El dilema colombiano entre justicia y paz

La cruzada de Juan Manuel Santos por defender el proceso de paz que adelanta con la guerrilla de las FARC, tuvo su gran parada en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el mandatario pidió que se respete la soberanía jurídica de Colombia para diseñar un modelo de justicia que pueda encontrar el equilibrio entre la justicia y la paz.

Santos puso el dedo en la llaga a un debate que se ha venido dando en Colombia sobre qué tanto se debe castigar a los eventuales desmovilizados de las guerrillas en aras de la paz. “¿Cómo lograr, –al mismo tiempo– la terminación del conflicto armado, el cumplimiento de nuestras obligaciones de investigación y sanción, y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas?”, se preguntó el mandatario resumiendo el dilema al que se enfrentan los colombianos. A lo que se suma una posible intervención de la Corte Penal Internacional si llega a considerar que hay impunidad en el tránsito hacia la paz.

Para Juan Carlos Palou de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento que está favor de una salida negociada del conflicto, el discurso de Santos debe entenderse como la demanda a la comunidad internacional para que comprenda que Colombia quiere cumplir con su obligaciones frente al derecho internacional, pero que necesita autonomía política para poder superar el conflicto por la vía negociada. “Lo que rechaza Santos es que le pongan condiciones y le restrinjan las posibilidades de negociación con base en interpretaciones jurídicas que no tienen un claro sustento en los tratados internacionales”, dijo.

Santos pidió el respaldo internacional a su idea de que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz, un asunto que los colombianos no acaban de entender muy bien por cuenta del llamado Marco Jurídico para la Paz, un acto legislativo aprobado por el Congreso, que permitirá diseñar un modelo de justicia transicional que satisfaga a las víctimas, pero que también permita alcanzar la paz, si es que las FARC y eventualmente el ELN, la otra guerrilla colombiana, se desmovilizan. Esto quiere decir que para alcanzar la paz, el gobierno colombiano considera que tendrá que sacrificarse algo de justicia.

“Parte del discurso hay que leerlo con el trasfondo de una preocupación real del gobierno de Colombia de que organismos internacionales como la CPI podrían ser un obstáculo para la paz. Lo que estamos viendo es apenas el principio del debate nacional e internacional sobre la justicia transicional y sobre cómo balancear, en la práctica, la justicia y la paz, la reparación y la verdad”, dijo Cristian Voelkel, analista para Colombia de Crisis Group, una ONG que trabaja en la prevención de conflictos.

Por su parte, el ahora candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, una vez finalizado el discurso de Santos ante la ONU, trinó en Twitter y cuestionó como ya es costumbre que el mandatario colombiano haya “permitido que el país regrese del avance de la seguridad al recrudecimiento de la violencia”. A lo que agregó que el actual proceso de paz "convirtió en actores de la política a unos terroristas que estaban proceso de derrota y aislamiento". Muy diferente piensa Fabrizzio Hochschild, delegado de la Naciones Unidas en Colombia, quien calificó como “histórico” el discurso Santos, según lo reseñaron medios colombianos, ya que se enfocó en las víctimas e insistió en que no habrá impunidad.

La justicia transicional es el conjunto de medidas que adopta un país en tránsito de la guerra a la paz, intentando satisfacer los derechos de las víctimas y es en ella que se sustenta el polémico Marco para la Paz. Este mecanismo plantea la posibilidad de juzgar a los “máximos responsables” de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; algo que ha generado polémica, ya que cabe la posibilidad de que estas personas reciban penas alternativas a la cárcel o incluso se les suspenda la pena.

Por un lado, están quienes, afines a Santos, creen que es imposible juzgar a todos los culpables de delitos atroces y por eso, la fórmula sería procesar los casos más graves, como lo propone el Marco para la Paz. En la otra cara de la moneda están quienes piensan necesario procesar y encarcelar a todos los que han cometido delitos atroces. Son éstos últimos los que han tildado la legislación aprobada como el camino hacia la impunidad, ya que no garantiza que los guerrilleros vayan a la cárcel después de desmovilizados.

Al debate en Colombia se suma que la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre una demanda que afirmaba que el Marco era contrario a la constitución y a las obligaciones en la protección de derechos humanos. Durante el trámite de dicha demanda, que incluyó una audiencia pública donde intervino el propio Santos, la Corte recibió dos cartas de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, advirtiendo que Colombia violaría sus obligaciones internacionales si se suspenden la totalidad de las penas. También advirtió que procesar solo a los máximos responsables, generaría impunidad. Las críticas de Bensouda fueron uno de los motivos principales del discurso de Santos en la ONU.

Para Voelkel, la importancia del discurso de Santos radica en que pone ante los ojos del mundo el proceso de paz y que se puede lograr con justicia y con paz. “Ese es un interés supremo para la comunidad internacional porque lo está en juego es la viabilidad práctica de la doctrina internacional de los derechos humanos, que han sido muy útiles para la lucha contra la impunidad, pero no se sabe qué tan útiles sean para Colombia. La respuesta es buscar una manera de conciliar la necesidad de lograr un acuerdo negociado con las FARC y el respeto por los derechos humanos”, dijo.

Pero si en Colombia el asunto ya es un tema espinoso, lo es aun más en La Habana, donde los guerrilleros consideran al Marco Jurídico como un “estorbo” para la firma de la paz.