La Fiscalía pide diálogo ante las protestas por el precio del transporte en Brasil

La Fiscalía de Sâo Paulo ha pedido a las autoridades políticas y policiales que abran un diálogo ante las manifestaciones contra el aumento de precio de los transportes públicos que han provocado violencia, vandalismo y decenas de detenciones. El fiscal Maruricio Lopes ha hecho algunas propuestas para dicho diálogo, entre ellas la congelación de los aumentos de los precios de los transportes, que apoyarían varios sindicatos.

La noche de este miércoles, la presidenta del país, Dilma Rousseff, hizo un discurso duro contra los que apuestan, dijo, para que Brasil “no acierte”. Ha sido enfática en decir que su gobierno no dejará libre la inflación que, según ella, está controlada al igual que los gastos públicos. Rousseff anunció una línea de crédito de 5.000 reales (2.300 dólares) para que las familias que recibieron casas populares del programa social Mi casa, mi vida, puedan amueblarlas.

El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, anunció que la policía federal va a analizar lo acontecido durante las manifestaciones en las que resultaron heridos ocho policías y afirmó que si hubiese habido excesos por parte de las fuerzas del orden serían estudiadas. Cardozo defendió que en Brasil existe la “total libertad de expresión”, pero no de “vandalismo”, algo que rechaza la misma sociedad, según él.

El antropólogo Fred Lúcio, entrevistado en la televisión Globo hizo un análisis de dichas manifestaciones desde el punto de vista de la sociedad. Según él la mecha que provocó la explosión social con ribetes de violencia se debió a un conjunto de factores. Lúcio asegura que en la sociedad existe una cierta insatisfacción sobre el funcionamiento de las servicios públicos, con quejas sobre la sanidad, la educación y la política de transportes.

La rabia del sector de la sociedad que usa habitualmente los medios de transportes públicos por no tener coches se debe, según el antropólogo, no solo a su precio, sino también al mal funcionamiento de los mismos, sobretodo en las grandes urbes como São Paulo, una ciudad con casi 20 millones de habitantes, la mitad de España.

Según Lúcio, existe “presión” en una sociedad "que se cree y desea ser de primer mundo", pero que tiene aún que convivir muchas veces con "servicios públicos precarios" en varios sectores.

Las protestas comenzaron el fin de semana y llegan en un momento de crisis con la inflación alta, la bolsa y el dólar comiendo terreno al real. Los transportes públicos son muy caros en Brasil en relación al sueldo base de los trabajadores y no existen abonos para quienes los usan de forma regular. Para quienes tienen que hacer un viaje de ida y otro de vuelta seis días a la semana, el gasto puede superar los 200 reales al mes, cuando el salario mínimo es de 678 reales (238 euros). Parte de la clase media ha pedido mano dura a la policía para que controle unas manifestaciones que están colapsando aún más las ya congestionadas ciudades brasileñas.