Santos defiende el área marítima de Colombia en litigio con Nicaragua

En una alocución presidencial, este lunes por la noche Juan Manuel Santos presentó la estrategia que adoptará su gobierno frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que ha redefinido los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, quitándole al primero cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

Tras diez meses de consultas con abogados nacionales e internacionales, Santos anunció que dicho fallo no es aplicable y aseguró que su país ha tomado cuatro decisiones que buscan consolidar los derechos de los colombianos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, una serie de islas e islotes al norte del país. Cabe recordar que la decisión de la CIJ ratificó la soberanía colombiana sobre ese archipiélago pero le entregó una gran porción de mar a Nicaragua, por lo que desde entonces los dos países han chocado por los límites marítimos.

La primera decisión revelada por Santos es precisamente que Colombia considera que el fallo no es aplicable “hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos”. Santos –quien empezó su alocución diciendo que para los colombianos este fallo es indignante–, sustentó su argumento en lo dispuesto por la Constitución colombiana, que señala que los límites del país solo podrán modificarse “en virtud de tratados aprobados por el Congreso”. El presidente aseguró que defenderá esta posición en las instancias a las que tenga que llegar.

Además el mandatario colombiano dijo que demandará el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional para que “reafirme que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados por un fallo de la CIJ”. El Pacto de Bogotá es un tratado internacional que le da jurisdicción a la Corte de La Haya en litigios con otros países y del cual se retiró Colombia una semana después de conocerse el polémico fallo, precisamente para evitar nuevas demandas de Nicaragua.

La segunda decisión que tomó Santos es declarar, a través de un decreto presidencial expedido este lunes, la existencia de una “zona contigua integral”, lo que quiere decir que Colombia une todos los territorios insulares en el mar Caribe occidental donde seguirá ejerciendo soberanía. Santos explicó –señalando en un mapa– que esta zona permitirá administrar adecuadamente el archipiélago de San Andrés y sus aguas para controlar la seguridad y proteger los recursos. Esta zona se extiende desde los cayos de Albuquerque y las islas este-sudeste hasta el cayo de Serranilla, lo que incluye las islas e islotes de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Quitasueño, Serrana y Roncador, entre otros.

La otra medida tomada por el gobierno colombiano es reafirmar la protección de la reserva marina Seaflower, donde los pescadores colombianos han trabajado por siglos. Esta zona es una reserva mundial de la biósfera que antes del fallo pertenecía íntegra a Colombia, sobre la que Nicaragua también pretendía que la Unesco le reconociera derechos y sobre los que el organismo internacional aseguró el 30 de agosto pasado que no tenía competencia. A principios de agosto, la cancillería colombiana envió una nota de protesta a Managua por haber supuestamente ofertado bloques de exploración petrolera en territorios que incluyen Seaflower. El gobierno de Ortega negó que lo hubiera hecho.

Por último, Santos anunció que Colombia se está preparando para nuevas peticiones de Nicaragua, a las que llamó con insistencia “ambiciones expansionistas”, como la última, en la que este país busca que la CIJ le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés, y que en palabras del presidente colombiano busca “privar (a Colombia) de recursos y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua a 100 millas de la costa de Cartagena”. De ahí que el decreto expedido este lunes haya definido una plataforma continental integrada desde San Andrés hasta Cartagena.

“No estamos solos en esta decisión”, dijo Santos, quien aseguró que Colombia buscará frenar dicha expansión suscribiendo una carta de protesta en compañía de Panamá, Costa Rica y Jamaica, al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para advertirle sobre las pretensiones de Nicaragua de aumentar sus fronteras saltándose los tratados de límites vigentes con estos países en el Caribe. Para Santos esta es otra de las razones que no permite que se aplique el fallo de la CIJ.

Hace tan solo una semana, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le propuso a Santos crear una comisión binacional para poner en práctica el mencionado fallo.