Cuarta condena contra el exdictador argentino Reynaldo Bignone
El exdictador recibió una sentencia a cadena perpetua por 23 crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Campo de Mayo
El exdictador argentino Reynaldo Bignone (1982-1983) recibió este martes su cuarta condena por delitos de lesa humanidad durante el último régimen militar de su país (1976-1983). En este caso recibió una sentencia a cadena perpetua por 23 crímenes cometidos en uno de los dos principales centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura, el de Campo de Mayo, en el noroeste del Gran Buenos Aires (periferia de la capital argentina). El otro campo de concentración importante era el de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Por el regimiento del Ejército en Campo de Mayo pasaron unos 5.000 secuestrados. Allí también funcionó una maternidad clandestina en la que parían las desaparecidas embarazadas y en la que los militares se robaban los bebés para entregárselos a miembros de la fuerza o familias cercanas al régimen. Entre los 23 casos juzgados este martes figuran los de siete embarazadas que allí dieron a luz.
Bignone fue el dictador que encabezó la transición hacia la democracia después de la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas (1982) contra Reino Unido y en medio del descontento popular por la situación política y económica del país, pero durante su gobierno ordenó la eliminación de todas las pruebas de la represión ilegal. Sin embargo, 30 años después de entregarle el mando presidencial a Raúl Alfonsín (1983-1989) la justicia argentina ya lo ha condenado cuatro veces por crímenes cometidos antes de ponerse al frente del régimen. Desde 2010 hasta ahora había sido sentenciado en otras tres causas a prisión perpetua, 25 años de reclusión (por otros delitos perpetrados en Campo de Mayo) y 15 años. Además, este mes acaba de comenzar el juicio oral que durante dos años analizará su responsabilidad y la de otros militares en el Plan Cóndor, el programa de cooperación de las dictaduras sudamericanas de los 70 y 80 para secuestrar y eliminar opositores con el apoyo de EE UU.
El tribunal oral federal de San Martín, municipio del Gran Buenos Aires, no solo condenó este martes a Bignone sino también a quien había sido su jefe en Campo de Mayo, Santiago Riveros, excomandante de Institutos Militares que también acumula varias sentencias en su contra. Otros siete exuniformados fueron penados con reclusión perpetua, 25, 20 y 16 años de prisión, mientras que un exoficial de Inteligencia del Ejército y su esposa deberán pasar 15 y 12 años tras las rejas, respectivamente, por el robo de la entonces bebé Laura Catalina de Sanctis Ovando.
De Sanctis era hija de dos integrantes de la guerrilla peronista Montoneros que desaparecieron en 1977, Raúl y Myriam. Su madre estaba embarazada entonces de seis meses. Por una carta que recibió su familia se supo que había dado a luz una bebé a la que llamó Laura. La búsqueda de la niña comenzó en 1982. La organización Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a trabajar el caso a partir de denuncias que daban cuenta de una joven que había sido anotada como hija propia por un militar y podía ser hija de desaparecidos. Un juez ordenó que se tomaran las medidas necesarias para dar con su paradero y que se le extrajeran objetos personales para conocer su identidad. En 2008, la justicia confirmó que la llamada Catalina era en realidad Laura y había nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La joven incorporó entonces su nombre original y comenzó a usar los apellidos de sus verdaderos padres.
En el juicio, De Sanctis se presentó como querellante contra esos apropiadores que le habían ocultado la verdad durante casi tres décadas, Carlos Garzón y María Francisca Morillo. Antes de conocerse el fallo judicial, la joven opinó que la sentencia iba a resultarle “reparadora” y serviría para “honrar la memoria” de sus padres.
La justicia tras las dictaduras en Sudamérica, país por país
Argentina
Argentina fue el último de los siete países sudamericanos del Plan Cóndor en el que se instauró un régimen militar (1976-1983). Hasta entonces, este país se había convertido en refugio de exiliados de perseguidos políticos de Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. No obstante, la fiscalía del nuevo juicio sobre la Operación Cóndor considera que la cooperación de Argentina con las otras dictaduras comenzó ya en el Gobierno de Isabel Perón (1974-1976), en el que mandaba más que nadie el ministro de Bienestar Social, José López Rega, a quien respondía la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
En el proceso que comenzó este martes se analizan los casos de 106 desaparecidos, de los cuales 103 eran extranjeros, sobre todo uruguayos, unos 48. La dictadura de Uruguay fue responsable de la desaparición de 140 personas, pero también contó con la colaboración de la de Argentina en la eliminación de opositores. Por ejemplo, en este último país fueron asesinados los exparlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Entre los 48 casos ahora analizados figura el de la hija de Michelini, María Margarita. Varias uruguayas desaparecidas en Argentina sufrieron el robo de los bebés que parieron en cautiverio.
También en Argentina fueron asesinados el general chileno Carlos Prats, que se había mantenido fiel al Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y su esposa. Una bomba los hizo volar por los aires en 1974. El autor material del atentado fue un agente de la CIA, Michael Townley, lo que demuestra la activación colaboración de EE UU con la Operación Cóndor en plena Guerra Fría contra el comunismo de la Unión Soviética. El dictador chileno Augusto Pinochet zafó de una condena en su país por los asesinatos de Prats y su mujer, pero otros militares de ese origen fueron sentenciados allí y en Argentina.
Además de homicidios, el Plan Cóndor implicó la captura y la extradición ilegales de guerrilleros, militantes de izquierda y otros opositores a los regímenes de países vecinos. Los organismos de derechos humanos han denunciado la desaparición de 30.000 personas en la dictadura argentina, incluidas las víctimas del Cóndor.
Brasil
La dictadura brasileña (1964-1985) forzó la desaparición de 366 personas, según cifras oficiales. Entre ellos figuran tres argentinos cuyos casos serán juzgados en el juicio que comenzó en Buenos Aires, tres argentinos que estaban organizando en Brasil una contraofensiva contra el régimen argentino en 1978: Norberto Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia.
En Brasil, a diferencia de la mayoría de los países sudamericanos, nunca han sido juzgados los responsables del régimen ni del Cóndor. La abogada Rosa Maria Cardoso de Cunha, que defendió a la presidenta Dilma Rousseff durante la dictadura, prometió en 2012 que investigará el destino de los brasileños que fueron presos y ejecutados por otros regímenes de la región en el marco del Plan Cóndor. "Hemos solicitado documentos producidos por el CIEX (un centro de espionaje que funcionó en el Ministerio de Relaciones Exteriores) y otros organismos", dijo Cardoso de Cunha.
Brasil había firmado un acuerdo de información confidencial con las otras dictaduras, según cables desclasificados por el Departamento de Estado de EE UU. No obstante, participó de forma activa en la represión ilegal, tal como lo demuestra el secuestro en 1978 en Porto Alegre de una pareja de militantes de la oposición política uruguaya, Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, y sus dos hijos, Camilo y Francesca, de ocho y tres años. Además, exgobernador del estado de Río de Janeiro Leonel Brizola ha denunciado que el expresidente brasileño João Goulart (1961-1964), que murió en Argentina en 1976, fue asesinado y no falleció por un ataque al corazón, como contaba la historia oficial de aquel tiempo.
Chile
Chile ha reconocido que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) mató e hizo desaparecer a 3.065 personas. Entre sus víctimas figuran aquellos que mandó a matar fuera de su territorio, como Prats y su esposa, crímenes por los que han sido condenados en Chile el exgeneral Manuel Contreras, el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el exgeneral Eduardo Iturriaga, el excoronel Christoph Willikie Flöl, el exagente de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) José Zara Holger y el excoronel Juan Morales Salgado. En Argentina fue sentenciado por el mismo asesinato el exagente de la DINA Enrique Arancibia Clavel.
En 1976, el exministerio de Allende Orlando Letelier murió por la explosión de un coche comba en Washington. El hijo de Letelier, Francisco, ha denunciado que el crimen de su padre formó parte del Plan Cóndor. El agente de la CIA Michael Townley, acusado por el crimen de los Prats, también fue señalado como autor del de Letelier. Townley confesó que había contratado a cinco cubanos anticastristas para matar al exministro de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa de Allende.
Paraguay
La dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) encontró en otros regímenes vecinos complicidad para perseguir a sus opositores exiliados. Tres años después de su caída, en 1992, el activista en favor de los derechos humanos Martín Almada encontró en oficinas públicas informes secretos conocidos como los Archivos del Terror, que constituyeron las primeras pruebas concretas de la Operación Cóndor.
Unas 425 personas fueron desaparecidas en el régimen de Stroessner, según el informe de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación. No obstante, organismos de derechos humanos denuncian hasta 2.000 casos.
Uruguay
La dictadura militar de Uruguay (1973-1985) colaboró en forma activa con la de Argentina para reprimir a opositores de ambos países. Entre los desaparecidos en tierra uruguaya figuran los argentinos Carolina Barrientos de Carneiro, Graciela Basualdo de Coicochea, Claudio y Lía Epelbaum, Claudio Logares y Alfredo Moyano y la paraguaya Josefina Klein. Uno de los mayores misterios del Cóndor radica en por qué la nuera del poeta Juan Gelman, la argentina María Claudia García Irureta, fue traslada de su país a Uruguay, donde dio a luz y desapareció, aunque hay versiones de que finalmente fue asesinada en Argentina. García Irureta no había militado políticamente en Uruguay, pero en el centro clandestino de detención y torturas donde estaba en Buenos Aires había muchos uruguayos y ella fue conducida junto a varios de ellos en un vuelo a Montevideo.
Bolivia
La dictadura boliviana (1964-1982) también persiguió a sus connacionales fuera de su territorio y cooperó con otros regímenes para perseguir a los llamados subversivos dentro de sus fronteras. El dictador Hugo Banzer fue uno de los más sangrientos ejecutores del plan, pero no el único. También están acusados Juan Pereda Asbún y Luis García Meza. En 1976, el expresidente boliviano Juan José Torres fue asesinado en Buenos Aires en un operativo de cooperación entre Banzer y su par argentino Jorge Videla.
Perú
La variopinta dictadura militar de Perú (1968-1980), primero de izquierdas y después de derechas, también participó en su segunda etapa del Plan Cóndor. El régimen de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) se involucró activamente, según consta en los cables desclasificados por Wikileaks y en las acusaciones que contra él pesaron en la instrucción del juicio que ha comenzado en Buenos Aires. Un grupo de opositores a su dictadura fue secuestrado en Perú y trasladado a Argentina en 1978. El exsenador peruano Genaro Ledesma Izquieta declaró que el entonces dictador argentino, Jorge Videla, había aceptado recibirlo a él y a otros 12 conciudadanos como "prisioneros de guerra" con la condición de que la selección de fútbol en la que brillaba Teófilo Cubillas se dejara golear 6-0 por la de Mario Kempes para permitir el acceso de la albiceleste a la final del Mundial de Argentina 1978.
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