Un nuevo escándalo acorrala a la Comisión Europea

Faltan pocos meses para el final de la Comisión Europea que encabeza José Manuel Barroso y un nuevo incendio amenaza con convertir el final de su mandato en un calvario. Ya no se trata de las acusaciones de hacer poco para impulsar el crecimiento ni de ser demasiado complaciente con los deseos que llegan de Berlín. Tampoco de un escándalo que afecte al comisario de un pequeño país como John Dalli, el maltés que el año pasado se vio obligado a dimitir por un oscuro caso de tráfico de influencias. El agujero en el barco procede ahora de uno de los pesos pesados de la Comisión: el belga Karel de Gucht, responsable de Comercio. La Hacienda de su país considera que ha evadido impuestos, por lo que le reclama una multa de 900.000 euros.

El afectado se reunió ayer, después de que dos periódicos belgas publicaran que el fisco le ha llevado a los tribunales, con el presidente Barroso para explicarle que no tiene nada que ocultar y que ha actuado en todo momento de forma correcta. A tenor de los hechos, el portugués creyó su versión.

La rueda de prensa de la Comisión fue ayer un campo de minas. Más de una docena de preguntas sobre el escándalo chocaban contra las explicaciones de la portavoz comunitaria, que repetía una y otra vez que las actividades por las que Bélgica ha denunciado al comisario son anteriores a su puesto actual y no tienen nada que ver con su trabajo en la Comisión. “Hay que respetar la presunción de inocencia”, insistía. Pero esa presunción de inocencia no se respetó en el caso de Dalli, el comisario de Salud al que Barroso dejó caer sin tantos miramientos. De Gucht, por el contrario, no solo es el responsable de una cartera importante, sino que es uno de los miembros del equipo de Barroso con peso político específico.

Después de que dos periódicos belgas publicaran que el fisco le ha llevado a los tribunales, De Gucht se reunió con el presidente Barroso para  decirle que no tiene nada que ocultar

Dos factores acentúan la gravedad del escándalo. La Comisión se ha fijado como objetivo para los últimos meses de mandato una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal. El caso De Gucht es lo último que necesitan. Además, el comisario es el responsable de llevar adelante las fundamentales negociaciones para un tratado de libre comercio con EE UU, cuya segunda ronda comienza la próxima semana en Bruselas.

La cuestión ahora es dilucidar qué papel va a tomar Barroso, que tiene la potestad de exigirle su dimisión. “La Comisión ahora es una institución débil, que no es capaz de aguantar un vendaval. Todo dependerá de la presión mediática y política de los próximos días. Si este caso va más allá de la prensa belga y se convierte en un asunto mayor, no podrá resistir”, sintetiza un alto cargo comunitario que pide anonimato. Lo que ha ocurrido tras la dimisión de Dalli también podría hacer reconsiderar la opinión de aquellos que pidan una solución rápida y ejemplarizante. “Ha pasado el tiempo, y no está tan claro que fuera culpable. Las cosas eran más complicadas de lo que parecían entonces”, añaden las fuentes consultadas.

Los problemas de De Gucht con el fisco belga vienen de lejos, pero ahora dan un paso más allá. Tras investigarle, el Gobierno ha decidido llevarle a juicio para reclamarle una sanción de 900.000 euros en un proceso que comenzará el próximo 25 de noviembre. Hacienda acusa al político flamenco liberal de no haber declarado las plusvalías que ganó tras vender acciones junto con su esposa. La operación, que le reportó unos beneficios de 1,2 millones de euros, data de 2005, cuando De Gucht ejercía como ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica. El comisario no ha llegado a un acuerdo con las autoridades de su país, por lo que tendrá que ir a los tribunales.

“Es un asunto privado sobre una cuestión familiar, previa a su condición de comisario y que no tienen ningún efecto en su ejercicio en el cargo”, insistía ayer la portavoz comunitaria ante la catarata de preguntas y quejas que llegaban de los periodistas. El mantenimiento de De Gucht en el cargo —una decisión personal del presidente Barroso— “no cambia lo más mínimo” la política de Bruselas contra el fraude fiscal, insistió la portavoz.