Argentina cambia la cúpula militar
El nuevo jefe del Ejército está investigado por supuestas violaciones de los derechos humanos
La presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, decidió este miércoles renovar toda la cúpula militar de su país. En diez años de kirchnerismo en el poder ha habido algunos cambios de jefes castrenses, pero solo en 2003, apenas asumió la presidencia Néstor Kirchner, se había dispuesto un recambio de mandos en las tres fuerzas armadas, como ahora. La renovación responde al cambio de ministro de Defensa, cargo que antes ocupaba Arturo Puricelli, un peronista tradicional de estrechos vínculos con EE UU, y que ahora está en manos de Agustín Rossi, un correligionario más volcado a la izquierda.
La remoción de los anteriores jefes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto no hubiera llamado mucho la atención si no fuera por uno de los nuevos nombramientos. Al frente del Ejército ha quedado César Milani, un general que está siendo investigado por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos en la represión de la guerrilla en el Gobierno de Isabel Perón (1973-1976). El terrorismo de Estado había comenzado antes del golpe militar de 1976. En marzo pasado un fiscal de la provincia de Tucumán, donde las Fuerzas Armadas desplegaron en 1975 el Operativo Independencia contra el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pidió el legajo de Milani. Allí consta que en aquel año Milani estuvo destinado a Tucumán. No obstante, nunca ha sido imputado por ningún crimen en particular. Milani además es conocido por sus buenos contactos con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de defensa de los derechos humanos que participa como querellante en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) y que entre sus miembros figuran varios personajes públicos que apoyan al kirchnerismo. Fue Kirchner quien impulsó que los criminales del régimen militar fueran condenados, después de las amnistías que los habían dejado libres entre 1986 y 1990.
La oposición reaccionó con críticas a la designación de Milani. “Es un personaje nefasto”, opinó el senador radical Gerardo Morales, que auguró que los colectivos de derechos humanos van a rechazar su nombramiento. Fernando Pino Solanas, diputado del centroizquierdista Proyecto Sur, nuevo aliado del radicalismo, dijo que “alarma la orientación en política de defensa que está tomando el Gobierno: Milani está sospechado de haber actuado en el Operativo Independencia”. Solanas criticó que "el desmantelamiento y abandono material de las Fuerzas Armadas es sistemático y constante, con las más bajos niveles históricos de inversión y de relación entre el PBI y el gasto”.
El ministro de Defensa defendió a Milani: "Tiene, como el resto de los otros tres jefes que fueron designados, una foja de servicios más que importante. Obviamente los legajos personales de cada uno de los jefes de las fuerzas designados son minuciosamente analizados. Y en el caso específico de Milani todo esto fue debatido en su último ascenso (a general), que tuvo el acuerdo necesario del Senado”. Rossi, exjefe del grupo de diputados kirchneristas, también justificó el recambio de jefes por una necesidad de “oxigenación” y “nuevo perfil” del área de Defensa a partir de su designación como ministro: “La renovación de los cuadros dirigenciales es una cuestión indispensable y esa rotación se da porque gran parte de la carrera militar está asentada en la posibilidad de ir cumpliendo y ascendiendo en cada uno de los peldaños". Rossi añadió que en una estructura "tan rígida" y "piramidal" como la militar estos cambios “permiten que los ascensos se vayan consolidando y así se encuentren espacios que se liberen”.
En 2003, la anterior vez en que un Gobierno argentino había cambiado toda la cúpula militar, Kirchner acaba de asumir la presidencia y desconfiaba de los jefes que había heredado de su antecesor, el también peronista Eduardo Duhalde. Kirchner iba a emprender entonces una embestida contra los criminales de la dictadura y necesitaba contar con jefes de máxima lealtad para evitar insurrecciones como las que sufrieron los presidentes argentinos Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999). El contexto del cambio actual es muy distinto. Las Fuerzas Armadas se encuentran subordinadas a la autoridad civil y han aceptado los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado. Habrá que ver qué sucede con la cooperación militar con EE UU, que el anterior ministro Puricelli, ahora a cargo de la cartera de Seguridad, había vuelto a cultivar entre 2010 y 2013.
El Estado argentino dedica al gasto militar el 0,9% del PIB, frente al 6% en educación, el 4,4% en sanidad y el 3,8% en deuda pública. Su presupuesto de defensa es relativamente menor que el de Chile (3,2% del PIB), Perú (1,3%), Brasil (1,6%) y Colombia (3,6%), pero mayor que el de México (0,5%) e igual que el de Venezuela (0,9%).
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