El Salvador oficializa en Washington la polémica tregua entre las maras

Una delegación de El Salvador, liderada por el ministro de Justicia y Seguridad, ha oficializado esta semana en Washington la tregua iniciada hace un año entre las maras más violentas del país, la mara 13, conocida como MS-13 o Salvatrucha, y la mara del Barrio 18. Este período -que ha producido un inapelable descenso de los homicidios de 14 muertos diarios a una media de 5,5- no ha estado exento de controversia. Su opacidad, el ambiguo papel del Gobierno y de la Iglesia católica, las concesiones a los líderes de las pandillas en prisión, la aparente ausencia de planes alternativos de reinserción o el mantenimiento de las extorsiones por parte de las bandas, han generado cierto escepticismo sobre un proceso que, no obstante, se percibe como una gran oportunidad para reducir la criminalidad en el segundo país más violento del mundo, tras Honduras.

El grupo, integrado por el obispo Fabio Colindres, uno de los interlocutores de la tregua, y representantes de la sociedad civil, se reunió el lunes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el miércoles presentó ante su Consejo Permanente los avances y logros alcanzados durante el “proceso de reducción de la violencia” en El Salvador. La OEA, en su rol de “garante del proceso de paz”, ha jugado un papel importante en la supervisión de la tregua casi desde el inicio de la misma. Durante su estancia en Washington, la delegación también ha visitado el Departamento de Estado, se ha entrevistado con miembros del Congreso estadounidense y ha mantenido encuentros con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para presentarles sus proyectos de reinserción y recabar apoyos para avanzar en la consolidación de la tregua.

Con la presentación de este proceso ante la comunidad internacional, el Gobierno salvadoreño pretende institucionalizar un proceso que sigue siendo muy frágil y que, pese a los esfuerzos evidentes de todos los actores involucrados, sigue dependiendo de la palabra de los líderes de las maras que están en prisión. El Salvador pretende involucrar en el proceso a organizaciones internacionales -la Unión Europea o Naciones Unidas, a través del PNUD, ya han mostrado su interés- para poder blindar la actual política que ha desarrollado el ejecutivo de izquierdas de Mauricio Funes e impedir que futuros Gobiernos puedan desmantelarla después. “Estamos formando una coraza protectora alrededor de este proceso, que es el único que se ha demostrado que está dando resultado en estos últimos años”, reconoció en una entrevista a EL PAÍS, Munguía.

Estamos formando una coraza protectora alrededor de este proceso, que es el único que se ha demostrado que está dando resultado en estos últimos años”

Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador

En esta línea se enmarca la segunda fase de la tregua que pretende “trasladar la negociación de las cárceles a la calle”, en palabras de Colindres, a través de la iniciativa Municipios Libres de Violencia. En estos Municipios -de momento ya son siete, de distinto carácter político, los que se han incorporado a este programa- son los propios alcaldes los que lideran el diálogo, de forma directa, con los líderes de las maras que imperan en sus calles para, a cambio de su compromiso de reducir la violencia, desarrollar programas de reinserción que les aparten paulatinamente de las bandas. Para desarrollar esta iniciativa es necesario apoyo económico y eso es lo que, entre otras cosas, ha venido a buscar la delegación salvadoreña con su visita a Washington.

La elección de la capital de EE UU no es casual. Además de ser el lugar donde tiene su sede la OEA, que es quien ha financiado el viaje de la delegación, Washington es la segunda ciudad, tras San Salvador, en la que reside el mayor número de salvadoreños y es una de las localidades estadounidenses -junto a varios condados vecinos del Estado de Maryland-, tras Los Ángeles y San Francisco donde la mara de los Salvatrucha tiene más presencia en este país. Los miembros del grupo han tenido la oportunidad de comprobar el funcionamiento de los programas de reinserción de los miembros de estas pandillas desarrollados en la zona.

Pese a los evidentes avances, todavía hay muchas dudas en torno al proceso. El papel del Gobierno en el proceso de paz no ha quedado claro. Aunque Funes ha insistido en que el Ejecutivo no negocia con criminales y ha rechazado haber participado en ningún acuerdo con las maras que contemple mejores condiciones carcelarias a cambio del abandono de la violencia, el hecho es que los principales líderes de las pandillas han sido trasladados de cárceles de máxima seguridad, donde estaban en régimen de aislamiento, a otras prisiones donde tienen un limitado acceso al exterior y sus condiciones en los centros penitenciarios han mejorado sustancialmente.

El impasse en la cultura del ojo por ojo entre las maras de El Salvador no es perfecto, pero ha ofrecido al país centroamericano una valiosa oportunidad para apuntalar la reducción de la violencia, que necesita de una implicación decidida por parte del Gobierno, de la sociedad civil y del sector privado para desarrollar programas de reinserción y de integración. Bajo el auspicio de la OEA se ha creado un Comité Técnico para coordinar todo este proceso, del que forman parte Munguía y Colindres, así como el otro interlocutor principal de la tregua, el exguerrillero y exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Raúl Mijango, el periodista Paolo Leurs y Antonio Cabrales, representantes de Humanitarian Foundation, y el secretario para Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell.