La Comisión Europea retiró el aspecto más lesivo para Washington

Un escondido —y en apariencia discreto— artículo 42 del reglamento de protección de datos desató todas las alarmas entre los socios estadounidenses. También, en menor medida, en algunos despachos de la Comisión Europea. El artículo 42 aludía al intercambio de datos con terceros países y prohibía expresamente a cualquier entidad ceder información a las autoridades de otros Estados (incluso las judiciales) salvo autorización expresa de las agencias de protección de datos de cada país. Los retoques de última hora lo hicieron desaparecer de la versión final.

En los cinco párrafos que lo desarrollaban, se establecía incluso que esas agencias de protección de datos informasen a los sujetos de los que se pidieran detalles (empresas o ciudadanos) y a las autoridades nacionales donde residiesen. Estados Unidos se opuso con fuerza a esa regulación invocando los riesgos para la seguridad. Visto con perspectiva, resulta llamativo el ejemplo con el que la carta del Departamento de Comercio ilustra esos peligros: “¿Se supone que una agencia de protección de datos debe decidir qué pruebas necesita la FTC [autoridad de comercio estadounidense] para investigar un programa informático de espionaje y la importancia de ese caso para proteger los intereses de los consumidores estadounidenses?”.

También la Dirección General de Fiscalidad percibió con claridad el alcance de la norma: “Tenemos que considerar sus implicaciones políticas”, indicó en el documento de consultas internas al que ha tenido acceso este diario.

La consecuencia más inmediata fue que, en enero de 2012, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, presentó públicamente su propuesta, no había rastro del artículo 42. La polémica suscitada por esa mutilación ha provocado precisamente el efecto contrario. El Parlamento, ahora responsable junto con los Estados miembros de enmendar el texto, ha decidido restituirlo.

“El artículo no desapareció como consecuencia de la presión, sino por la resistencia que mostraron algunos departamentos, entre ellos el de Competencia y el de Fiscalidad”, confirman fuentes de las instituciones europeas. Dar un paso así supondría “lo contrario del camino que hemos andado en los últimos años” en materia de lucha contra los carteles o el fraude fiscal transfronterizo. Esas fuentes niegan que el artículo 42 hubiese impedido el espionaje estadounidense a ciudadanos e instituciones europeas, una revelación que ha impactado de lleno en este proceso legislativo.

El Gobierno estadounidense está especialmente interesado en ver cómo se desarrolla la directiva, la parte de esta legislación que afecta de lleno al tratamiento de datos en el sector público. “Estados Unidos está ejerciendo presión en los países miembros”, asegura Dimitris Droutsas, responsable de ese proyecto en el Parlamento Europeo. El dossier va mucho más lento de lo previsto en el Consejo Europeo, con grandes reticencias por parte de Alemania, Reino Unido y algunos países escandinavos.

“Europa es siempre muy tímida en su respuesta a los actos de EE UU. Aceptamos muchas cosas que serían inaceptables si provinieran de cualquier otro país”, resume una de las eurodiputadas más críticas con este país, la liberal holandesa Sophie in’t Veld.