HRW pide la despenalización de las drogas en América

La ONG internacional Human Rights Watch irrumpió este martes en el debate sobre un cambio de enfoque internacional del problema de las drogas con una propuesta para que se despenalice completamente el consumo personal de cualquier tipo de sustancia. La represión penal contra el consumo de drogas, asegura, “atenta contra los derechos humanos fundamentales”. La propuesta fue hecha pública horas antes de que comenzara en Antigua, Guatemala, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la que el país anfitrión espera algún tipo de consenso que permita avances en ese sentido.

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, destaca los “efectos nefastos” que ha tenido la política de “guerra contra las drogas”, que ha provocado matanzas de los grupos narcotraficantes y abusos de las fuerzas de seguridad. Desde una óptica de derechos humanos, HRW cree además que “aplicar sanciones penales por el consumo o la tenencia de drogas para uso personal implica cercenar la autonomía y el derecho a la privacidad”, según un comunicado. Los Gobiernos “no deben castigar a las personas cuya salud se pretende proteger”, dice Vivanco.

HRW responsabiliza directamente a la criminalización de las drogas por graves violaciones de los derechos humanos en México, Colombia, Brasil o Estados Unidos. Aunque la organización reconoce que las convenciones vigentes obligan a tipificar penalmente el consumo, la posesión y la producción de estupefacientes, reclama cierto margen de interpretación. Vivanco pide que “no se limite la posibilidad de los Gobiernos de explorar nuevas estrategias en esta materia”.

Guatemala pidió ser sede de esta Asamblea General precisamente para poder imponer el tema de las drogas como proposición principal, bajo el título “Por una política integral frente al problema de las drogas en las Américas”, después de casi año y medio desde que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lo dijo por primera vez. Guatemala presenta el debate en términos muy generales, ni siquiera hablando abiertamente de despenalización. El discurso se basa en la premisa de que “lo que se ha hecho hasta ahora claramente no ha funcionado, así que habrá que hacer otra cosa”, según una fuente diplomática. La misma fuente asegura que el país centroamericano aspira en esta Asamblea de la OEA solo a iniciar el debate, sin esperanzas de aprobar nada práctico. A mediodía del martes, el optimismo entre los anfitriones era patente ante la posibilidad de lograr un texto con bastante peso.

Pero la estrategia internacional de persecución del consumo y tráfico de drogas data de los años 60, por lo que cualquier cambio de relato, un cambio en el marco de debate, ya será considerado un éxito. El ministro de Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera, aseguró el lunes que cuenta con el consenso de 14 países. El objetivo final de un acuerdo en la OEA sería proponerlo como base para un nuevo acuerdo en la ONU.

Los países del arco centroamericano, más México y Colombia, los más castigados por el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, están decididos a avanzar en el debate, y algunos como Uruguay ya han iniciado políticas de despenalización. Sin embargo, otros como Perú, el primer país productor de hoja de coca del mundo, tienen importantes recelos. El lunes de la semana pasada, el primer ministro peruano, Juan Jiménez Mayor, rechazaba en una entrevista cualquier cambio en la estrategia antidrogas del país, centrada en la erradicación de cultivos.

En la cumbre también sobrevuela la necesidad de buscar un sustituto al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Aunque Insulza dijo en una entrevista con EL PAÍS la semana pasada que pensaba agotar los dos años que le quedan de mandato al frente de la institución, en Chile el Partido Socialista ya ha dejado caer su convencimiento de que Insulza renunciará tras esta reunión de Guatemala para concurrir como candidato al Senado de su país en las elecciones de noviembre.