Colombia, al fin del principio

El presidente Santos parecía estar con el agua al cuello, y súbitamente encuentra un flotador. A lo mejor no había motivo para la sorpresa y un calendario prudentemente aconchabado entre el Gobierno colombiano y las FARC tenía que producir, precisamente por estas fechas, una buena noticia; o, quizá, es que la insurgencia le ha visto las orejas al lobo con el crecimiento del uribismo, y se ha puesto las barbas a remojar concediéndole al presidente Santos el balón de oxígeno, sin el cual las conversaciones de paz de La Habana estarían agonizando.

El 19 de noviembre de 2012 comenzaban en la capital cubana unas negociaciones a las que Juan Manuel Santos daba en el peor de los casos un año de plazo para poner fin a las hostilidades que han ensangrentado Colombia en el último medio siglo. Pero desde mayo pasado, en que se acordó un prometedor plan de reforma agraria, se habían ensombrecido las caras en La Habana, y no dejaba de crecer la indignación en el país por lo que se temía con razón que fuera el precio de la paz: la impunidad más absoluta de una guerrilla -mandos igual que tropa- que había secuestrado, extorsionado, asesinado y devastado Colombia desde su aparición en 1964. Y el pasado día 6, en el mejor entendimiento, los negociadores jefe, Humberto de la Calle por el Gobierno e Iván Márquez por los que un día se dijeron marxistas, anunciaban, sin embargo, un acuerdo sobre participación política, lo que significa la organización y desempeño de las FARC y otras fuerzas de la oposición como partido plenamente legalizado.

¿Qué han conseguido los guerrilleros y a qué se han comprometido para hacer la paz?

La aprobación del segundo punto aleja el fantasma de un parón en las conversaciones

Los insurgentes exigían elecciones constituyentes para subrayar el nuevo comienzo que implicaría el acuerdo, y el gobierno se negaba a ello por toda la carga simbólica que habría figurado en el haber de la guerrilla, pese a que en un momento de auto-exaltación Juan Manuel Santos había hablado de la paz como de una “refundación de Colombia”. Pero lo acordado concede parte de lo que habría supuesto una nueva Constitución, sin tener que enmendar la Carta de 1991. El acuerdo sobre este segundo punto contempla, así, un nuevo marco para la fundación de partidos políticos en el que izquierda y oposición, en general, podrán actuar como cualquier otra fuerza en plena legalidad; que habrá garantías de seguridad para sus integrantes o, para ser más realistas, la promesa de que no se repetirá el acoso y derribo que se vivió en los años 80, cuando fueron asesinados por sicarios y paramilitares varios miles de miembros de la Unión Patriótica, brazo político de las FARC, legalizado tras un anterior forcejeo de paz bajo la presidencia de Belisario Betancur; y que todo ello quedará, finalmente, enmarcado en un estatuto de la oposición, elaborado por una comisión de partidos, movimientos políticos, académicos y expertos.

Pero son los efectos políticos los que a corto plazo resultan más significativos. El acuerdo sobre participación resuelve, aparentemente, los problemas de calendario. Juan Manuel Santos apostaba a que para mayo de 2014 (elecciones legislativas) hubiera ya una firma que llevarse a la urna y con el fin de las hostilidades ¿quién podía dudar de que el presidente fuera entonces reelegido? Por mucho que el expresidente Álvaro Uribe, antecesor y padrino transformado en enemigo mortal de Santos, tratara de enardecer a las masas contra una paz que siempre ha calificado de traición, la firma habría barrido con todo convirtiéndole, al menos, momentáneamente, en gran salvador de la patria. Pero en las últimas semanas se había ido arruinando esa visión hasta tal punto que por muy bien que vayan últimamente las cosas en La Habana, sigue siendo sumamente problemático que antes del 25 de mayo hayan podido concluir las negociaciones.

La aprobación del segundo punto legitima, sin embargo, la continuidad de las conversaciones, y sobre todo aleja el fantasma de tener que hacer una pausa en las reuniones de La Habana durante la campaña electoral. Una vez aplazadas, reanudar las negociaciones habría sido muy difícil, en especial porque el uribismo habría tenido el viento de cara y con gran probabilidad habría hecho elegir a numerosos adversarios de la paz negociada para cámara y senado. De esta guisa, en cambio, las elecciones pueden convertirse en un triunfante plebiscito sobre los trabajos de La Habana y es de buena ley prever que el Gobierno se esforzará para que a unos pocos días de las votaciones se suceda una racha de buenas noticias procedentes de la mesa negociadora.

El presidente Santos sabe que acabar militarmente con la guerrilla sería cuestión de años, o la guerra eterna

La guerrilla tampoco obtendrá asientos de regalo en el poder legislativo, como pretendía, sin haber dejado previamente las armas. Como dijo Humberto de la Calle: “Nunca más armas y política juntas”, lo que remitiría la legalización del partido que eventualmente formaran las FARC a un futuro periodo legislativo. Pero ningún éxito del día puede hacer olvidar que quedan cuatro puntos por dilucidar. Y quien menos lo olvida es Álvaro Uribe, que no puede por ley presentarse a las presidenciales –junio de 2014-, pero será casi con toda seguridad elegido senador en mayo al frente de una tropa de seguidores, cuya dimensión dependerá precisamente del éxito o fracaso de las negociaciones. Si hace solo 15 días hubiera habido elecciones a la jefatura del Estado, era parecer bien extendido que Uribe, de haber podido ser candidato, habría barrido a cualquier oponente, sin excluir al propio Santos, en el nadir entonces de su popularidad. Las cosas estarían hoy mucho más parejas y el presidente puede apostar a que en mayo del año próximo sea él quien barra a quien el uribismo –Oscar Iván Zuluaga, poco conocido político de provincias- o la izquierda –quizá Antonio Navarro, brillante parlamentario y exguerrillero- osen presentar.

Los cuatro puntos ‘cardinales’ aun por ratificar son: 1) fin físico de las hostilidades con el desarme y desmovilización de la guerrilla; 2) erradicación, o lo que se pueda, del narcotráfico; 3) reparación a las víctimas del conflicto lo que, en el mejor de los casos, llevará años; y 4) refrendo por voto popular de los acuerdos. Todo ello presidido por un mantra intocable: “nada estará acordado, hasta que todo esté acordado”. No parece imposible que las partes firmen aun a sabiendas de que más que una paz lo que firman es un compromiso para llegar a ella, o que acuerden lo que acuerden, van a llamarlo paz y firmarán los correspondientes documentos. Santos sabe que acabar militarmente con la guerrilla sería cuestión de años, o la guerra eterna; la guerrilla sabe que ya no puede ganar, que su posición sobre el terreno se debilita, aunque sea parsimoniosamente, y que con Uribe siempre en el horizonte es mejor firmar hoy que guerrear mañana.

La solución del longevo conflicto colombiano no es tanto, sin embargo, que firmen esto o lo otro; que Gobierno o guerrilla salgan o no mejor parados; que Santos se declare por fin candidato, para lo que tiene de tiempo solo hasta el próximo día 25, y sea o no reelegido; sino que la sociedad colombiana sea capaz de convertir la firma de un documento en un proceso de reconciliación nacional. Esa sí que puede ser la auténtica refundación de la nación colombiana. Y por eso esto es solo el fin del principio.