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La OEA cierra en falso la reforma del su sistema de derechos humanos

El ALBA, apoyado por Argentina, evita que se zanje el proceso de revisión pero queda aislado en el resto de sus propuestas

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, durante su intervención en la Asamblea Extraordinaria de la OEA.
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, durante su intervención en la Asamblea Extraordinaria de la OEA. EFE

El propósito de la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de este viernes era dar por concluido el proceso de reforma de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), un deseo en el que coincidían todos los países miembros de la Organización, salvo Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. El bloque del ALBA, en su obstinación por evitar que la Organización adoptara una resolución que escenificara el fracaso de sus propias iniciativas, consiguió, después de casi 12 horas de reunión, deslizar en el texto final un llamamiento a su Consejo Permanente para que “continúe el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH”. Una victoria pírrica ya que el ALBA ha debido claudicar en el resto de sus reivindicaciones sobre la financiación del sistema, que no se han tomado en consideración por la OEA.

La amenaza de Ecuador, a última hora de la noche, de abandonar el sistema provocó que Argentina presentara una nueva versión de un apartado que contentara definitivamente a los países del ALBA en su exigencia de dejar abierto el proceso de revisión. Con su iniciativa, Argentina ha impedido que en la OEA se escenificara, con una inusual votación del proceso de resolución sobre el que el resto de los 30 Estados miembros sí estaban de acuerdo, la soledad de las posiciones del bloque. “Después de la propuesta de Argentina, sentimos que la propuesta de los países del ALBA está considerada y estamos dispuestos a aceptar ese consenso y considerar la resolución una resolución por unanimidad”, explicó al filo de la medianoche el ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño.

El complejo proceso de decisión de la OEA, que prima el consenso en sus resoluciones, antes que forzar una votación que ponga en evidencia la posturas contrarias de sus miembros, ha permitido al ALBA introducir una de sus reivindicaciones en la resolución. La inclusión de ese apartado supone un cierre en falso del proceso de reforma del SIDH, ya que deja la puerta abierta a la posibilidad de que el Consejo Permanente ordene, en cualquier Asamblea General, una nueva revisión del sistema, que durante estos dos años ha impedido al órgano de protección de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, centrarse exclusivamente en la protección y el amparo de las víctimas de las violaciones de derechos por parte de sus Estados.

La concesión al ALBA es una victoria amarga para el bloque. La OEA no ha tenido en cuenta ninguna de las reivindicaciones que esos países se han obstinado en defender en los últimos meses. Ni su plan para la financiación del SIDH, ni la prohibición para que su órgano de protección de derechos ordene medidas cautelares, ni la reforma del contenido del capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, conocido como lista negra porque incluye a los países más incumplidores con las libertades públicas de la región; ni su petición de última hora del cambio de la sede de la Comisión fuera de Washington.

“Lo importante no es quién gane la votación de este debate, lo importante es que se ha iniciado un debate”, dijo en su intervención el embajador ante la OEA de Venezuela, Roy Chaderton. La resolución de la OEA permite a todos los Estados poder arrogarse galones y salir mínimamente airosos de un proceso en el que ha quedado palpable el difícil equilibrio geopolítico de la región y la influencia de las amenazas del bloque del ALBA.

Una reforma crucial

El sistema de protección de derechos humanos de la OEA es uno de los más prestigiosos del mundo. La función de la CIDH en la denuncia de las desapariciones y los delitos de lesa humanidad realizados por las diferentes dictaduras americanas en los 80 ha sido decisiva para garantizar la justicia para las víctimas y apuntalar la consolidación de las democracias en la región en la última década.

La Comisión fue la primera en pedir medidas cautelares contra Guantánamo, fue el altavoz de las denuncias contra el terrorismo de Estado del presidente de Perú, Alberto Fujimori, y es el último recurso del que disponen los 500 millones de habitantes de la región para poder defenderse ante la violación de sus derechos civiles por parte de los Estados.

Este no es el primer proceso de reforma que aborda el SIDH, de hecho en los últimos 10 años el sistema ya se ha modificado en cuatro ocasiones, pero, en esta ocasión, las consecuencias para la efectividad de la protección de las víctimas y el futuro de las relatorías y la evidente confrontación de ideologías detrás de cada una de las posturas enfrentadas en la OEA, han hecho saltar las alarmas y han provocado una movilización por parte de dirigentes políticos y de organizaciones de la sociedad civil, sin precedentes.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho del proceso de reforma uno de sus principales caballos de batalla. Una prueba de la transcendencia de esta reunión es que han acudido 10 ministros de Asuntos Exteriores y que EE UU, que en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo en el seno de la OEA, ha decidido enviar al número dos del Departamento de Estado, William Burns.

“A lo largo del proceso ha quedado claro qué Estados han querido debilitar a la CIDH”, ha declarado al final del encuentro la su secretaria de Estado, Roberta Jacobson. “El acuerdo final no es perfecto, pero hemos conseguido elevar el nivel de todas las relatorías, asegurar la autonomía de la Comisión y garantizar su financiación externa”, ha indicado.

La financiación del SIDH también ha sido uno de los principales escollos que ha impedido a la OEA alcanzar un consenso antes. De acuerdo con la resolución, todos los Estados coinciden en el SIDH debe sufragarse exclusivamente con los fondos de la OEA y las aportaciones de sus Estados miembros. El desencuentro radicaba en cómo distribuir las contribuciones de terceros países, en tanto se consigue esa autofinanciación. En la actualidad, solo el 55% del presupuesto total del SIDH se financia por la OEA y sus Estados.

El bloque del ALBA aspiraba a condicionar las aportaciones de terceros Estados y otras instituciones, de modo que no estén dirigidas a ningún fin específico. Esa propuesta ha sido rechazada por el resto de Estados miembros. La CIDH ha recibido con alivio esta decisión ya que, de haber prosperado la iniciativa del ALBA, se hubiera limitado la financiación del organismo autónomo y se hubiera acabado con la relatoría de Libertad de Expresión.

Esta relatoría, por su carácter de especial, es la única que no se financia con fondos de la OEA y que depende enteramente de los programas de cooperación internacional. Esta circunstancia hace que su presupuesto triplique el del resto de las relatorías. Si se le impide, como postula Ecuador, que no pueda especificar a qué programas o fines destina los fondos que recibe, no podría subvencionarse. Precisamente, el carácter especial de esa relatoría –muy incómoda por sus denuncias sobre la degradación de la libertad de prensa en Ecuador- es otro de los puntos de fricción que impiden llegar a un acuerdo general. Los Estados miembros de la OEA se han comprometido a “fortalecer todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes, sobre la base de un financiamiento adecuado y sin perjuicio de sus otras responsabilidades.”

Todos los Estados han coincidido en que, para garantizar el fortalecimiento del SIDH es necesario mejorar su financiación y conseguir que todos los Estados de la OEA ratifiquen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Organización, un velado tirón de orejas para EE UU que, aunque ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, no la ha ratificado. “Sabemos que es una reclamación de la OEA, y nosotros queremos ratificarlo, pero eso es una decisión del Congreso”, ha indicado Jacobson. De los 34 miembros de la OEA, solo 23 han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos –Trinidad y Tobago y Venezuela la han denunciado, Bolivia amenazó con hacerlo este lunes y Ecuador, que paradójicamente se ha erigido en adalid de la universalidad de la CIDH, este viernes también ha amagado con seguirlos- y únicamente siete han suscrito todos los instrumentos de protección.

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