La cárcel, guardiana de la memoria de los genocidios

El 16 de diciembre de 2005, ante los ojos del mundo, un tribunal de Estambul celebró una vista penal en la que se sometía a juicio al escritor Orhan Pamuk, que posteriormente sería galardonado con el Premio Nobel. La fiscalía le imputaba haber declarado que “un millón de armenios fueron asesinados en estas tierras entre 1915 y 1917, y nadie se atreve a decirlo”. El proceso, fundamentado en una norma que criminaliza los insultos a la nación, la etnia o las instituciones turcas, causó gran revuelo y protestas en muchos países. Finalmente, ante la fuerte presión externa, el cargo penal fue archivado.

Dentro de pocos días, en Francia, quienes nieguen que los armenios sufrieron un genocidio (o cualquier otro genocidio reconocido como tal por el Parlamento), se enfrentan a un año de cárcel. Nicolas Sarkozy tiene previsto promulgar la ley, aprobada la semana pasada por el Senado francés, a principios de febrero.

Los dos episodios se sitúan en las antípodas en el mapa de las posibles relaciones entre Estado y memoria. Pero, pese a la admirable intención de defender a las víctimas ante repugnantes episodios de negacionismo, la formulación del texto francés también ha despertado serias perplejidades jurídicas, políticas y diplomáticas.

Turquía enjuició a Pamuk por lo contrario: hablar del genocidio

La pugna entre quienes ven en él una noble defensa de la memoria y aquellos que lo consideran un peligroso recorte a la libertad de opinión se inscribe, en este caso, en el marco de un vibrante conflicto diplomático con Turquía. Ankara reconoce que el Imperio Otomano mató a cientos de miles de armenios pero, con varios argumentos, rechaza que se tratara de un genocidio, es decir, de un intento de exterminio de ese pueblo.

Como telón de fondo de toda la polémica, se evidencia el perfil de una Europa que recurre cada vez más al derecho penal como guardián de la memoria, como último baluarte ante la sensación de una deriva, ante el proliferar de episodios indignantes —como el baile de ultraderechistas organizado el viernes pasado en Viena en el Día de la Memoria del Holocausto— a los que la Red y las nuevas tecnologías otorgan un peligroso eco. Ante semejante escenario, muchos quieren poner remedio a través del Estado, del derecho, que define y reprime. “En el fondo, aquí nos encontramos ante un debate vinculado a la identidad europea, que se está difuminando, y por tanto, quizá en un síntoma de debilidad, nos estamos anclando al derecho penal”, observa Emanuela Fronza, profesora de la Universidad de Trento que ha publicado varios estudios en la materia.

Una sentencia del Constitucional ha eliminado en España esa figura penal

En este territorio se inscribe, precisamente, el primer orden de críticas a la ley francesa, que otorga al legislador el poder de definir cuáles episodios históricos fueron genocidios. Muchos historiadores se rebelan ante esta situación. “En un Estado libre, no compete a las autoridades políticas definir la verdad histórica y restringir la libertad de los investigadores bajo amenaza penal”, reza un manifiesto del grupo Libertad para la Historia, un movimiento de académicos que se opone a la ley. Varios países (entre ellos Alemania) condenan el negacionismo del Holocausto, pero conceder al legislador potestad para definir cuáles actos fueron genocidios es claramente un paso más.

Un segundo orden de críticas concierne las circunstancias específicas del caso. “El negacionismo del genocidio armenio es una política pública, de Estado. Por ello, suscita particular perplejidad el uso del derecho penal, que se concentra en los individuos, en lugar de encarar el tema desde un punto de vista político”, dice Fronza. Con esta ley, no solo podría ser enjuiciado en Francia el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por expresar el punto de vista oficial del país; también lo sería cualquier estudiante mayor de edad que repitiera la lección aprendida en la escuela.

Un tercer orden de críticas concierne la amplia formulación del texto, que permitirá llevar al banquillo a cualquiera que argumente que no se trató de genocidio, sin distinguir entre aquellos que niegan burdamente con la intención de fomentar odio y violencia, y aquellos que argumenten objeciones con respeto hacia las víctimas, que no niegan los hechos, sino, sobre la base de investigaciones académicas, su calificación jurídico-histórica.

Al respecto, es interesante la jurisprudencia española. El Código Penal español incluía una norma muy parecida a la francesa, pero el Tribunal Constitucional ordenó en 2007 eliminar la penalización de la simple negación de genocidio. “Por otra parte, la criminalización de la justificación de genocidio fue salvada por el Constitucional, pero solo cuando esta constituye una provocación indirecta a la comisión de crímenes”, explica el profesor Bernardo Feijoo, de la Universidad Autónoma de Madrid. “Así que el punto de equilibrio del Constitucional es claro: el límite a la libertad de expresión empieza en el punto en el que esta se usa para organizar un clima favorable a que se atente contra un determinado grupo étnico, religioso, etcétera. Eso es, por ejemplo, lo que sucedió con Radio Ruanda, que lanzaba mensajes incendiarios antes de que empezara la masacre”.

Así, en España, las autoridades actuaron por la vía penal contra el dueño de la librería Europa de Barcelona, que difundía textos antisemitas y que justificaban el Holocausto. Pero sería inadmisible un procedimiento penal contra el prestigioso historiador Bernard Lewis que, con argumentos académicos, sostiene que la masacre de armenios en Anatolia no puede clasificarse como genocidio.

“Pero la sentencia del Constitucional español va en contratendencia, es prácticamente la única en ese sentido. En Europa se extiende la aceptación de la penalización de la negación, que es reclamada por las propias instituciones europeas”, señala Fronza.

Este es uno de los argumentos de los promotores de la ley francesa: cumplir con las decisiones marco europeas. Los detractores indican que esta va mucho más allá de la petición de Bruselas, al no exigir ese vínculo entre negación y peligro social.

Valérie Boyer, la diputada que ha impulsado la ley, ha defendido así el espíritu de la norma en un artículo publicado en la revista Atlántico: “Los franceses de origen armenio tienen derecho a ser protegidos en su territorio de las terribles propagandas que ensucian la memoria de sus familiares masacrados. [...] Para ellos, reclamo la protección de la República contra esa insoportable agresión moral”. Boyer afirma, además, que “negar genocidios contrastados significa prolongar la intención genocida sobre las generaciones siguientes y atentar contra su dignidad humana”.

Boyer milita en la conservadora formación UMP; pero la ley ha roto las líneas políticas, cosechando votos a favor y en contra en el seno de prácticamente todos los partidos. Los críticos señalan que la ley, a tres meses de las presidenciales, tiene un sabor electoral: en Francia hay unos 500.000 electores de origen armenio.