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EE UU defiende la legalidad de sus incursiones militares en Libia y Somalia

El Gobierno de Obama asegura que el capturado en Trípoli, aún en paradero desconocido, será presentado ante los tribunales civiles.

La Casa Blanca afirma que actuó bajo la autoridad que el Congreso dio al presidente en 2001

El buque de la Armada, USS San Antonio, donde está siendo interrogado Al Libi, a la espera de ser trasladado a Nueva York
El buque de la Armada, USS San Antonio, donde está siendo interrogado Al Libi, a la espera de ser trasladado a Nueva York AFP

Las operaciones simultáneas de Estados Unidos en Somalia y Libia, que suponen el regreso a la lucha contra el terrorismo sobre el terreno y con fuerzas militares, abren al mismo tiempo un complejo debate sobre la legalidad de esas acciones y el riesgo de una mayor implicación norteamericana en países que ya padecen una enorme desestabilización. El Gobierno de Barack Obama defiende que ha actuado de forma legítima y que el sospechoso capturado en Trípoli será puesto en manos de la justicia y tratado conforme a la ley.

El secretario de Estado, John Kerry, manifestó que Abu Anas al Libi, detenido el viernes pasado por un comando de las fuerzas Delta del Ejército norteamericano, era “un objetivo legal y apropiado” que “tendrá la oportunidad de defenderse y será debidamente sometido a la justicia en un tribunal”.

El detenido tendrá la oportunidad de defenderse y será debidamente sometido a la justicia en un tribunal"

John Kerry

Kerry no dijo cuándo puede eso ocurrir. Mientras tanto, Al Libi, reclamado por un juez de Nueva York por su responsabilidad en los atentados de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, se encuentra “en lugar seguro”, según la información oficial, pero desconocido. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, explicó que Obama aprobó ambas misiones porque es obligación del Gobierno llevar ante la justicia a las personas reclamadas por el delito de “matar norteamericanos”, y respaldó la legitimidad de la intervención en Libia con la autorización que el Congreso otorgó al presidente en 2001 para usar la fuerza contra Al Qaeda y sus aliados. Obama había dicho a principios de este año que los poderes que proporciona esa autorización son excesivamente amplios y que era necesario renegociar esa ley con el Congreso.

Extraoficialmente, fuentes de la Administración han informado a medios de comunicación que Al Libi está a bordo del barco San Antonio en un punto no identificado. El sospechoso está siendo interrogado por expertos de la CIA y el FBI, pero no cuenta con asistencia de un abogado ni se le han leído sus derechos, algo que todavía podría tardar varias semanas en suceder. En el único precedente de un caso similar durante la Administración de Obama, Ahmed Abdulkadir Warsame, capturado en 2011 en el Golfo de Adén, estuvo detenido dos meses antes de recibir la visita de un abogado y quedar a disposición del juez. El Gobierno libio ha calificado la captura de Al Libi como “un secuestro”.

También este fin de semana, un comando de los Navy Seal, el mismo grupo de operaciones especiales que mató a Osama bin Laden, trató de capturar a otro sospechoso de terrorismo en Somalia. Aunque oficialmente no se han facilitado detalles al respecto, ha trascendido de fuentes fiables, aunque no identificadas, que el objetivo era Abdikadir Mohamed Abdikadir, conocido como Ikrima, a quien se cree uno de los principales mandos del grupo terrorista somalí Al Shabab, la rama de Al Qaeda en el África oriental. Ikrima está considerado también uno de los responsables de la actividad del grupo Al Hijra, la extensión de Al Shabab en Kenia y al que pertenecían los autores del ataque de hace dos semanas contra un centro comercial en Nairobi. Las mismas fuentes afirmaron que la incursión de los Navy Seal en Somalia fue abortada cuando se comprobó que no era posible atrapar con vida al sospechoso.

La coincidencia de las dos operaciones, ambas con el propósito de capturar objetivos que podrían haber sido atacados desde el aire, representa un cambio significativo en la estrategia antiterrorista del Gobierno de Obama, que hasta ahora había concentrado los esfuerzos para diezmar a Al Qaeda en los bombardeos con aviones no tripulados (drones). Ese cambio representa, tanto el reconocimiento de que el desmantelamiento de Al Qaeda, reaparecida con fuerza en los últimos meses, puede exigir una mayor implicación militar, como la voluntad de enviar el mensaje de que EE UU no renunciará a esa pelea.

“Esperemos que esto deje claro”, advirtió Kerry, “que EE UU nunca cejará en sus esfuerzos para que aquellos que cometen actos terroristas paguen para ello. Los miembros de Al Qaeda y de otras organizaciones terroristas pueden correr, pero no se pueden esconder”.

Estas dos acciones militares vienen a robustecer la posición de Obama en un momento en que su liderazgo está siendo cuestionado por la crisis política y presupuestaria en Washington, así como por sus vacilaciones durante el conflicto con Siria, en el que la Casa Blanca decidió en el último momento renunciar a la intervención con la que había amenazado.

Al mismo tiempo, le permiten al presidente renunciar por una vez al uso de los drones, que había sido criticado por organizaciones de derechos humanos y opositores políticos porque esos ataques causan la muerte de personas inocentes y crean sentimiento de repulsa entre la población de los países en los que operan.

El procedimiento legal sería solicitar la extradición de los sospechosos. Pero no parece una vía muy factible en casos como los de Somalia o Libia

La implicación de fuerzas militares sobre el terreno y el intento de capturar a los sospechosos con vida tiene un riesgo menor de lo que lo oficialmente se conoce como daños colaterales, pero no elimina la polémica sobre la autoridad de EE UU para actuar fuera de sus fronteras. El procedimiento legal en el caso de un sospechoso reclamado por un juez norteamericano sería, desde luego, el de solicitar su extradición a las autoridades del país en que sea localizado. Pero no parece esta una vía muy factible en casos como los de Somalia o de Libia.

La captura de sospechosos con vida crea, además, el problema del trato legal a otorgarle. En un estado de derecho no cabe ninguna alternativa a la de poner al detenido bajo protección policial en el plazo que marque la ley. Pero, de nuevo, no parece muy probable que EE UU mande un comando Delta a Trípoli a capturar a un supuesto dirigente de Al Qaeda para permitir que éste se acoja inmediatamente a su derecho a guardar silencio.

Obama se encuentra, pues, frente a uno de los dilemas ante los que se ha encontrado desde el principio la guerra contra el terrorismo: le eficacia o la legalidad. En este caso, al menos, EE UU ha reconocido que tiene en su poder al detenido y ha prometido su juicio en algún momento. Pero algunos otros interrogantes subsisten.