Las víctimas de la estación Once luchan contra el “silencio” del Gobierno

El 22 de febrero de 2012 murieron 51 personas en el centro de Buenos Aires a causa de un accidente ferroviario. La presidenta del Gobierno, Cristina Fernández, tardó 13 horas en emitir un comunicado lacónico donde enviaba sus condolencias a los familiares de las víctimas. Fernández empleó seis días en aparecer en público después de la tragedia. En aquella ocasión, con motivo del bicentenario del primer izado de la bandera argentina, en la ciudad de Rosario, declaró: “Es mentira cuando dicen que el tiempo te hace olvidar, es mentira. Cada vez uno se acuerda más, cada vez se siente más ausencia. Pero en este caso, lo que sí tendrá que haber es justicia de una buena vez y para siempre”.

Un año después, los familiares de las víctimas siguen criticando el silencio del Gobierno y reclamando justicia. "Para el Gobierno la tragedia no existió, es silenciada de manera metódica", declaró el miércoles un familiar en conferencia de prensa. "Nunca en ningún anuncio el Gobierno hizo referencia a la tragedia”, añadió Paolo Menghini, el padre de un joven cuyos restos no se encontraron hasta dos días después del siniestro.

En lugar de frenar unos metros antes, el tren de la línea Sarmiento chocó en hora punta con el tope del andén 2, en la estación porteña de Once. El primer y el segundo vagón, donde se aglomeraban los viajeros para salir en primer lugar, quedaron aplastados como latas de sardina. Al día siguiente, el escritor y periodista Martín Caparrós escribió un artículo en EL PAÍS cuyo título, ¿Accidente? , resumía la frustración de muchos argentinos que no vieron en esa tragedia una fatalidad inevitable sino la consecuencia lógica de muchas décadas de inoperancia, mala gestión y corrupción manifiesta. “La corrupción mata”, escribió esa semana la diputada opositora Elisa Carrió.

Cristina Fernández ordenó que el Gobierno se presentara como “querellante privado” en la causa. Pero esa medida no consiguió desviar la mirada de la opinión pública que siguió exigiendo responsabilidades al Gobierno. En consecuencia, al mes siguiente dimitió el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y comenzó el descenso del Gobierno en las encuestas de intención de voto.

El pasado martes el juez Claudio Bonadio cerró la instrucción del caso y lo elevó para que pase a juicio oral y público. Un total de 28 personas han sido acusadas de distintos delitos en relación con las 51 muertes. Entre ellas se encuentran los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el empresario dueño de la compañía concesionaria TBA, Claudio Cirigliano, y el maquinista Marcos Córdoba. Pero el juicio no empezará antes de un año, según indican los abogados próximos al caso. A partir de ahora, el Tribunal Oral Federal N°1 deberá estudiar las pruebas que aporten los acusados y decidirá si se necesita emprender una instrucción complementaria.