La CIDH pone en duda la legitimidad de los programas de vigilancia de EE UU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado este lunes al Gobierno estadounidense sus dudas y preocupaciones sobre la legitimidad de las prácticas de espionaje masivo de sus agencias de inteligencia y sobre la ausencia de controles eficaces para garantizar la protección de derechos humanos de los cientos de miles de personas objeto de su vigilancia. La audiencia ante la CIDH es la primera ocasión en la que la Administración de Estados Unidos se enfrentaba de forma directa al escrutinio por parte de la comunidad internacional de sus programas de interceptación de información y ha supuesto una oportunidad para abordar la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad y la garantía de la privacidad y la libertad de expresión y abogar por un refuerzo de los mecanismos de supervisión judiciales y legislativos para evitar que la Agencia de Seguridad Nacional vulnere  las libertades civiles, no sólo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los extranjeros a los que también se les han intervenido sus comunicaciones.

En la audiencia, convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), ha estado presente el relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, en un mensaje de la sinergia entre el sistema universal de protección de derechos humanos que representa la ONU y el Interamericano, que abandera la CIDH, y de la preocupación internacional que ha suscitado la vulneración del equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la seguridad por las prácticas de espionaje de EE UU.

La Rue ha manifestado su preocupación por que la vigilancia masiva e indiscriminada de los servicios de inteligencia estadounidenses, sin un aparente control institucional por parte del poder judicial y del Congreso, se convierta en un sistema de intimidación masiva que derive en una censura general. “La vigilancia siempre ha existido y es legítima siempre que se realice conforme al debido proceso”, ha señalado el relator de la ONU. “Pero si se empiezan a perder los controles, si ya no hay supervisión judicial o si las órdenes de autorización abarcan comunicaciones masivas a nivel internacional, se corre el riesgo de que eso se convierta en un elemento intimidatorio que se vuelva en contra de los derechos de los ciudadanos y de la propia democracia”, ha advertido el relator.

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, ha manifestado su preocupación por el control de los programas de espionaje, la protección de los informadores y la necesidad de imponer límites a los objetivos de esa vigilancia

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, ha manifestado su preocupación por el control de los programas de espionaje, la protección de los informadores y la necesidad de imponer límites a los objetivos de esa vigilancia. “Querríamos conocer los presupuestos de los que se parte para reformar el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera. Hay una falta de información y deseamos saber qué medidas se están adoptando para que esta corte tenga más capacidad para ejercer sus función”, ha señalado Botero, quien también ha manifestado su interés sobre la recopilación de metadatos en la prensa “para que no afecte a su capacidad para hacer su trabajo y mantener la privacidad de las fuentes”.

En la audiencia no se ha puesto en cuestión la necesidad de garantizar la seguridad pero los representantes de la ACLU sí ha hecho hincapié en que las filtraciones de Edward Snowden han constatado que la recopilación de información de los servicios de inteligencia iban mucho más allá de esa preocupación y atendían “a los intereses de la política exterior de EE UU”. En este sentido, tanto la ACLU como La Rue han hecho un llamado a la consideración de la universalidad de los derechos civiles violados por las prácticas de espionaje de EE UU y amparados por la legislación internacional, en clara oposición con la legislación estadounidense aducida por la NSA para avalar sus prácticas, que sólo garantiza las libertades de sus compatriotas.

“Los derechos humanos son universales, son un estándar mínimo para todo el mundo, sin importar su raza, cultura, lengua o nacionalidad y este principio de universalidad es el que impide que hagamos excepciones y se creen ciudadanos de segunda”, ha señalado el relator de la ONU. “Querría saber si ha habido alguna reflexión al respecto a la hora de plantear los programas de vigilancia”, ha preguntado al Gobierno de EE UU La Rue.

Los representantes de la Administración estadounidense han eludido aclarar todas las peticiones y cuestiones que se les han formulado alegando que el cierre del Gobierno les había impedido prepararse suficientemente. Una excusa que varios relatores de la Comisión han interpretado como una muestra de la indiferencia de Washington por el organismo de defensa de derechos humanos de la OEA. “Los problemas coyunturales e internos de un país no son una justificación para no dar explicaciones ante instancias internacionales”, les ha recriminado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.