Nicaragua exige a Costa Rica retirar la orden de captura de Edén Pastora

Nicaragua acusó a Costa Rica de actuar con “mala fe y provocación” por solicitar a la Policía Internacional (Interpol) que girara una orden de detención en contra del ex–guerrillero nicaragüense Edén Atanasio Pastora Gómez, conocido como “Comandante Cero”, y pidió a San José el retiro de la petición de arresto porque agrava los conflictos territoriales entre ambas naciones. El Gobierno costarricense rechazó la petición de Managua.

En una nota enviada este domingo a la administración de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, alegó que “deplora este gesto de evidente mala fe y provocación por parte de Costa Rica”.

El ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, replicó que la petición de Nicaragua para retirar la orden de captura "tampoco es pertinente" La solicitud, dijo, "fue emanada por un juzgado penal de Costa Rica por lo que la cancillería costarricense no tiene injerencia para pedir que se levante esa orden, como reclama Nicaragua”.

“La respuesta de Costa Rica no es, como maliciosamente lo da a entender el gobierno de Nicaragua, una estratagema del gobierno costarricense. La orden de captura fue emitida en 2010, cuando Pastora perpetró los actos por lo que se le denunció y provocaron una devastación forestal, de bosque primario y con una usurpación de bienes nacionales en un humedal. Lo que pasa es que ahora la Interpol la ha internacionalizado”, añadió Castillo.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega es frecuentemente cuestionado, dentro y fuera de su país, porque, además de dominar el Poder Ejecutivo, también controla los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, entre otros.

El pasado 17 de diciembre, Interpol dio a conocer una orden de captura en contra de Edén Pastora, un emblemático guerrillero que condujo a la insurgencia sandinista a derrocar la dictadura de Somoza en 1979, por los presuntos delitos de usurpación de bienes de dominio público e infracción a la ley forestal de Costa Rica. Tras romper en 1981 con sus antiguos socios de Managua, Pastora se unió a la “contra” nicaragüense—organizada y financiada por Washington—y se alió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para combatir al régimen procubano que gobernó en Nicaragua de 1979 a 1990.

“La mala fe con la que ha actuado Costa Rica en abierta violación a sus compromisos internacionales, atenta contra la neutralidad de la Interpol y pretende utilizarla para fines políticos propios contraviniendo los principios y objetivos para los que fue creada dicha institución”, puntualizó Santos, en una nota enviada a Castillo.

El canciller nicaragüense exigió a Costa Rica “que se abstenga de más actos que puedan agravar o prolongar la controversia” bilateral fronteriza “o hacerla más difícil de resolver”.

El gobierno costarricense denunció en 2010 a Pastora ante una instancia judicial de este país y le acusó de provocar una serie de daños ambientales en suelo costarricense como responsable gubernamental de Nicaragua de ejecutar un dragado del fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense. La solicitud a Interpol fue enviada en 2010 por un tribunal costarricense que acogió la gestión gubernamental.

Costa Rica aseguró que el dragado provocó que tropas del Ejército de Nicaragua invadieran en 2010 esa porción de suelo costarricense del extremo oriental del límite con su vecino del norte, en una zona que ahora está bajo disputa bilateral en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. Pastora ha calificado de “loca” a la presidenta Chinchilla, por denunciar lo que la gobernante denunció como “expansionismo” de Nicaragua.

La zona donde se habrían cometido los actos que se atribuyen a Pastora, ha señalado Santos, está sometida a la disputa jurídica internacional en la CIJ. “El caso aún no ha finalizado, por lo que será el órgano principal de Naciones Unidas el que decida sobre la soberanía de dicho territorio, antes de lo cual, Costa Rica no puede atribuirse potestades sobre el mismo o derivar consecuencias jurídicas”, adujo.

En declaraciones a medios de prensa de ambos países, Pastora acusó que Costa Rica sobornó a la Interpol para que se lanzara la orden de arresto en su contra. Aunque está descartado que Pastora, nicaragüense, de 76 años y residente en Nicaragua, sea extraditado hacia Costa Rica, está sujeto a que sea detenido en la eventualidad de que salga de su país.