Columna
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El arma secreta de Alemania

Si las medidas para salvar al euro no sobreviven al escrutinio democrático, tenemos un problema

Respeto a Alemania. Ha aprendido de su pasado blindando su democracia detrás de un Tribunal Constitucional que se toma en serio su papel como guardián último de la soberanía democrática del país y de los derechos fundamentales de los alemanes. El contraste no puede ser más evidente ni más simultáneo: solo hace falta abrir la prensa del día y observar cómo, mientras nuestro Tribunal Constitucional enlodaza su prestigio en la refriega partidista e ideológica, el Tribunal Constitucional alemán se permite el lujo de llevar a cabo una serie de audiencias públicas que le ayuden a formarse una opinión sobre si los mecanismos de rescate aprobados por la Unión Europea y las decisiones del Banco Central Europeo de comprar deuda de los Estados miembros violan los tratados europeos e imponen riesgos intolerables a los contribuyentes alemanes.

A juzgar por el nulo debate que en España mantenemos sobre estas cuestiones, pareciera que el pensamiento unánime aquí es que los alemanes son unos tiquismiquis que se preocupan demasiado. Porque la verdad es que salvo los esfuerzos de Francisco Rubio Llorente durante su mandato como presidente del Consejo de Estado por intentar abrir y ordenar este debate sobre cómo la integración europea afecta a nuestra Constitución, el vacío en esta cuestión es muy notable. Y no porque las normas que se vienen aprobando en el ámbito europeo no estén teniendo un impacto sustantivo sobre nuestra Constitución. Tómese, por ejemplo, el artículo 134 CE que regula cómo y cuándo se elaboran, enmiendan y aprueban los presupuestos generales del Estado: ese artículo ya ha sido reescrito en la práctica por las normas aprobadas en el contexto del llamado Semestre presupuestario europeo que reseñé en mi columna de la semana pasada. Véase también lo ocurrido en el verano de 2011, cuando las Cortes aprobaron una modificación del artículo 135 de la Constitución para aplacar a los mercados e incluir los techos de déficit pactados con nuestros socios europeos: si bien es cierto que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por Izquierda Unida, lo hizo sobre la idoneidad del procedimiento exprés adoptado pero no sobre el contenido de ese artículo y su alcance sobre el resto del texto constitucional, incluyendo esa preocupante “prioridad absoluta” que el artículo 135 concede al pago de los intereses de la deuda y que, por tanto, ¿se entendería por encima de la salvaguardia de cualquier otro principio o fin establecido en la misma Constitución?

Claro que esta elevada exigencia democrática del Tribunal Constitucional alemán nos plantea un problema político y práctico de primer orden. Si el euro ha sobrevivido lo ha hecho precisamente gracias a dos decisiones que están en la picota: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y las operaciones de compra de deuda en el mercado secundario (OMT). Y no nos engañemos: son decisiones tomadas no solo con plena conciencia de su excepcionalidad, sino con la certeza de que exigen una interpretación de los Tratados europeos y de las Constituciones nacionales basada más en la necesidad de preservar el espíritu de las normas y la voluntad política de aquellos que las aprobaron que en la observancia estricta de la letra de artículos como el 123, que prohíben al BCE la compra directa de deuda de los Estados o su rescate mediante la concesión de créditos. En teoría, la legalidad de esas medidas debería ser examinada por el Tribunal de Justicia Europeo y el Banco Central Europeo debería ser fiscalizado por el Parlamento Europeo. Pero aunque la UE es democrática, no es una democracia, así que, mientras tanto, los guardianes últimos de la constitucionalidad son los Tribunales Constitucionales.

Declarar esas decisiones inconstitucionales llevaría a una doble crisis de confianza, política y económica, que muy bien podría llevarse el euro por delante. Superarla exigiría algo casi imposible en estos momentos: reformar los Tratados europeos para darle al euro la base legal que necesita para sobrevivir y reformar la Constitución alemana para legalizar esos cambios. Pero la obligación del Tribunal Constitucional alemán es tomarse en serio a los 35.000 ciudadanos que firmaron el recurso de amparo, y por eso ha llamado a declarar al presidente del Bundesbank, Hans Weidmann, que ha comparado al BCE y su presidente, Mario Draghi, con Fausto (el demonio), y al consejero alemán en el BCE, Jörg Asmussen, que defiende esas medidas como legales y necesarias. Es un debate arriesgado, que puede salir mal, pero es un debate necesario que no podemos soterrar o apartar con el argumento de que es peligroso. Si las medidas que tomemos para salvar al euro no pueden sobrevivir al escrutinio democrático de un Tribunal Constitucional, entonces sí que tenemos un problema.

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