La participación política de las FARC abre el debate en Colombia

Mientras en La Habana el gobierno colombiano y las FARC están a puertas de discutir el segundo punto de la agenda de negociación que se centra en la participación política de esa guerrilla, en Bogotá empezó el debate por cuenta de un foro político organizado por la ONU y la Universidad Nacional, a petición de la mesa de diálogos pero en el que no participaron ni el gobierno ni las FARC.

Como sucedió con el tema agrario en diciembre –primer punto de la agenda–, por tres días cerca de 1.200 personas se reunieron para debatir que esa guerrilla, ya desmovilizada, participe en política tras firmar la paz y cómo lo haría, lo que ha encendido la polémica entre los detractores al proceso y los que apoyan las negociaciones en La Habana.

Mientras representantes de 22 partidos y movimientos sociales respaldaron la idea de abrir un camino político a las FARC sin armas e insistieron en la urgencia de una reforma electoral para darle espacio a las minorías y mejorar las garantías políticas para el ejercicio a la oposición de los partidos que no estén en el gobierno, en La Habana las FARC criticaron el sistema electoral. “Está podrido, es corrupto, hay clientelismo y trampas”, dijo Marcos Calarcá, uno de los negociadores de esa guerrilla.

Por su parte, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, también recordó desde La Habana que todos los procesos de paz exitosos “abren las fronteras de la participación política y ciudadana a las nuevas fuerzas” y que es útil que se “amplíe el marco de la participación y se consolide un estatuto que garantice los derechos de la oposición”.

A la izquierda colombiana este tema le preocupa ya que tiene como antecedente el genocidio de la Unión Patriótica, UP, un partido surgido de los acuerdos entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), que en su momento cúspide eligió congresistas, diputados y concejales, pero que fue exterminado por la extrema derecha. Al menos 3.000 de sus simpatizantes fueron asesinados en menos de una década, entre ellos dos candidatos a la presidencia. Hoy ese partido busca recuperar la personería jurídica que perdió en 2002.

El debate también pasa por lo jurídico. De la Calle aclaró el lunes que una cosa son las garantías para la oposición y otra la situación jurídica a la que se enfrentarán los jefes de las FARC. “La pregunta sobre quién de ellos, en cada caso, puede ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia” y recordó que en este asunto no solo cuenta la voluntad del gobierno ya que pasa por decisiones de otras ramas del poder y compromisos internacionales.

Desde el inicio de los diálogos de paz, las encuestas muestran que si bien los colombianos apoyan la paz negociada no aceptan el hecho que guerrilleros con cientos de crímenes a cuestas regresen a la vida civil sin pagar un día de cárcel. Y menos ser elegidos a cargos públicos. En la más reciente, el porcentaje que se opone llegó al 67 por ciento.

Uno de los personajes que encarna esta tendencia, desde la institucionalidad colombiana, es el actual procurador general, Alejandro Ordóñez, a quien le preocupa que a cambio de firmar la paz, los crímenes de la guerrilla queden impunes. Ordóñez ha dicho que denunciará ante organismos internacionales cualquier acuerdo que lleve a la impunidad, refiriéndose al llamado Marco Jurídico para la Paz que abre la posibilidad de penas alternativas dentro de un proceso de justicia transicional, lo que permitiría a la guerrilla hacer política una vez se desmovilicen.

Estas reacciones lo graduaron como enemigo del proceso de paz y ha provocado duras reacciones como la del fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, quien lo invitó a que revise su interpretación de las leyes, además de insistir en que la legislación no generará impunidad. “No solamente se hace justicia a través de la privación de la libertad, sino de la aplicación de la verdad y la reparación como formas alternativas de hacer justicia”, indicó. Montealegre propuso incluso que los guerrilleros que confiesen sus crímenes puedan acceder al principio de oportunidad, un beneficio que a cambio de la confesión de crímenes otorga rebaja de penas y que los podría exonerar de ir a la cárcel.

El único movimiento que no asistió al foro fue Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que calificó como “inaceptable jurídica y moralmente” dar este espacio a quienes cometen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Al final del foro se reunieron cerca de 400 propuestas que serán llevadas a La Habana.