Brasil gasta miles de millones en blindar su costa para proteger el presal

Brasil ha decidio prestar más atención a lo que sucede en sus aguas ante la perspectiva de una producción diaria de petróleo de un millón de barriles en 2017 y la probabilidad de que la mitad de toda esa producción venga del petróleo presal.

Una licitación coordinada por la Marina brasileña pretende poner en operación el Sistema de Gestión de Amazonía Azul (SisGAAz), un proyecto millonario que debe implementarse hasta 2025 y que envuelve la compraventa de radios, equipamientos de comunicación vía satélite, radares aéreos, una red de sensores acústicos submarinos, además de drones, para vigilar la costa, un área de 3,6 millones de kilómetros cuadrados que puede llegar a 4,5 millones si el país consigue en la ONU el aumento de su territorio marítimo solicitado en 2004. El área es conocida por la Marina como “Amazonía Azul”, en referencia a su tamaño similar al de la Amazonía “verde” del país, que tiene 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Por ese territorio circula aproximadamente el 95% del comercio exterior brasileño incluyendo importaciones y exportaciones.

Las empresas interesadas en la licitación deben enviar sus propuestas hasta el final de este primer semestre. Entre las participantes, estarán grandes empresas, como Airbus y Boeing, en consorcios que deberán ser, obligatoriamente, encabezados por compañías brasileñas.

Por cuestiones estratégicas, la Marina no informa del valor que el proyecto puede alcanzar. Pero en un seminario sobre el sistema celebrado el año pasado, el vicealmirante Antonio Carlos Frade Carneiro, director de la Dirección de Gestión de Programas Estratégicos de la Marina, afirmó que el valor puede llegar a casi 13.000 millones de reales (5.300 millones de dólares). Ese día, Frade hizo una comparación del valor con el rendimiento generado diariamente por las actividades marítimas: 3.200 millones (2.500 millones proveniente de la movimentação portuaria, 500 millones de la explotación de petróleo y gas y 200 millones de la pesca).

“La importancia del sistema no está solo en la cuestión física. Actualmente, no hay posibilidad de que alguien venga y se ponga de repente a producir presal, extraer el petróleo que queda a 7.000 metros de profundidad si ya es difícil hacer la perforación con una concesión. Pero hay preocupación por los sabotajes a las plataformas ya existentes, por eso es necesario monitorizar y rastrear esas áreas”, afirma Jean-Paul Prates, director del Centro de Estrategias en recursos Naturales de Energía (CERNE).

Prates, que también fue secretario de energía del gobierno de Rio Grande do Norte, resalta incluso que la implementación del sistema es también una cuestión política: mostrar junto a la ONU que el país tiene capacidad de monitorizar lo que sucede dentro de la franja que está pleiteando, además de las 200 millas náuticas a las que ya tiene derecho. Con el descubrimiento del presal, ese área ganó una importancia económica enorme, pues puede contener petróleo.

Además, destaca, el sistema beneficia a sectores casi olvidados por el gobierno brasileño, como la pesca. El litoral del país sufre con la invasión de barcos de otros países, especialmente de Japón, en busca de pescado, entre ellos, la última moda actual, el atún. Muchos de ellos, incluyendo navíos brasileños, pescan en lugares protegidos o en épocas prohibidas, como la de reproducción de los animales.

El nuevo sistema, según la Marina, trabajará de forma integrada con otros órganos, incluyendo la Policía Federal y el Instituto Brasileño del Medioambiente (IBAMA), que espera con ansiedad la implementación de una mejor técnica de monitoramento de los mares. “El área marítima es gigantesca y la fiscalización de la pesca es muy compleja”, explica Alexandre Marques, analista ambiental de la coordinación de operación de fiscalización de pesca del IBAMA. Un reciente cáculo de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) apunta que solo una quinta parte del pescado del mundo se obtiene de forma legal. El escenario no es diferente en Brasil, por eso el asunto levanta grandes preocupaciones.

Actualmente, la vigilancia del mar está en manos del Sistema de Informaciones Sobre el Tráfico Marítimo (SISTRAM), que cuenta con la “ayuda” de los navíos que entran en el espacio marítimo brasileño. Dotados obligatoriamente de GPS, esos barcos envían señales a una central de control que monitoriza sus “pasos” por las aguas brasileñas lo que, en teporía, ayudaría a cohibir acciones ilegales. El problema es que los barcos de pesca ilegales, por ejemplo, usan trucos para engañar al sistema. Uno de ellos, bastante común, es posicionar el GPS en un bote salvavidas y dejarlo en un lugar específico. Con eso, la embarcación prosigue por áreas como reservas marítimas, donde está prohibido entrar y pescar.

Pero no solo los “peces grandes” causan preocupación en el medio ambiente brasileño. En marzo de 2012, el vicealcalde de la ciudad vecina, São Sebastião, entonces afiliado al Partido Verde (PV), fue pillado por fiscales del IBAMA pescando en un área protegida, dentro del Archipiélago de Alcatrazes, una de las más importantes áreas de la biodiversidad brasileña. Lo vieron por casualidad, cuando la fiscalización estaba en el lugar acompañando un equipo de periodistas del periódico Folha de S.Paulo. Si no llega a ser por eso, probablemente, habría vuelto a casa con 116 kilos de pescado en su barco, incluyendo especies en peligro de extinción.

La falta de vigilancia también propicia situaciones bizarras. En mayo del año pasado, un grupo de hombres llegó a Ilha Bela (litoral norte de São Paulo) durante la madrugada, explotó un cajero electrónico, se llevó el dinero y se perdió en el mar. El crimen repetía la hoja de ruta de otro caso similar ocurrido un año antes. En aquella época, 30 criminales llegaron a la ciudad en una lancha, incendiaron un coche y explotaron cinco cajeros electrónicos para, enseguida, huir por mar sin dejar pistas.