Derechos Humanos, Insulza, Brasil y el ALBA

Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro. Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales- una de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad Expresión (mecanismo que más irrita a algunos) son directamente responsables de los más importantes progresos alcanzados en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias. Pues bien, si este órgano ha sido tan exitoso, ¿por qué se ha desatado una verdadera campaña en su contra? Muy sencillo: porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional.

Lamentablemente, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza en lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante institución, en la práctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan. Si la OEA, reunida en Bolivia en estos días, aprueba el informe elaborado por el Secretario, se reducirá la independencia de la Comisión, al otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir lo que la Comisión y sus relatorías puedan o no hacer. Insulza propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas clave para la protección como son las intervenciones urgentes de la Comisión, la tramitación de casos y algo que incomoda a quienes más violan los derechos humanos, como son los informes de países. Por ejemplo, en este último punto, el Secretario General propone que los mismos estados monitoreados por la Comisión sean quienes definan los términos de esa supervisión con la posibilidad, además, de dilatar hasta por un año la publicación de estos informes; condenándolos a la irrelevancia.

Lo cierto es que estos ataques no son nuevos. Desde 1993 se vienen registrando esfuerzos para desacreditar o recortar las facultades de la Comisión. Gobiernos de distinto tinte ideológico, pero con nostalgia por la soberanía y el principio de no injerencia, descubrieron la fórmula perfecta: grupos de trabajo que en la OEA eufemísticamente se les llama de “fortalecimiento del sistema de derechos humanos”, cuando lo que realmente buscan es su debilitamiento y, si pudieran, hasta su sustitución. En estas instancias conviven gobiernos que abiertamente intentan limitar las principales atribuciones de la Comisión y su Relatoría de Libertad de Expresión y gobiernos que la defienden desactivando las iniciativas más dañinas, lo cual sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a la Comisión sortear con relativo éxito estos procesos inquisitoriales.

Ha costado un gran esfuerzo mantener esta discusión dentro de ciertos cauces, bajo el supuesto que se trata de elaborar recomendaciones no vinculantes. Durante más de 30 años no se ha tocado el estatuto de la Comisión, primero, porque no se justifica y segundo, porque no hay condiciones políticas con gobiernos que son sus declarados enemigos. No es sorpresa para nadie que los gobiernos del ALBA estarán muy complacidos de participar en un proceso de reforma de la Comisión y su Relatoría. Lo que sí puede sorprender a muchos es que Brasil también apoye esta estrategia. Es decepcionante que un país que aspira a asumir responsabilidades globales, incluso en derechos humanos, y que jura adhesión al multilateralismo, siga boicoteando a la Comisión después que ésta tuviera la osadía de solicitarle información sobre el impacto de un proyecto hidroeléctrico para comunidades indígenas del Amazonas.

El Secretario General justifica la reforma de la Comisión sosteniendo que generará más seguridad jurídica y mejor protección. A juzgar por el récord de algunos gobiernos con sus propios ciudadanos -especialmente aquellos que buscan perpetuarse en el poder- me temo que el Secretario está equivocado.

José Miguel Vivanco es director de Human Rights Watch