim hasta la frontera española de Ayamonte, pasando por las localidades de Portimão y Faro. Los operadores turísticos clamaron por lo que temían su ruina y los automovilistas y comerciantes de la zona anunciaron protestas. Efectivamente, hubo manifestaciones y cortes de carreteras. Incluso un par de arcos de cobro fueron inutilizados a base de disparos de escopeta de caza hechos desde el coche, en una suerte de nocturno terrorismo motorizado antipeaje. Pero la decisión del Gobierno prevaleció y la autopista siguió siendo de pago para mejorar la recaudación de la hacienda portuguesa.

“Fue el 8 de diciembre de 2011, me acuerdo perfectamente de la fecha”, dice Víctor Carvalho, camarero en un restaurante de la carretera. “De pronto, todos volvimos a la vieja carretera. A mí utilizar la autopista me suponía cinco euros al día, cosa que no estaba dispuesto a pagar. La carretera de siempre se volvió muy peligrosa, y así sigue”.

La autopista redujo un 50% su tráfico y el turismo se resintió a ambos lados de la frontera. En la parte portuguesa se calculan pérdidas de 30 millones de euros al año y en el lado español se fijan en una reducción de la actividad económica en un 25%, según datos de un foro de la Comisión de Utentes da Via do Infante, con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Loulé.

Paralela a esta autopista discurre la vieja carretera nacional EN-125 a la que se refiere el camarero Carvalho. De dos carriles por sentido, con arcenes desiguales y salidas e incorporaciones un tanto desconcertantes, constituye la vía típica que une localidades costeras a base de hilvanar fincas agrícolas y talleres de reparación a la que la joven autopista había desembarazado de buena parte de su circulación.

Ahora, y desde entonces, acumula colas, cruces peligrosos, camiones que arrastran rosarios de coches detrás. Cruzarla es peligrosa. Circular por ella, también. Hay vendedores de (soberbias) naranjas a tres euros la bolsa en el borde, ciclistas arriesgados que circulan al lado de camiones kilométricos que transportan gasolina, hay cubos de basura de las fincas cercanas que aguardan el camión de recogida de cada día, hay restaurantes de carretera y centros de lavados de coches, hay tractores… Y peatones suicidas que la cruzan a la carrera.

Al conductor que pasa por ahí le asalta la impresión de volver en el tiempo, de circular en los años setenta

Al conductor que pasa por ahí le asalta la triste impresión de volver atrás en el tiempo, de circular en medio de los años setenta, de sentir cómo un país entero recula. De otra manera: de cómo Portugal se encoge, retrocede y cómo de repente carece de los medios suficientes, entre otras cosas, como para mantener sus propias inversiones, para que funcione su propio motor.

Mientras, la autopista moderna y vacía que se extiende a pocos kilómetros al norte es de golpe demasiado cara y demasiado buena para el país que la construyó pero que es incapaz de disfrutarla. Una suerte de símbolo de Portugal, donde los inmigrantes jóvenes bien formados (ingenieros, arquitectos o médicos) salen del país hacia Angola, Brasil o Mozambique a buscarse el futuro que ha desparecido de Europa. El caso recuerda al episodio chusco (pero también simbólico) de una ambulancia ultramoderna de un hospital de la localidad de Torres Vedras, a 40 kilómetros de Lisboa, que en septiembre de 2012 saltó a las páginas de los periódicos debido a que no podía salir de las cocheras por carecer de presupuesto para médicos especialistas que prestaran en ella sus servicios. Demasiado buena para poder ser utilizada. Demasiado cara para una país decreciente.

El próximo 17 de mayo, presumiblemente, la troika saldrá de Portugal después de tres años de ajustes crecientes y continuados que han afectado, sobre todo, a los sueldos de los funcionarios, a los gastos de la función pública y a la paga de los jubilados. Los datos macroeconómicos parecen ajustarse en los últimos meses: Portugal cumplió el año pasado con el compromiso del déficit (un 5% del PIB) a base de retorcerle el cuello al presupuesto y todo apunta a que este año también lo hará, alcanzando el 4% prometido a Europa. Pero el desempleo no baja del 15% y la gente vive peor que en 2011 sin que, por el momento, vean que la tendencia se modifique.

Por Boliqueme, una localidad del Algarve, pasa la congestionada y abrumada carretera E-125. Por una de las calles del pueblo avanza un hombre llevando de la rienda un caballo pardo pequeño. Cerca, en un bar, se sienta a la barra Aurelio Gonzalves, transportista de 53 años que ya no usa la autopista nueva por cara, que ya no se emplea de taxista por falta de negocio y de turistas, y que está encantado de hablar con un periodista para poder protestar como merece: “De aquí, de este pueblo, es el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. Ese de ahí” —dice, señalando a un hombre de unos 60 años que toma un café— “trabajó para su padre, que regentaba una gasolinera”. Y luego añade: “Todavía me acuerdo cuando vino a inaugurar, como primer ministro, la autopista nueva. Con gente de la Unión Europea”.

Y después, mirando amargamente hacia el viejo que trabajó para el padre de Cavaco, agrega: “Lo peor es que ahora viene aquí la policía a poner multas. Y si te pasas de los 50 kilómetros por hora te arrean 120 euros. Claro, vienen aquí porque en la autopista no pillan a nadie porque no va nadie. Ni ellos”.