La nueva cárcel de nueve mandos pinochetistas ya no tendrá jardín

Nueve exjefes de la policía secreta de Augusto Pinochet, cabecillas de los órganos de represión de la dictadura, fueron trasladados de prisión el pasado 28 de septiembre. El entonces presidente Sebastián Piñera había ordenado el cierre del Penal Cordillera, donde los exmilitares cumplían sus condenas con comodidades excepcionales, y determinado su traslado a la cárcel Punta Peuco, un recinto que albergaba a 44 violadores de derechos humanos. Los detalles de la mudanza no se hicieron públicos y recién este domingo, en un reportaje de Canal 13 de la televisión local, los ciudadanos pudieron conocer el operativo y observar a algunos de los principales responsables de las muertes y desapariciones de unos 3.000 chilenos entre 1973 y 1990.

Entre los exmilitares trasladados se encontraban Manuel Contreras (1929), exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), condenado a dos cadenas perpetuas y trescientos años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Junto a sus ocho compañeros dejó el Penal Cordillera de madrugada y, pese a la hora, unas 200 personas los esperaban a la salida. “¡Asesinos!¡Adiós criminales!”, gritaba la gente.

La investigación de Canal 13 muestra la llegada de los excolaboradores de Pinochet a su nuevo destino, a 60 kilómetros al norte de Santiago de Chile, en la localidad de Tiltil. Pese a que ofrece mejores condiciones que el resto de las cárceles de Chile, tiene mayores medidas de seguridad y una infraestructura acorde a un recinto penal. De partida, como muestra el reportaje televisivo, los presos deben compartir los sanitarios, como la totalidad de los presos en las hacinadas cárceles chilenas.

“No puedo cargar nada, tengo otra hernia en la columna”, dijo Contreras cuando los encargados del centro penitenciario de Punta Peuco le solicitaron recoger sus pertenencias y llevarlas hasta su habitación.

Miguel Krassnoff (1946), que cumple cadena perpetua, hijo y nieto de cosacos que en 1947 fueron fusilados en el patio de la Cárcel de Lefortovo después de ser condenados por el tribunal supremo de la URSS, usó la ironía: “¿Hay taca-taca? (futbolín)”, preguntó cuando vio el juego en una de las salas. “¡Qué maravilla!”, exclamó.

El cierre del Penal Cordillera, que era semejante a un centro recreativo, era esperado hace años por las agrupaciones de derechos humanos y la decisión de Piñera fue una señal potente en medio de las conmemoraciones por los 40 años del Golpe de Estado de 1973 y sorprendió a su sector político. El expresidente fue uno de los pocos dirigentes de derecha que votó no en el plebiscito de 1988. Y, con el objetivo de entregar nuevos aires a su bloque, que no ha podido deshacerse de las herencias de la dictadura, irritó a la derecha chilena cuando en septiembre pasado habló de la existencia de “cómplices pasivos” del régimen de Pinochet.

Piñera tomó la decisión de clausurar el Penal Cordillera, ubicado en las faldas de Los Andes, en la zona oriente de Santiago de Chile, luego de las declaraciones de Contreras, que en un entrevista negó tener participación en cualquier delito y señaló que los funcionarios de prisiones estaban para “sostenerle el bastón”. Las palabras del exmilitar irritaron a las familias de las víctimas y se abrió un intenso debate social sobre las condiciones en las que vivía este grupo de hombres: baños privados, agua caliente, televisión, computadores y jardines con césped.

Los exmilitares se resistieron a la medida y uno de ellos, aprovechando un permiso penitenciario, se suicidó en su domicilio antes del traslado. Era Odlanier Mena (1926), exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que actuó entre 1977 y 1990. Los otros reclusos trasladados son Hugo Salas Wenzel, César Manríquez, Jorge del Río, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, David Miranda y José Zara.