Así están Grecia, Irlanda y Portugal

El anuncio de duros recortes y políticas restrictivas ha supuesto en el caso de Grecia, Irlanda y Portugal el comienzo de duros períodos de ajuste que, más allá de las cifras macroeconómicas, repercuten seriamente en la vida de la ciudadanía.

Grecia. En su quinto año consecutivo de recesión, Grecia acusa los sucesivos ajustes adoptados a cambio de los dos rescates con una brusca reducción del nivel de vida. Desde que empezó la crisis, en 2010, los ciudadanos han visto recortados sus ingresos entre un 40% y un 50%; las pensiones de jubilación han sufrido una merma del 15% de promedio (y hasta un 25%, las superiores a 1.200 euros al mes), y el incremento de los impuestos directos al consumo ha provocado la ruina del pequeño comercio, en un país en que las pymes constituyen alrededor del 55% del tejido empresarial del país: una de cada tres tiendas ha cerrado. El paro ronda el 23%, aunque entre los menores de 25 años supera ya el 50%.

La presión fiscal (subida del IVA, aumento de los impuestos a carburantes, o la nueva tasa que grava las propiedades inmobilarias, aprobada en septiembre pasado) ha ahogado al consumidor, mientras los planes de privatizaciones incluidos en el plan de saneamiento económico no avanzan. Este es, precisamente, el capítulo en que centrará sus esfuerzos el nuevo Gobierno tripartito, aunque hasta finales de año solo se acometerá la privatización de la lotería nacional y el antiguo centro internacional de prensa de los JJOO de 2004. La mayor parte del programa -alrededor de 24 proyectos- se aplazará hasta 2013.

La prevista supresión de 150.000 empleos públicos hasta 2015, a razón de una sola contratación por cada diez extinciones de contrato (por jubilación o baja definitiva), tampoco prospera por el alto coste social que ello implica; no faltan voces en el Ejecutivo que se oponen a un tijeretazo tan brusco. La reciente dimisión del número dos del Ministerio de Trabajo -la tercera renuncia en el Gabinete desde su constitución, hace tres semanas- cabe explicarse en este contexto.

De aquí a finales de año, en fin, el Gobierno griego deberá recortar 3.000 millones de euros suplementarios, en un escenario con perspectivas nada halagüeñas: el riesgo de impago del país alcanza ya el 96,7%, según una estimación de CMA referida a los datos macroeconómicos del segundo trimestre de 2012.

Irlanda. El Gobierno irlandés ha anunciado hoy el plan de ajuste con el que prevé ahorrar 15.000 millones hasta 2014 con drásticas medidas de recorte que afectarán negativamente a su nivel de vida a corto plazo para recibir el rescate de sus socios. Entre las actuaciones más duras, reducirá la plantilla de funcionarios en 24.750 personas, lo que supone un 7% del total. También bajará las pensiones mientras, sobre los ingresos, subirá el IVA hasta el 23% de aquí a 2014 y aumentará los impuestos sobre la renta. Sin embargo, no tocará el de sociedades, muy por debajo del resto de sus socios del euro con un 12,5% y criticado por Bruselas.

La cifra de funcionarios que finalmente dejarán su puesto supera las previsiones, ya que se esperaba que fueran 20.000. Pese a la envergadura del tijeretazo, hay que recordar el destacado incremento en la contratación de personal público que ha tenido lugar durante los últimos años. Con datos a cierre de septiembre, había 361.000 empleados a cargo de la Administración en un país de 4,5 millones de habitantes.

Portugal. En abril del año pasado, el por entonces primer ministro portugués, el socialista José Sócrates, pedía formalmente un rescate de 78.000 millones de euros al FMI, el BCE y la UE, la troika, constituido desde entonces como grupo acreedor. Seis meses y unas elecciones generales después, el primer ministro conservador Pedro Passos Coelho, anunciaba las primeras grandes medidas de austeridad: la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas con un salario de más de 1.100 euros sin fecha clara de retorno. A este recorte sucedieron otros: las consultas médicas comenzaron a costar cinco euros y las de urgencias, que costaban diez, subieron a veinte, el IVA trepó hasta el 21% y se incrementaron las tarifas de los transportes públicos, entre otros servicios. Cada tres meses, los inspectores de la troika visitan el país para entrevistarse con los dirigentes, verificar el estado de las cuentas, aconsejar nuevos recortes, ordenar nuevas medidas, y, para terminar, dar el visto bueno y la orden de versar el tramo de dinero correspondiente.

Hoy, la supresión de las pagas extras a funcionarios ha sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional portugués y el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, lucha con un déficit que derrapa, un paro que sube sin parar (ahora ronda el 15% y llegará, según la OCDE, al 16,2% en 2013) y una economía que se encoge a un ritmo del 3%. Los datos del déficit son sintomáticos: en el primer trimestre de 2012 escaló hasta el 7,9%, muy lejos de la meta prometida para final de año de 4,5%. Gaspar explicó hace poco cuál es el problema: el Estado no ingresa lo suficiente, consecuencia de la anemia en la que está sumida la industria y el consumo en Portugal. Es decir: la economía portuguesa gira en el vacío, canibalizándose a sí misma, devorada por sus propios recortes y su deuda. Los medios portugueses dan por seguro que, en la próxima visita de los técnicos de la troika, a finales de agosto, el Gobierno negociará (amparándose en el ejemplo español), entre otras cosas, un año más de plazo para cumplir el objetivo de déficit a fin de aflojar la soga que aprieta y ahoga al país.