Argentina y la cumbre de Cádiz

Como consecuencia del pleito de YPF-Repsol con Argentina la próxima Cumbre Iberoamericana que se vitoreaba en España como la madre de todas las cumbres, (Cádiz, noviembre de 2012), está en grave peligro. La pasada reunión de Asunción ya distó mucho de ser un éxito, con la presencia de solo 11 jefes de Estado, pero las bajas aun pudieron atribuirse a una fatiga de las cumbres, convertidas en un carrusel interminable de encuentros. Por esa razón, tras la cita de Panamá en 2013, la gran fiesta diplomática española se celebrará únicamente cada dos años. Pero si fracasa el cónclave de Cádiz, que, a los 200 años de la promulgación de la primera constitución democrática española, debía solemnizar el lanzamiento de una nueva relación pos-virreinal con América Latina, la continuidad misma de las cumbres podría verse afectada.

Si las diferencias con Argentina, ya no sobre la estatización de YPF anunciada el 16 de abril, sino sobre la indemnización, no se resuelven al menos medianamente para todos, no solo la presidenta Cristina Fernández (peronista, sector kirchnerismo) no acudirá a la cumbre, sino que puede arrastrar a gran número de colegas. Con los bolivarianos —Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, más Cuba— no hay que contar, pero seguro que se les sumarían Brasil, Uruguay y Paraguay, que a su vez presionarían sobre Perú, América Central, y República Dominicana, dejando en cadavérica soledad a los que han sacado la cara por España —es decir, por sus propios intereses— como Colombia, México y Chile.

Habría que preguntarse si la nacionalización de YPF estaba decidida desde mucho antes, pero fuentes en Buenos Aires apuntan a que eso difícilmente pudo ocurrir antes de enero. Y lanzar la caballería por delante, como España inicialmente hizo, tenía que provocar una reacción casi pavloviana del Gobierno argentino: apresurar en un primer tiempo la estatización, y, si en el futuro el enfrentamiento no se calma, tocar a rebato contra Madrid, allí donde más duela: la cumbre de Cádiz. La actitud española debería apuntar, por tanto, a una operación de limitación de daños. Todo menos envolverse en la bandera; especialmente, si no hay nada debajo, como ocurre con la suspensión de la compra de biodiesel argentino, que encarecerá el producto para los consumidores españoles.

Nacionalizar recursos naturales es un automatismo inscrito en el ADN latinoamericano, cuando menos desde que el presidente mexicano Lázaro Cárdenas hizo lo propio con los yacimientos de petróleo en los años 30 del siglo pasado. Nacionalizar es en América Latina una fiesta, y tan solo el presidente Menem —también peronista, pero de otra escuela— obró en contrario de ese impulso congénito con la privatización de YPF en los años 90, a lo que cooperó decisivamente Néstor Kirchner, mientras que es ahora su viuda, la presidenta Fernández, quien restablece la tradición recuperando el pleno control de la riqueza petrolera. Y a ello habría que añadir para caldear el ambiente que, como dice el historiador peruano Luis Esteban G. Manrique, América Latina es “genéticamente republicana”; el Rey de España ha podido resultar personalmente grato a sus pares en las cumbres, pero el continente no siente ningún amor especial por la institución monárquica. Muy al contrario, el pasado colonial se presta excepcionalmente bien al eslogan antihispánico, como cuando se le dice a la opinión argentina que la exmetrópoli ya no tiene privilegios “como en el virreinato”, y se utiliza para hacer frente a un presunto imperialismo económico español. La nacionalización de YPF solo puede ser, con todo, un pobre sucedáneo a la legítima reivindicación de las Malvinas.

Aunque la medida encuentra amplio apoyo popular, que un instituto público cifraba en el 74%, otra encuesta, privada, elevaba al 44% el número de los que, sin rechazar la nacionalización, criticaban la política del Gobierno por el déficit energético que sufre Argentina. Los argumentos de España podrían exponerse, teniendo en cuenta esos matices, en la próxima cumbre del G-20, que se celebrará en junio bajo la presidencia mexicana, y en la que se verán por primera vez desde la crisis Cristina Fernández y el presidente Mariano Rajoy. Aunque Buenos Aires haya podido vulnerar los acuerdos suscritos con la firma española, nadie va a negar el derecho soberano del país a la estatización, pero indemnizar con justiprecio debería ser, asimismo, una obligación.

La penetración económica de China en América Latina es un fenómeno incesante, y sería toda una ironía que a los gallegos les relevaran un día en el Rio de la Plata los negociantes de Pekín.