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Jueces y abogados debaten sobre la constitucionalidad de la reforma

El Gobierno alega que actuó para regular un mercado en el que las personas sin seguro obligan a pagar precios más caros a los ciudadanos que sí contratan una póliza

El abogado del Estado Donald Verrilli responde al juez Antonin Scalia durante la sesión en el Tribunal Supremo.
El abogado del Estado Donald Verrilli responde al juez Antonin Scalia durante la sesión en el Tribunal Supremo. AFP

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró esta mañana su segunda sesión del juicio sobre la constitucionalidad del mandato individual, el artículo de la ley de reforma sanitaria que obliga a los ciudadanos a contratar un seguro médico o a pagar una penalización en el caso contrario. El abogado general del Estado, Donald Verrilli -que ya participó en la sesión de ayer- defendió de nuevo al Gobierno de Obama y la constitucionalidad de la ley. Paul Clement, el letrado que más casos ha defendido ante la corte en los últimos años, argumentó en contra de la reforma.

“La Ley de Cobertura Sanitaria Asequible responde a un problema fundamental en nuestro sistema sanitario y en nuestra economía. Las pólizas de seguros se han convertido en la única manera de pagar por los seguros médicos. Aún así el sistema es insuficiente para el 80% de los americanos, que no consiguen una cobertura efectiva”, declaró Verrilli durante su presentación del caso.

Los defensores de la constitucionalidad de la reforma sostienen que ésta responde a un problema de carácter nacional: hay 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro médico, cuando uno de ellos necesita atención médica, las aseguradoras deben pagársela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las pólizas de los ciudadanos que sí tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1.000 dólares extra cada mes para cubrir ese margen.

Presentación del caso

“El Congreso respondió con la legislación específicamente al hecho de que los millones de dólares por gastos no compensados de ciudadanos enfermos sin seguro médico están siendo transferidos a otros participantes del mercado de seguros”, alegó Verrilli.

Clement, el representante de los 26 Estados que han reclamado la inconstitucionalidad del mandato individual, centró sus argumentos en los límites que la Cláusula de Comercio impone al Congreso a la hora de regular sobre el mercado. “La cláusula otorga al Congreso la facultad de legislar sobre los mercados que ya existen. Pero en absoluto le da competencias para obligar a los ciudadanos a participar en ningún mercado”, afirmó.

El presidente del Tribunal, el juez John Roberts, no ha parecido muy convencido por este argumento y ha forzado a Clement a explicarse mejor: "el argumento principal del Gobierno es que todos formamos parte de este mercado, un mercado muy distinto del de los coches, y que él está regulando cómo pagarlo".

"Con todos mis respetos, señor presidente, creo que lo primero que habría que preguntarse es de qué mercado estamos hablando. Porque es evidente que la ley del Gobierno actúa sobre el mercado de los seguros sanitarios y el Gobierno no puede afirmar que todo el mundo está en ese mercado. El gran problema es precisamente que no todo el mundo está en ese mercado y lo que él quiere es que todos entren a formar parte del mismo”, contestó Clement.

La juez Ginsburg se postuló del lado del Gobierno ofreciendo otro de los argumentos en esta dirección, explicando que el Congreso debe intervenir porque “si el Gobierno ya nos obliga a pagar por servicios de la seguridad social que no queremos, ¿por qué no nos pueden hacer comprar seguros médicos privados?”.

Si el Gobierno ya nos obliga a pagar por servicios de la seguridad social que no queremos, ¿por qué no nos pueden hacer comprar seguros médicos privados?

Juez Ruth Bader Ginsburg

El papel del Gobierno federal

Ginsburg mostró con este argumento la principal diferencia que separa a los denunciantes y al Gobierno de Obama, a los jueces conservadores y a los más liberales. “El Gobierno federal no debe ser aquel que tiene todos los poderes”, declaró después el juez conservador Antonin Scalia, señalando una de las más claras oposiciones a la constitucionalidad de la ley. El juez Kennedy defendería después que cuando la legislación le dice al ciudadano que debe efectuar una compra -en este caso, un seguro- “eso cambia la relación del individuo con el Gobierno de manera fundamental”.

Ambos jueces hacían referencia a uno de los aspectos claves del argumento contra la reforma: Si el Gobierno, a través del Congreso, puede obligar al ciudadano a comprar un seguro, ¿puede exigirle también que compre otros productos como un vehículo o un alimento?

El juez Roberts aportaría también uno de los argumentos de los denunciantes, alegando que si el Gobierno puede obligar a los ciudadanos a contratar un seguro también puede obligarles a hacer otras adquisiciones. Sin embargo, Roberts -presidente de la corte- dio indicios de que podía respaldar al Gobierno de Obama, especificando después que la norma no obliga a entrar en el mercado de seguros sino que regula cómo se pagan las pólizas.

Los jueces más liberales pusieron a Clement otros ejemplos de mercados de seguros, como el que afecta a los vehículos, en los que el Gobierno ha impuesto a los ciudadanos la obligación de contratar pólizas, a lo que el antiguo abogado del Estado durante la presidencia de George W. Bush ha contestado sin dudar. “Sí, pero no imponen a los que no tienen coche a contratar uno”.

Clement que hasta en dos ocasiones ha reconocido que la reforma sanitaria podría aplicarse tal y como está, ha asegurado, contrariamente a las afirmaciones de Verrilli, que la mayor parte de la gente que está fuera del “mercado de seguros sanitarios” son gente “en su mayoría jóvenes y sanos” que no tiene intención de contratar un seguro. Para el letrado este es el grupo de personas que quiere “capturar el Congreso” para “subvencionar” a quienes ya están en él.

Sonia Sotomayor, la primera juez hispana del Tribunal Supremo a propuesta de Obama en 2009, sugirió que el Gobierno sí puede imponer la compra de un seguro porque los ciudadanos “no pueden contratarlo en el momento que lo necesitan”, es decir, al caer enfermos o sufrir un accidente. Sin embargo, jueces más conservadores como John Roberts, se mostraron escépticos ante esta postura. Roberts llegó a declarar en una de sus preguntas a Verrilli que “una vez que empiezas a regular actividades comerciales entre los Estados, básicamente puedes regularlo todo”. 

¿La reforma crea un mercado o regula el ya existente?

El juez Kennedy exigió a Verrilli que reconociera la responsabilidad que tiene el Gobierno de Obama en este caso, que debe justificar la autoridad que le concede la constitución para regular el mercado de seguros médicos. “Se debe a la naturaleza única del mercado”, contestó el abogado. “La mayoría de la población entra potencialmente en el mercado a lo largo de su vida, el 83% va al médico una vez al año y el 96% una vez en cinco años”.

El abogado también defendió que en el caso de la reforma sanitaria, el Gobierno no está interviniendo para crear un mercado de seguros -como argumentan los detractores de la ley para alegar su inconstitucionalidad- sino que regula un intercambio económico ya existente. “Esa es la verdadera justificación de la acción llevada a cabo por el Congreso”, dijo Verrilli.

En su última intervención Clement repitió su alegato inicial y ha urgido al Tribunal a que no “dé un paso sin precedentes “ y con su decisión permita al Gobierno no solo regular el mercado sino “ir más allá facultándole a obligar a las personas a formar parte de uno”.

Según Lyle Denniston, periodista norteamericano que cubre los casos del Tribunal Supremo desde hace 44 años, la decisión final podría depender del juez Kennedy. “Si el juez encuentra el principio que limita el poder del Gobierno federal en materia del mandato individual, o puede pensar en uno él mismo, el mandato sobrevivirá”.